Tolerancia y oposición a la dictadura: ¿fuimos meros espectadores?

Marcelo Medrano es abogado y querellante en representación de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén en el juicio denominado “La escuelita VIII”, el primero que se realiza en la región contra dos exfuncionarios judiciales por delitos de lesa humanidad, cometidos a veintitrés víctimas, durante la última dictadura. También ha tenido una activa participación en los primeros siete juicios contra represores, en los cuales se fueron sumando datos y documentos para trabajar en esta causa actual contra los entonces funcionarios del poder Judicial.

Consultado por RIO NEGRO sobre el rol de los abogados y funcionarios judiciales bajo el gobierno de facto, a la luz de los testimonios y evidencias que han salido a la luz en estos procesos, Medrano realizó algunas consideraciones:

“En términos generales, la participación civil en la última dictadura militar, presenta dos aristas bien definidas. Por un lado, todos estos años de debate, construcción política y social, juicios de lesa humanidad, permitieron acreditar la participación de sectores focalizados en tanto colectivos. No en su generalidad lógicamente, pero sí desde estructuras concebidas como aparatos. Partidos o agrupaciones políticas, poder eclesiástico, grupos económicos, corporaciones y doctrinas vinculadas a hegemonías internacionales, medios de comunicación y desde ya el Poder Judicial. Por otro lado, sigue interpelándonos en tanto sociedad como pudo ocurrir lo que ocurrió y cuáles son nuestros grados de tolerancia frente a la dictadura” señaló el letrado.

En este sentido, argumentó que hay preguntas que interpelan: “¿fuimos solo espectadores? ¿Cuál era el grado de conocimiento de lo que sucedía? ¿El terror es eso, la imposibilidad de reacción? ¿Operan justificaciones que nos hacen sentir más cómodos?. Preguntas no para juzgarnos, si no para aprender, para cuestionarnos en tanto sociedad camino a una sociedad mejor. Muchas de esas preguntas, en tanto memoria actualizada sirven para pensar los procesos presentes”, explicó.

Por otra parte, ya centrado el rol que le cupo al Poder Judicial, aseguró que el tema permite una mirada un poco más abarcadora.

“Existe una clasificación sumamente profunda e interesante de la antropóloga María Jose Sarrabayrouse acerca de los integrantes del Poder Judicial en Dictadura. Ella define tres grupos: los orgánicos, los independientes y los adaptados. Los “orgánicos” comulgaban explícitamente con la dictadura, los “independientes” mostraron independencia frente al contexto represivo (son los menos, afirma Sarrabayrouse), y los “adaptados” al régimen, que constituían la gran mayoría y, según la autora, el funcionario judicial arquetípico. Este ya es un punto claro de enfoque. Ahora bien, los magistrados y funcionarios eran abogados. Siempre expreso lo mismo, no hay manera de pensar esta cuestión sin acudir a las escuelas de derecho” agregó.

En este sentido, Medrano propone pensar en varias preguntas: “¿Qué es un abogado/a? ¿Cómo se forma? ¿Para qué? ¿Cuál es su función social y cuáles son los límites? Para evitar un atajo repetitivo y que mucho no aporta, una cuestión es el derecho de defensa, garantía esencial de orden constitucional, y otra formar parte de estructuras represivas, ser parte de la inteligencia justificatoria de la dictadura o lucrar con ella. Son dos cosas bien distintas” enumeró.

“Otra vez está bueno hacer el puente con el presente, necesario para reflexionar. Si el orden constitucional, político y social tiene una carta de navegación sostenida en los Derechos Humanos, normativa y fácticamente, es necesario pensar que son muchos los abogado/as que construyen, sostienen y defienden un orden contrario. Volvemos al comienzo, ¿que es y representa un abogado/a?”, planteó.

Sobre lo ocurrido en la última dictadura cívico militar, el abogado de la APDH agrega que en aquella época “muchos abogados y abogadas integraban el Poder Judicial, asesoraban al Poder Ejecutivo, estructuraban también justificaciones de legitimidad y legalidad, pero también existieron tantos otros y otras que resistían, se comprometían e intervenían a costa de su vida. Hay datos que afirman que son más de 120 las y los abogados asesinados, secuestrados y desaparecidos entre 1975 y 1980, la mayoría en el curso del año 1976, esa cifra no incluye los perseguidos y exiliados. Y entre esas dos configuraciones estructurales, todos aquellos que afirmaban no saber absolutamente nada” explicó.

En relación a la actualidad, Medrano sostiene que “hay ciertas continuidades para pensar. Las escuelas de derecho definen sustancialmente, dentro de un orden institucional claro, cómo y para qué se forma un abogado/a. Sufrir e internalizar cómo pudo pasar lo que pasó en dictadura sin pensar lo que sucede en el presente y qué queremos en el futuro, es sólo eso un ejercicio de memoria sin necesaria actualización y transformación. Vuelvo a las categorías, uno puede ser parte del sistema represivo, confrontarlo o aludir desconocimiento, comodidad, neutralidad. Lo que resulta hoy innegable es que mataron abogadas y abogados por ejercer su profesión, y eso jamás puede resultar indistinto”, sostuvo el profesional.