Los pactos judiciales son también pactos constitucionales
El acuerdo de López-Bossert fue parte del Pacto de Olivos que, de términos públicos, fue firmado en secreto por dos presidentes. El nuevo, Mansilla-Lijo, no tiene actores visibles ni términos públicos.
Un pacto judicial sin actores visibles ni discusión pública. Los gobiernos pueden cambiar, el sistema federal puede hacerse más unitario, nuestros derechos pueden ser desfinanciados, el gobierno federal puede no cumplir sus obligaciones, instituciones de estos últimos cuarenta años pueden derogarse por decreto, la democracia que fue dada por hecho por casi todo el arco político puede debilitarse hasta desaparecer en crisis que busquen salidas autoritarias a la bronca y al hastío. La certeza es que la Corte Suprema y sus jueces seguirán ahí.
Los jueces que se designen en la Corte estarán en el cargo los próximos 20 años hasta que cumplan los 75 de edad. Quizás más. Puede reformarse la Constitución, volver a cambiar la interpretación de la Corte y restablecer el cargo vitalicio original. Así fue hasta hace poco. Carlos Fayt estuvo hasta sus jóvenes 97 años y Servini de Cubría tiene hoy irreconocibles 87 años. Tato Bores se haría un festín.
La Corte se autoregula como el mercado, la diferencia es que hay varias manos invisibles. La pobreza e impotencia de la política hacen al poder judicial, y a su ecosistema de privilegios, una esfera de estabilidad envidiable aunque de intensidad y conflictividad en aumento.
El antecedente de Olivos
Los pactos judiciales del pasado tenían pretensión y posibilidad de largo plazo. El Pacto de Olivos incluyó un pacto judicial. Sus términos fueron públicos aunque hayan sido acordados en secreto. Sus resultados, a la vista.
En el periodo 1994-2004, la paz fue interrumpida por la guerra de autodefensa que hizo la Corte -a partir del 2002- hasta su renovación.
El Pacto judicial del kirchnerismo duró otros 10 años hasta 2015, no sin traiciones y unificación de códigos. Desde 2016 estamos en un ciclo más inestable.
Los peronismos judiciales en Comodoro Py y en la propia Corte tienen tantas internas y relaciones poliamorosas como el sistema político en crisis. Todos los actores políticos como las dos tribus judiciales principales están pensando en el Senado.
Las entrevistas serán interesantes pero sus límites para develar alguna verdad son similares a los debates presidenciales.
Los pactos judiciales son opacos en general. El nuevo pacto judicial parece ser más secreto y posiblemente más inestable. Tiene un color vegetal, carbón vegetal. No hay debate público sino cautela recíproca y operaciones veladas. Hay campaña de miedo para demonizar al candidato de una tribu federal con más posibilidad -con los que la mayoría de los actores, incluso sus opositores, vienen trabajando hace años- y eso debilita al candidato con perfil técnico pero apoyo supremo, federal y empresario explícito.
El juego político hoy tiene mucho de autodestructivo y ahí está la necesidad de clarificar los términos de cualquier pacto que en muchos aspectos hoy tienen tanto actores públicos como actores privados centrales de la economía proyectando poder en el recinto del acuerdo. Ni los actores públicos están delimitados ni los actores privados salen de sus sombras. Mucho menos los términos de ese acuerdo para una sociedad concentrada en llegar a fin de mes.
Contrastes: pacto para López-Bossert y el pacto Mansilla-Lijo
Ante todo, el Pacto de Olivos fue un pacto constitucional para habilitar la reelección del presidente Carlos Menem. Sin embargo, también fue un pacto judicial con una reforma judicial integral reinterpretada con los años por la propia Corte.
Más allá del texto del pacto y la propia constitución reformada, hubo un acuerdo para “renovar” los miembros de una Corte con mayoría automática y decisiones tan sorpresivas como obsecuentes con el poder presidencial. Eran tiempos de sentencias obedientes a Menem, en contraste a los silencios sugerentes de la actual Corte frente a Milei.
El Pacto de Olivos, habilitado por fallecimientos y renuncias sugeridas, incluyó el ingreso de dos nuevos miembros: Guillermo López (PJ) y Gustavo Bossert (UCR), dos abogados porteños para una Corte unitaria. La Corte fue parte expresa del pacto entre dos presidentes partidarios y de la Nación: Alfonsín y Menem. Todo lo criticable, su secretismo y su falta de éxitos en objetivos anunciados, lo hacen brillar incandescentemente en contraste al silencioso pacto judicial en la candidatura de Lijo y Mansilla.
El nuevo pacto judicial es un pacto económico
El Pacto de Olivos fue un pacto constitucional: político, partidario y judicial. Lamentablemente no fue un pacto que haya incluido al círculo de factores económicos permanentes en la Argentina. Estabilizar su puja y acordar horizontes hubiese sido estabilizar nuestra débil y cíclica economía. Muchos de los que firmaron o asesoraron en el Pacto de Olivos y en el actual pacto judicial han sido o son sus consejeros históricos.
¿Se puede celebrar pactos constitucionales sin actores económicos permanentes?
Dado que nuestras elites no diagnostican ni poseen un proyecto de largo plazo para el país, la economía le explota de forma irremediable a los gobiernos que la intentan administrar.
En 1993 esta ventana de oportunidad existió y no fue aprovechada. Ese pacto público de estabilización con actores económicos nunca se realizó y eso nos asegura nuevas tormentas. Dado que el Pacto de Olivos no fue un pacto económico que haya incluido a los factores de la economía, esa economía inviable puede borrar todo pacto y la misma reforma constitucional.
Menem hizo la reforma económica que le permitió forzar el pacto constitucional. El bloque Milei quiere hacer el pacto judicial que quizás le permita la reforma económica con legitimación suprema.
En un contexto de transformaciones aceleradas, el actual pacto judicial parece tener un impulso preponderantemente económico. Es un acuerdo para estabilizar las tribus judiciales que van a interpretar la Constitución ante la ejecución política de reformas estructurales a la economía en los años por venir.
Las fuerzas económicas serán liberadas de restricciones legales -y hasta constitucionales- con todo lo que eso puede significar.
Protagonistas centrales de las guerras judiciales de la clase política de estos últimos veinte años, tienen a Milei como puente hacia el nuevo pacto judicial.
Por todas estas razones, el actual pacto judicial es un pacto más económico que el mismo Pacto de Olivos.
Las fuerzas económicas harán su reforma constitucional a través de la Corte Suprema.
Su lenguaje tiene la misma inestabilidad e incertidumbre que la economía argentina y su seguridad jurídica.
En definitiva, en las audiencias del Senado una de las preguntas fundamentales deberá ser la respectiva a la dolarización.
* Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
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