Sufrieron violencia institucional

“Mirá que yo me entero de todo”, “Soy el único que te puede ayudar”, “Con vos tengo una relación especial que no tengo con nadie más, por favor, vos no me traiciones”, “No servís para nada”, “No me tenés que hacer enojar, tenés que cuidarme.”

Estas frases lacerantes eran las que usaba Gastón Ungar, excandidato del Partido Justicialista en las elecciones de octubre pasado, hacia sus compañeras de militancia. Así lo relataron a “Río Negro” cinco de ellas, quienes lo denunciaron por violencia institucional, una modalidad de violencia machista que se incorporó en 2009. (Ver aparte)

La ley 2786, que rige en la provincia, establece el procedimiento judicial aplicable. La presentación puede ser efectuada por las mujeres que se consideren afectadas, sin restricción alguna, y los magistrados son los que definen adoptar medidas preventivas urgentes.

En este caso la juez civil, María Eugenia Grimau, decretó la prohibición de acercamiento de Ungar a los lugares de residencia, esparcimiento, habitual concurrencia y de militancia política de las chicas. Dispuso también el cese de todos los actos de perturbación o intimidación en forma directa o indirecta. La causa se reactivará después de la feria.

Los abogados Marcelo Medrano y Mariana González plantearon en la denuncia que Ungar abusaba de su poder y sostenía un liderazgo basado en el ejercicio de la violencia que iba desde el sometimiento económico, haciéndoles creer que su estabilidad laboral dependía de él, amparándose en un valor tan caro al ideario peronista como la lealtad, la humillación pública cuando opinaban, hasta relaciones afectivas abusivas. Se respaldaron en informes emitidos por los equipos del centro de salud del barrio San Lorenzo Norte y del Programa Provincial de Contención y Acompañamiento en Violencias, Línea 148.

El dirigente, que era hasta el año pasado el máximo referente de la agrupación peronista La Jauretche, dijo que se trataba de “oportunismo político” (ver aparte).

Tres de las cinco chicas, cuya identidad se preserva, lo conocían hace más de una década. “Él era el mejor amigo, te acercaba lecturas, se sentaba a comer en la mesa con nuestras familias. La mística a los 15 o 16 años, un grupo con tanta referencia tiene un peso muy importante en la vida de una adolescente”, señalaron.

Te puede interesar: Conmoción en la Facultad de Medicina por caso de abuso

Las redes sociales suelen ser el primer espacio a través del cual las víctimas de violencia machista logran expresarse, sin intermediarios, y articular alianzas urgentes y sonoras.

En agosto pasado ellas expusieron su situación en un posteo de Facebook titulado “Los procesos de conciencia son irreversibles”, que fue 78 veces compartido. Desde ese momento lo excluyeron de sus filas. El eco fue inmediato. “Un montón de gente empezó a escribirnos y llamarnos diciéndonos que le había pasado lo mismo”, contaron.

En el partido la reacción fue más lenta. No se abrió hasta el momento una instancia interna para evaluar una sanción disciplinaria o definir su expulsión. Ellas aseguraron que el presidente del PJ neuquino y diputado nacional, Darío Martínez, les manifestó su apoyo, pero que no sintieron el mismo acompañamiento de parte del bloque en la Legislatura provincial, en el que el Ungar cumple tareas.

La violencia institucional no reconoce carnet de afiliado y sus prácticas se reproducen más allá del peronismo. Las chicas continúan su militancia en la organización: “Estamos convencidas de que esto no es una cuestión aislada, no quiere decir que la política sea esto. Si nosotras nos corríamos de ese lugar, estábamos dándonos por vencidas. No, que se corran ellos. Que se corran quienes son los violentos y los violentos que quedan, que cambien sus prácticas.”

¿Qué es la violencia institucional?

La ley nacional 26485 la define como aquella que es ejercida por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil

“Hay propósito político”

“Las que denuncian tienen un propósito político y han querido generar esa ola en función de un oportunismo político, sólo eso”, respondió Ungar consultado por el tema.

Aseguró que “la denuncia está, pero todavía está en el ejercicio de que la jueza determine cual es el veredicto sobre eso”.

“Hay un pedido de restricción de ambas partes que la jueza le dio lugar. Ellas hicieron una denuncia, la jueza determina es una perimetral y acto seguido hicimos una denuncia y determinamos que la perimetral le corra a ellas”, agregó.

Dijo que no se trataba de “violencia institucional.” “Compartíamos una agrupación política, si, pero no era una institución. Diferente si fuéramos todos autoridad del partido, ahí si podía ser que la denuncia le cabe el titulo de violencia institucional, ya ahí tenemos el primer problema”, señaló. Manifestó que se trataba de un “problema vincular”, en relación a que una de las cinco chicas es su expareja.

Si conocés o sufrís alguna situación de violencia de género llamá las 24 horas de forma gratuita a la línea provincial 148 o nacional 144.