Denunciarán por desvíos de dinero en rutas a la gestión Macri
Son 1.300 millones de pesos que debían destinarse a obras de acondicionamiento de seguridad en trazas del país, incluida la Ruta 22, pero que nunca se realizaron.
La gestión de Alberto Fernández presentará una denuncia contra la anterior administración de Mauricio Macri por el supuesto manejo irregular de $1.300 millones que tenían como destino la colocación de material de seguridad en las rutas (entre ellas la Ruta 22), obras que no se realizaron.
El periódico y sitio Perfil accedió a la denuncia, que plantea que en octubre de 2017, por orden del Ministro de Transporte de la Nación, se firmó un “convenio específico de cooperación” entre la ANSV y la DNV para que Vialidad “desarrolle tareas específicas con el fin de crear una infraestructura vial que genere un tránsito más seguro y reduzca la siniestralidad”. También anoche, el periodista Alejandro Bercovich en C5N realizó un informe sobre los desvíos y mostró documentación. No se ha logrado determinar el destino del dinero asignado con fin específico.
De acuerdo a la denuncia, entre octubre de 2017 y noviembre de 2019 la ANSV le transfirió a la DNV $ 1.314.065.056 para realizar distintas obras y acondicionar las rutas con señalización, líneas vibrosonaoras, tachas reflectivas y señalización con luces led, cartelería inteligente y carteles electrónicos, entre otros.
La Asociación Argentina de Carreteras realizó una auditoría sobre las supuestas obras y habría constatado que “no hay nada de eso en los sitios recorridos que justifique el dinero que aparece como pagado”. No hay tampoco rendición de gastos. Sí se pudieron observar facturas de la DNV pagadas por obras (sin detalle) en tres provincias (Buenos Aires, Río Negro y Salta) por cerca de $850.000.000, es decir $500 millones menos del dinero transferido. Esos 850 millones corresponderían a partidas adeudas con anterioridad.
La acusación del gobierno nacional es al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, y al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Pérez.
El pasado viernes 3 de septiembre se firmó la rescisión del contrato entre ANSV y DNV y el expediente pasó a la Procuración del Tesoro.
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