Ley para regularizar armas: ¿solución o nuevo problema?
El proyecto que el Gobierno ingresó hace días en Diputados combina una regularización y digitalización de usuarios con la extensión del programa de desarme. Organizaciones objetan la medida y temen que aumente la circulación y sus letales consecuencias.
Cada día, siete personas mueren en nuestro país a consecuencia del disparo de un arma de fuego, una cifra que estremece pero que no está entre las más altas del mundo, ni siquiera de nuestro continente. Contrariamente a lo que se piensa, solo en 2 de cada diez casos estas muertes se producen en ocasión de un robo u otro delito común. La gran mayoría se produce por conflictos interpersonales: discusiones entre vecinos, problemas de tránsito, peleas entre bandas criminales o jóvenes rivales, situaciones de violencia familiar y femicidios. Otro buen porcentaje se debe a accidentes por la manipulación incorrecta o suicidios. Muchas de las armas usadas no están registradas: se estima que hay entre 2 y 3 millones de usuarios de armas de fuego en el país sin ningún tipo de control.
Para remediar esto, desde hace décadas, pero particularmente desde 2006, en el país se lleva adelante un programa nacional de desarme voluntario que busca reducir su circulación, así como la de municiones y sustancias controladas, como explosivos.
El último plan concluyó en diciembre de 2023 y hasta ahora no se había previsto su continuación. Por este motivo, el 15 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que plantea una doble vía: por un lado, un plan de regularización y digitalización del registro de armas de fuego y por otra parte una prórroga a la ley 26.216, que establece la entrega voluntaria de armas para su posterior destrucción.
En las primeras discusiones realizadas en las comisiones de Legislación Penal, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda se evidenciaron importantes diferencias de criterio. Especialmente de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Red Argentina para el Desarme, criticaron la vinculación de ambas iniciativas, que a su juicio podría generar confusiones y estimular la proliferación antes que la reducción de las armas de fuego disponibles entre la población civil.
Al explicar el proyecto, el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Juan Pablo Allan, señaló que el sistema propuesto aumentará la eficacia del control y modernizará los sistemas de registro, al tiempo que potenciará el programa de desarme.
Entre los datos que brindó, destacó que actualmente hay unas 800.000 armas de fuego circulando en el territorio nacional, que carecen de registración. En 2024, hubo un total de 603.422 poseedores de armas que tienen vencida su registro, contra 297.648 que las tienen vigentes, es decir más de un millón de armas entre los no declarantes y los vencidos. “Es decir que la relación entre usuarios legítimos y quienes están en situación irregular es de 1 a 2”, explicó y aclaró que “las estadísticas no son fiables” y posiblemente sea mucho mayor la cantidad de armas de fuego que circulan.
“No hemos tenido la adaptación tecnológica ni la flexibilidad ni la agilidad que este tipo de trámites requiere y hemos perdido un insumo absolutamente indispensable, que es saber quién tiene las armas, dónde y cómo las tiene”, sostuvo.
Reveló que ya hubo una primera depuración del sistema que dio de baja la credencial a legítimos usuarios sin registros de armas y un primer cruce con el Registro Nacional de las Personas estableció que 70.000 habían fallecido. “Esto nos hace pensar que los usuarios legítimos vencidos pueden ser 150.000 personas menos, pero tenemos 150.000 problemas” ejemplificó.
Esta ley “nos permitirá mejorar el registro y servir más como agencia: es indispensable saber quién tiene cada una de las armas en Argentina” añadió. Entre los factores que confluyen para la alta informalidad en el sector enumeró “las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y la escasa digitalización”. Indicó que la iniciativa establece un plazo de 360 días para un proceso de regularización de armas de fuego en todo el país para “todas aquellas personas humanas o jurídicas que posean, a la fecha de sanción, armas de fuego de uso civil o condicional o sus repuestos principales que se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente”.
Destacó que al vincular la regularización de los usuarios con el plan de entrega voluntaria permite a la ciudadanía dos vías: regularizar la tenencia en forma excepcional o en su defecto entregar el arma en forma anónima para su destrucción a cambio de un incentivo económico lo que “garantiza una mejor trazabilidad e identificación de las armas de fuego”, ya que ambos programas “son concurrentes para una mejora significativa en el control del circulante” en todo el país.
Las críticas
Sin embargo, la propuesta generó diversas dudas. Entre los bloques del peronismo, por la delegación de facultades para la prórroga, según manifestó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.
