Denunciaron al gobierno de Gennuso por no controlar a la empresa Mi Bus
Integrantes de la Multisectorial por el Transporte Público presentaron esta semana la denuncia contra el Ejecutivo municipal. Piden que se investigue la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de fraude contra la administración pública.
Es el paro más extenso desde abril. Foto: archivo
Miembros de la Multisectorial por el Transporte Público presentaron el martes una denuncia penal contra el Ejecutivo municipal, que encabeza el intendente Gustavo Gennuso, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y fraude contra la administración pública.
Los denunciantes aseguraron que el gobierno municipal “ha omitido fiscalizar y controlar la garantía del contrato y el capital de la Empresa Amancay SRL–Mi Bus”. La denuncia se interpuso en la fiscalía que conduce el fiscal Guillermo Lista.
Solicitaron al fiscal que haga “una pericia jurídico contable” sobre toda la documentación de la empresa y la Municipalidad relativa al transporte “para determinar con precisión los incumplimientos contractuales, el presunto enriquecimiento ilícito de la empresa sobrevaluando el precio del boleto y toda cuestión de interés de la causa”.
Alertaron a Lista sobre la posibilidad de que la empresa “decida rescindir el contrato con la Municipalidad”. Plantearon que ante esa situación se pida una medida cautelar que proteja el patrimonio público “impidiendo que se lleven los colectivos de Bariloche hasta que se resuelva esta causa”.
Fundamentos
Los denunciantes afirmaron que la empresa se constituyó un mes antes de que se firme la contratación directa por parte del municipio “contando con un capital social de 120.000 pesos”.
Recordaron que la fundamentación central de la contratación directa “fue que la empresa ofrecía una flota de cien micros cero kilómetro, valuados en su totalidad en la suma de 195.339.400” pesos.
Sostuvieron que la Empresa por contrato debe tener un capital equivalente al 50% del valor de la totalidad de sus unidades de transporte. “Asimismo un 5% de la mencionada flota debe obrar como garantía de la concesión”, explicaron en un comunicado.
“Como es de público conocimiento, después de las denuncias públicas de nuestra asociación realizadas durante dos años tanto la empresa en Audiencia Pública como el Poder Ejecutivo debieron reconocer que los micros habían sido alquilados en una operación de leasing con opción a compra”, observaron los denunciantes.
Denunciaron que a partir de las ganancias extraordinarias de la empresa por el alto costo del boleto, los usuarios y usuarias estarían presumiblemente “pagando los micros de Amancay SRL”. Recordaron que si la empresa aplicara la cláusula del contrato que le permite retirarse del servicio, “simplemente comunicándolo con 120 días de anticipación sin cargo alguno, se corre el grave riesgo que lo haga quedándose con los micros que estamos abonando los usuarios, de los cuales sólo están operativos muchos menos de 75 (y el contrato los obliga a 100)”.
“Exhortamos al Sr. Fiscal a obrar con la mayor celeridad posible dado la gravedad institucional de los hechos denunciados”, solicitaron los denunciantes.
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