Denuncian estafa en una empresa de la Cooperativa de Electricidad Bariloche

Un dictamen de la comisión fiscalizadora de la CEB denuncia un endeudamiento de la gestión actual de la empresa Angostura Video Cable que supera los 170 millones de pesos.

La gestión actual de la empresa Angostura Video Cable, controlada por la CEB, habría acumulado numerosas irregularidades administrativas y un endeudamiento que ya supera los 170 millones de pesos, según un dictamen emitido por la comisión fiscalizadora de la Cooperativa que ya derivó en una denuncia penal.

La responsabilidad por los desmanejos fue atribuida al presidente de AVC, Luis Barrales, que ingresó a ese cargo luego del triunfo de la Lista Blanca en las últimas elecciones de la CEB, realizadas a fines de 2019.

La comisión fiscalizadora, integrada por dos síndicos de la Lista Roja y uno de la Lista Blanca, aprobó por unanimidad un dictamen en la que pide al Consejo de Administración que remueva a Barrales de la presidencia de AVC y formule una denuncia penal.

Ese pedido tiene apenas una semana y todavía no fue tratado por el Consejo, que preside Carlos Aristegui. Pero una usuaria de la CEB, Silvia Peralta, ya se presentó a la Justicia por cuenta propia y pidió que se investigue el delito de “afectación maliciosa del normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación o vaciamiento de empresa y el delito genérico de defraudación en perjuicio de AVC y de la CEB”.

La primera señal de alarma surgió de un informe firmado por la contadora Laura Feliú, en febrero pasado, en el que consta que AVC (dedicada a la provisión de internet y tevé por cable) no tiene tesorería ni departamento administrativo. Indica además que los pagos y la relación con los bancos “están a cargo de la secretaria del presidente” y se manejan con “total discrecionalidad”. La empresa tampoco cuenta con registro de activos fijos, no tiene un área de compras, ni control de stock, tampoco un circuito administrativo para la recepción de mercaderías ni bienes de uso.

Respecto de la deuda, el dictamen puntualiza que pasó de 33 millones de pesos en el balance 2019/2020 a 160 millones en apenas un año.

La comisión fiscalizadora observa que la multiplicación del pasivo “no es un dato menor” para una empresa prestadora de servicios de internet, cuando se da “en el marco de una pandemia mundial donde este tipo de empresas de servicios fueron de las pocas generadoras de ganancias”.

También subraya que hubo “una tentativa de fraude en perjuicio de la CEB” de la que responsabiliza a Barrales, por haber solicitado “en forma expresa” que la Cooperativa no facture “hasta nuevo aviso” por los servicios que presta a AVC, a fin de “cerrar el balance sin dichos documentos”. Esa maniobra quedó desechada cuando no pasó el filtro del Consejo de Administración.

Los desmanejos denunciados tensaron la relación entre las dos fracciones que conviven en el cuerpo de conducción de la CEB, que a partir de lo ocurrido reemplazó a parte del directorio de AVC, pero mantiene a Barrales en su puesto.

El tesorero de la Cooperativa, Alejandro Pozas, dijo que el Consejo de Administración presidido por Aristegui todavía no evaluó el dictamen de los síndicos y lo haría en su próxima reunión mensual.

Mientras se demoran las decisiones en ese ámbito, una asociada ya se presentó por cuenta propia a la Justicia para pedir que investigue la supuesta defraudación cometida en AVC.

Silvia Peralta es la firmante de la denuncia, según la cual la empresa se quintuplicó bajo la gestión de Barrales. Refiere también que AVC “tiene un ingreso aproximado de 43 millones de pesos anuales y del último balance se desprenden gastos por más de 54 millones de pesos”. Estima que el perjuicio sufrido por la CEB, como empresa controlante, fue no menor a los 11 millones de pesos.

Consultado por este medio, Barrales dijo que la Comisión Fiscalizadora “solo fiscaliza a la Cooperativa” y no tiene injerencia en AVC, “que es una empresa privada, y tiene sus propios síndicos”.

Afirmó que los números de la deuda “no son así” y por ahora es un punto imposible de determinar “porque no está cerrado el balance”. Dijo también que meses atrás la empresa a su cargo “propuso un plan de pago” de la deuda que tenía con la CEB, pero el comité ejecutivo de la Cooperativa no lo aceptó.

Le restó importancia al dictamen y recomendó “leer lo que dice la asesoría letrada de la CEB«.


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