Denuncian precarización en las Oficinas de Violencia de Neuquén

Las Oficinas de Violencia en Neuquén «son dependencias relativamente nuevas, creadas para dar una imagen a la sociedad de que el Estado y la Justicia se ocupan de la violencia de género cuando la realidad y los incansables reclamos que hemos hecho nos muestran otra cosa».

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Así lo denunciaron las y los trabajadores de esas dependencias que realizaron una asamblea por Zoom y reunieron los reclamos de toda la provincia.

En un documento dado a conocer al término del encuentro, afirmaron que «son una constante en el tiempo y en el territorio la escasez de recurso humano y la sobrecarga laboral. El horario es extendido al igual que las tareas que realizamos son excesivas a nuestros puestos de trabajo y sin compensación económica».

También destacaron que «las condiciones edilicias en muchos casos reflejan el valor que la institución otorga a la temática que trabajamos, la violencia. En la cocina, al lado del baño, sin privacidad para las personas atendidas, sin sala de espera para mujeres y niños, tales condiciones son la oferta que la justicia neuquina tiene para las situaciones de violencia familiar».

Por otra parte, pusieron de relieve que «tanto personal administrativo como profesionales auxiliares somos sistemáticamente desatendidos en nuestros reclamos respecto a las carreras judiciales, los lineamientos de trabajo, ausencia de concursos, de cobertura de cargos por jubilaciones».

«El porcentaje más alto de las y los trabajadores revestimos las categorías más bajas del escalafón y sin embargo realizamos tareas que exigen vastos conocimientos de la temática», añadieron.

En el mismo sentido señalaron que «en los últimos tiempos advertimos una profundización de la lógica corporativa que caracteriza al TSJ, que ha incrementado la planta de funcionarios -ingresando incluso en condiciones irregulares, sin concurso, y con contratos-, en detrimento de la jerarquización de la tarea administrativa. Somos los mismos trabajadores con estructuras jurídicas más amplias, somos los mismos atendiendo la creciente demanda de organismos (las OV, los juzgados de familia)».

Las y los trabajadores denunciaron que «la creación de oficinas y juzgados con personal de cargos altos solo pretenden mostrar a la sociedad un interés que no es tal, porque no se refuerzan los equipos de trinchera y la demanda institucional se hace imposible de responder. Pagamos costos altísimos, con nuestra salud. Recibimos exorbitantes sanciones cuando lo que pretendemos es dar una atención adecuada y cuidada a la población».

«Hemos realizado innumerables notas siguiendo las vías jerárquicas con demandas especificas que los responsables de organismos no han podido resolver. Todas las gestiones de nuestros superiores son, por lo menos, ineficientes; cuando no han significado persecución laboral, como en el caso de los siete sumarios que la subdirectora provincial, Andrea Van Diest ha propiciado; o los ingresos de funcionarios sin concurso ni formación, que el director provincial, Juan Pablo Durán, avala cotidianamente», agregaron.

Por último, afirmaron que «el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura dejó expuesto a la sociedad que el tratamiento judicial de la violencia no está siendo el adecuado. ¿Cómo interpreta la vocal Soledad Gennari, los directivos/as de la Oficina de Violencia y el TSJ en pleno el actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tal como lo define la Convención de Belem Do Para y la propia ley 2785?»

«Estamos dispuestas/os a poner todo de nuestra parte. Capacitarnos, y seguir poniendo el cuerpo para brindar un mejor servicio.  Pero instamos a las y los responsables a aportar los recursos materiales y humanos imprescindibles. Como conjunto organizado de trabajadores exigimos al TSJ las respuestas necesarias y justas a nuestros reclamos y los de la sociedad en su conjunto en materia de violencia de género», concluye el documento.