Otros, como la Red Argentina para el Desarme (RAD), alertaron sobre la inconveniencia de vincular ambos procesos, la regularización de los tenedores de armas con permisos vencidos, con el “blanqueo” de armas en situación irregular o ilegal, y el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PVAF) ya en marcha desde hace más de una década y señalaron que la propuesta es “peligrosa” ya que “las alternativas ofrecidas no son las mismas ni tienen los mismos propósitos”, señalaron.
Adrián Marcenac es uno de los integrantes más activos de esta red. Su conciencia sobre la peligrosidad de las armas de fuego viene de su historia personal. Su hijo, Alfredo Marcenac, de 18 años, fue asesinado en 2005 cuando caminaba por la Avenida Cabildo de la Capital cuando Martín Ríos, un total desconocido para él, abrió fuego contra un grupo de personas que caminaba por la avenida “como si fuera un videojuego”, según testigos. El asesino era un usuario legítimo de arma de fuego y había obtenido la autorización del Renar (antecesor del Anmac) pese a que no estaba en condiciones psiquiátricas de tenerlas y había tenido incidentes anteriores. El permiso lo obtuvo apenas con el control psicofísico de un traumatólogo.
Desde su experiencia de más de 15 años participando del programa de desarme voluntario, señaló a Río Negro que “nos parece loable que por primera vez un gobierno quiera ocuparse del problema de los permisos de armas vencidos, que se ha incrementado en las últimas cuatro gestiones nacionales sin ninguna iniciativa al respecto, que se decida poner el tema armas en la agenda pública”.
Sin embargo, agregó que “lo que no estamos de acuerdo es en el articulado del proyecto. Se produce un cambio de paradigma respecto a los últimos 15 años, donde el objetivo era reducir el circulante legal o ilegal, con el objetivo de que haya menos uso de armas. Ahora pareciera que el si las armas están regularizadas e inscriptas en un organismo del Estado no son peligrosas, y nuestro concepto es al revés: las armas son un peligro sin importar el color del mercado del que vengan, sea blanco o negro. Nosotros pensamos que se debe reducir el circulante de forma drástica para reducir los hechos de violencia asociados a las armas de fuego, las armas legales matan igual que las otras”, explicó. Resaltó que es “un error grosero” darle la posibilidad de blanqueo a los usuarios colectivos (personas jurídicas) que son “principalmente agencias privadas de seguridad y los comerciantes de armas, es darle la posibilidad a entidades que no pueden decir que desconocían las normas y que han lucrado con el sistema”, algunos de manera no muy transparente, explica.
La red estuvo en Diputados para intentar aportar al debate en comisiones, pero la audiencia ocurrió el mismo día en que Senadores debatía la Ley Bases y los incidentes afuera del Congreso obligaron a suspender la jornada de exposiciones.
“Nos preocupa una legalización masiva encubierta de armas irregulares. Un organismo que está desfinanciado ya desde gobiernos anteriores sin recursos humanos suficientes, no está en condiciones de emitir la cantidad de certificados y controlar si todos los usuarios deciden optar por blanquear sus armas” señaló Marcenac.
Finalizó diciendo que “es un tema demasiado importante para que lo decidan dos funcionarios. Queremos que haya un debate más profundo y donde sea escuchada la sociedad civil, sobre todo quienes estamos desde hace más de una década trabajando esta problemática”.
Las principales objeciones al proyecto
Entre los puntos que destaca la RAD para cuestionar la iniciativa figuran:
● No limita la regularización a legítimos usuarios con la autorización vencida, la extiende a cualquier tenedor ilegal de armas.
● No prevé la acreditación de ningún tipo de recaudo a quien regularice el arma, sin importar si está en condiciones psicológicas para conservar el arma, si tiene procesos penales pendientes, si ha sido denunciado por violencia de género o familiar, si resulta idóneo para el manejo del material.
● Permite conservar por 360 días la tenencia de todas las armas que se declaren, sin iniciar el trámite para obtener la condición de legítimo usuario.
● No establece un límite de cantidad ni tipo de armas a regularizar, ni la forma en que se accedió al material (podría dinamizar el mercado ilegal, brindando cobertura al blanqueo de armas de origen ilícito y aun estimular el ingreso de contrabando de armas al país para regularizar su tenencia).
● Extiende a las personas jurídicas la regularización de las armas que declaren (aunque no tuvieran necesidad de armas conforme a su objeto social).
“Por todas estas razones, consideramos que el proyecto genera un mensaje confuso, apartado de las políticas consensuadas de disminución del circulante de armas, a la par que abre la puerta a un blanqueo de peligrosas consecuencias para la ciudadanía” señala la presentación.
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