Dejaron sin efecto la orden de desalojo de la comunidad Buenuleo en Bariloche
La fiscalía cambió de postura. Un dictamen del INAI que reconoce a esta comunidad, cambió el escenario.
La lof mapuche Buenuleo en 2019 se instaló en un predio al pie del cerro Ventana y posteriormente obtuvo el reconocimiento territorial del INAI. Archivo
El juez Sergio Pichetto admitió ayer la solicitud del fiscal jefe Martín Lozada y dejó sin efecto el pedido de desalojo que pesaba sobre los miembros de la comunidad mapuche Buenuleo, que se instalaron a principios de septiembre pasado en un predio ubicado en el cerro Ventana, en Bariloche.
Sin embargo, Pichetto no admitió el pedido de sobreseimiento que los defensores particulares habían formulado, con la adhesión de la fiscalía, porque la querella se opuso y adelantó que seguirá adelante con la acusación privada.
El abogado por la querella Alejandro Pschunder informó tras la audiencia, que se hizo ayer por la tarde, que la fiscalía desistió del pedido de desalojo y de continuar con la persecución penal contra los miembros de la comunidad Buenuleo. Por eso, dijo que la querella seguirá con la acusación porque lo permite el Código Procesal Penal vigente.
Fuentes judiciales informaron que la audiencia se extendió durante más de 4 horas. Comentaron que Lozada expuso en un extenso alegato el cambio de postura del Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía impulsó desde septiembre del año pasado la acusación contra 9 personas, en su mayoría miembros de la comunidad mapuche Buenuleo, por el delito de usurpación.
Les atribuyó haber despojado el 10 de septiembre de 2019 a Emilio Friedrich y Víctor Sánchez de la posesión de un lote de 92 hectáreas ubicado en el cerro Ventana. Es más, había pedido el desalojo que el Tribunal de Impugnación Provincial confirmó a finales de septiembre pasado.
El fiscal del caso Tomás Soto hasta había presentado a finales del mes pasado la acusación para llevar a los acusados a juicio.
Pero la resolución del INAI, que se publicó en el Boletín Oficial al día siguiente de que el Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) confirmara la orden de desalojo contra la comunidad, cambió el escenario.
El TIP había admitido por mayoría el pedido que Lozada y Soto habían planteado. Por eso, había resuelto que el desalojo sea “ejecutable transcurridos 90 días hábiles” que propusieron los fiscales para una mesa de diálogo con los 9 mapuches imputados.
Justamente Pichetto, que resolvió ayer dejar sin efecto el desalojo, había admitido a mediados de septiembre de 2019 la acusación fiscal contra los imputados y había aceptado desalojar a los ocupantes para restituir el lote a Friedrich y Sánchez.
La jueza María Rita Custet Llambí y los jueces Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi del TIP coincidieron en que Pichetto había tenido “por acreditado -y no fue discutido ni controvertido- que al momento de los hechos los querellantes tenían la posesión del inmueble e inclusive se habían construido una casa en el lote en cuestión, con planos aprobados por el Municipio”. Y sostuvieron que no correspondían “las vías de hecho para la recuperación territorial”.
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