El aporte regional al fin del Servicio Militar Obligatorio
El reciente fallecimiento del exdiputado nacional por la UCR, Víctor Peláez, se produjo cuando se cumplen 30 años del fin de la conscripción compulsiva y su sustitución por la voluntaria, un proyecto, en parte, de su autoría. Dos historiadoras lo recuerdan.
Un 31 de agosto de 1994, el presidente Carlos Menem firma el decreto del servicio voluntario, que terminó con un largo y polémico ciclo de 93 años del Servicio Militar Obligatorio (SMO) que había comenzado en diciembre de 1901, cuando el Congreso aprobó la ley 4.031. La medida, reclamada desde el retorno a la democracia en 1983, tuvo su impulso final con la desaparición y el asesinato del soldado Omar Carrasco, en un cuartel de Zapala, el 6 de marzo de ese año. El hecho visibilizó una serie de anomalías, abusos y arbitrariedades cada vez más extendidas en el sistema. El decreto presidencial fue sucedido a fin de año con el debate y sanción de la ley 24.429 de servicio militar voluntario en el Congreso el 14 de diciembre y promulgada el 5 de enero de 1995.
Hasta ese fatídico 1994, todos los 31 de mayo en la Lotería Nacional se hacía un sorteo en base a los tres últimos números del documento de identidad. A esos números, a su vez, se le asignaba el número válido para la conscripción. A quienes les tocaban números bajos (cada año el piso cambiaba) se salvaban. También eran exceptuados quienes nacían el 25 de mayo, o eran sostén de madre viuda o padecían alguna enfermedad que les impidiera la vida de milicia.
Sin embargo, mediante esquemas como las constantes postergaciones por estudio, certificados médicos y otros mecanismos informales, las clases medias y altas lograban eludir de manera frecuente el reclutamiento, con lo cual el sistema estaba integrado principalmente por jóvenes de sectores populares. Se lo conocía popularmente como “Colimba”, palabra que se supone estaba formada por un acrónimo en alusión de tres actividades frecuentes en los conscriptos: correr, limpiar y barrer. El crimen de Carrasco, por otros dos soldados instigados por un oficial, puso en tela de juicio a un sistema muy degradado a partir de recortes presupuestarios que lo desprofesionalizaron y que mostró además extendidos esquemas de corrupción, abuso de poder, tratos autoritario y degradantes en distintas guarniciones del país.
En este Debates, dos historiadoras regionales rescatan a la figura del exdiputado radical Víctor Peláez, fallecido este año, que destacó entre los legisladores regionales que participaron del debate que creó el servicio militar voluntario, con duras críticas al “sistema de esclavitud” estatal en que se había transformado el SMO.
«Un sistema de esclavitud a cargo del Estado»
En 1994 en la Argentina se aprobó la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario que reemplazó el sistema de conscripción obligatoria creado en 1901. El servicio militar voluntario se define como “la prestación que efectúan, por propia decisión, los ciudadanos argentinos con la finalidad de contribuir a la defensa nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales, en las Unidades, Bases, dependencias y organismos del Ejército Argentino”. La ley fue aprobada el 14 de diciembre de 1994, promulgada el 5 de enero de 1995 y reglamentada por decreto 978 del 6 de julio de 1995.
Contaba entre sus antecedentes un proyecto de legisladores del Partido Justicialista (PJ) y radicales Unión Cívica Radical (UCR)- elaborados tras el asesinato del soldado Omar Carrasco por: Víctor Peláez (UCR/Neuquén) con los diputados radicales Pedro Jorge Galante (Entre Ríos), Ana Ida Piccinini (Río Negro), Atilio Oscar Viglione (Chubut) y Margarita María Sobrino (Córdoba) como co-firmantes.
En el recinto, Víctor Peláez señaló que la presentación de varios proyectos de ley de suspendiendo o abrogando el servicio militar obligatorio e implementando un nuevo régimen de voluntarios respondía a la voluntad de los legisladores de resolver problemas históricos y estructurales del sistema de conscripción puestos en evidencia por aquel crimen. Peláez incluso no dudaba en definir la conscripción como un régimen de “esclavitud”.
Peláez había sido conscripto en su juventud y valoraba la experiencia de un modo negativo. Para Peláez la conscripción era un sistema “violatorio de la libertad, de la integridad física, de la dignidad” y “pone en peligro de la vida”. También era “inconstitucional” pues “crea un régimen de esclavitud, si bien legal y temporario”. Para Peláez el deber de participar en la defensa no era un principio que se hiciera valer por encima de los intereses y deseos personales del ciudadano.
“¿Qué pasó con Carrasco? Murió ¿Quién murió? Un esclavo, el último esclavo. Lo castigaron, y al hacerlo se les fue la mano y lo mataron. Tuvimos que llegar a hacer morir al último esclavo para recapacitar y ver los signos de los tiempos ¿No nos bastaba ver cómo festejaban los muchachos que rechazaban el servicio militar obligatorio? No; tuvo que morir Carrasco […] Propongo que en este caso el proyecto de ley en consideración quede perpetuado con un nombre: la ley Carrasco (aplausos)”
Y agregó “…Cuando a una persona se le obliga a hacer lo que no quiere, y como si esto fuera poco no se la remunera, estamos ante un sistema de esclavitud. No se trata de un servicio sino de una servidumbre. Habíamos creado un régimen de esclavitud y no nos dábamos cuenta. Este es un aspecto que he charlado con los señores militares. He tenido una experiencia muy desgraciada del ejército. Tuve que cortar el césped con las manos y cuando preguntaba por qué no se ponía un jardinero en los cuarteles, teniendo en cuenta que todos poseían parques, obtenía como explicación que era muy oneroso. Entonces la conclusión es que se busca mano de obra barata. ¿Para qué sacrificamos a nuestros hijos, como me sacrifiqué yo? ¿Para qué tener mano de obra barata? Es el mismo argumento utilizado en los Estados Unidos en la época de Lincoln ¿Cómo iban a dejar libres a los negros? ¿Quién iba a levantar la cosecha de algodón y de caña de azúcar? Necesitaban mano de obra barata. Con esos argumentos creamos un sistema de esclavitud en nuestras fuerzas armadas para nuestros propios muchachos. Es algo inadmisible”. Anticipándose a las críticas de quienes argumentaban que el servicio militar era un deber constitucional del ciudadano, Peláez decía que a diferencia de otras prestaciones -como la “actividad censal, la electoral o la testimonial”- en el siglo XX la conscripción era una “carga pública” “imposible de soportar”, “un abuso por parte del Estado” “creyendo ser dueño de las personas”.
(NDR: La intervención de Peláez y otros diputados en el debate dela ley puede hallarse en “Ciudadanos y soldados en el debate de la Ley sobre el Servicio Militar Voluntario en la Argentina democrática” , de Germán Soprano, revista Prohistoria, vol.25 , jun. 2016.
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