Declaran como responsables a los hermanos Villar, que tuvieron como rehén a un defensor público en Zapala
Andrés y María Cristina fueron declarados culpables por privación ilegítima de la libertad.
El proceso judicial del secuestro que sorprendió a la justicia de Neuquén y generó un clima de máxima tensión en la ciudad de Zapala confirmó la responsabilidad de sus autores. Andrés Villar y María Cristina Villar, las personas que mantuvieron de rehén a un defensor oficial de Zapala durante 11 horas, fueron declarados responsables por el delito de privación ilegítima de la libertad en grado de coautores.
La decisión del tribunal que intervino en el juicio fue unánime. En la audiencia también se determinó extender la prisión preventiva de Andrés Villar por sesenta días por considerar que existen peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El monto de la pena será establecido en una próxima audiencia.
El 5 de marzo, a las las 8.50 de la mañana, Andrés Villar y su hermana, María Cristina Villar ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala, retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez durante once horas y diez minutos. El objetivo que pretendían los captores era obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara gesell en un caso en el que el hombre había sido declarado penalmente responsable.
Según la investigación de la fiscal Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra, las dos personas utilizaron un machete, una navaja, un palo y una cadena con candados para intimidar al defensor público. Lo ataron a una silla para obligarlo a redactar un petitorio con diversos puntos.
El momento de tensión e incertidumbre finalizó cuando se logró firmar un acta con doce puntos que firmaron las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Durante el alegato de cierre del juicio, la fiscal del caso detalló el accionar violento y la planificación por parte de las dos personas. “Privaron ilegítimamente de la liberad al defensor durante 11 horas y 10 minutos y, además, lograron sus propósitos: obligaron a la víctima y a terceros a cumplir con sus condiciones, que fueron varias y para cada uno de ellos”, apuntó Pizzipaulo.
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