Gracias a su enorme poder económico, un control de porciones de territorio y poblaciones donde existe escasa presencia estatal y una mayor capacidad de penetrar e influir en las instituciones deficientes y con cada vez menos legitimidad, el crimen organizado ha conseguido transformarse en la principal amenaza para la gobernabilidad en los países de América Latina. Así concluye informe de Riesgo Político en América Latina de 2024, publicado a inicios de este año por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que encuestó a 1.154 expresidentes, autoridades regionales, líderes de opinión, académicos y público en general en todo el continente.
El estudio, presentado a principios de año, tuvo una reciente actualización en un seminario organizado por la organización Diálogo Político, ya que diversos hechos en las últimos semanas parecen corroborar esta hipótesis. En un apretado resumen:
• Rosario, la tercera ciudad de Argentina, amaneció el lunes sin taxis ni autobuses y con escuelas cerradas tras cuatro asesinatos vinculados al narco que provocaron el envío de fuerzas federales por parte del gobierno y un proyecto de ley “antimafia” a la italiana en el Congreso.
• El primer ministro haitiano Ariel Henry fue obligado a renunciar el martes por una insurrección de grupos armados, pandillas criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe, superan a la policía y han sumido al país en un caos de violencia.
• El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos la semana pasada. La actual presidenta, Xiomara Castro, asegura que Hernández lideró desde el poder “una organización criminal que, aun diezmada, sigue operando en nuestro país”.
• Ecuador renovó el jueves el Estado de Excepción, decretado en enero, cuando una violenta arremetida de grupos narcotraficantes jaqueó a las fuerzas de seguridad y tomó el control de las calles en varias ciudades importantes, a poco de asumir el nuevo presidente Daniel Noboa. El gobernante incluso declaró al país en “conflicto armado interno” para neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de “terroristas” y “beligerantes” y que controlaban desde las cárceles el narcotráfico a EE.UU. y Europa.
• El asesinato hace unos días del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y que vivía como refugiado en Chile, aparentemente por la banda criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela pero con ramificaciones en Colombia, Perú y Chile. El alcalde izquierdista de una comuna de Santiago pidió la intervención de militares ante el avance de grupos narcos.
• Según estadísticas oficiales, México acumula unos 449.000 homicidios y más de 100.000 desaparecidos desde que en 2006 los militares fueron involucrados en la lucha antidrogas. Las noticias de matanzas y revueltas contra la policía son cotidianas.
• El gobierno brasileño lanzó estas semanas una megaoperación policial en varias favelas de Rio de Janeiro, que dejaron varios muertos en enfrentamientos con presuntos delincuentes. En 2023, incursiones antidrogas en favelas de Rio, Sao Paulo y Bahía dejaron 44 muertos en una semana.
Un riesgo para la democracia
“El crimen organizado es por segundo año consecutivo percibido como el mayor factor de riesgo político, y este añola tendencia fue mucho mayor. Antes fueron México, Colombia o Brasil, pero ahora se suman países que parecían al margen, como Ecuador, Chile o lo qque está pasando actualmente en Rosario, en Argentina. Es un fenómeno sumamente complejo, de organizaciones tremendamente eficientes y con cada vez mayores niveles de integración. Ecuador es un caso emblemático: allí aumentaron en solo cinco años un 500% las muertes por criminalidad” explicó Jorge Sahd, uno de los autores del informe.
El documento destaca que América Latina destaca por una paradoja: no tiene grandes conflictos bélicos pero está cada vez más asediado por la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Casi la mitad de los homicidios que se producen aquí están relacionados a grupos mafiosos, la mayor proporción en esta materia en el mundo: 8 de cada diez países con las tasas de asesinatos más altas se encuentran en América Latina y el Caribe, según el IV Estudio Mundial sobre Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas para la droga y el Delito (UNUDD).
Entre los datos figuran que la producción de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia ha aumentado a niveles récord en los últimos años, dando una base económica y recursos a las organizaciones criminales para expandirse y buscar nuevo nichos de mercado. El aumento de la violencia urbana se produce por las disputas en torno al control de las rutas y el acceso a los puertos de exportación hacia Europa y Estados Unidos, donde se encuentran los principales centros de consumo, pero también al interior de los países.
“Los grupos criminales ligados al narcotráfico se han tranformado en baluartes de un sistema transnacionalizado y abierto. Ecuador se ha transformado en uno de los principales puertos de salida, con un aumento brutal en la cantidad de tráfico”, señala Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC).
“El crimen organizado se mueve muy rápido y capta rápidamente donde hay ausencia de Estado, informalidad alta, poca educación, marginalidad. Estos grupos ofrecen oportunidades, una ‘tierra prometida’ a parte de la población más vulnerables y son cada vez más difíciles de enfrentar. La solución no está en clave de derecha o de izquierda, por ejemplo acá en Chile en estos días un alcalde de izquierda pide presencia de las FF. AA . en sus comunas, algo impensado antes. Hay mucha desesperación política para un tema que se escapa de las manos” agrega.
cogobierno criminial
- 80 millones de personas
- Según estudios recientes, cerca de un 15% de los latinoamericanos viven bajo esquemas de gobernanza criminal que reemplazan a un estado débil o ausente.
El fenómeno se ve agravado por otro de los factores de riesgo: la corrupción, que en América Latina es sistémica y afecta incluso a los países institucionalmente más fuertes, como Costa Rica, Uruguay o Chile. “La concentración del poder y connivencia de la elites políticas económica aumenta la opacidad de las burocracias estatales, al tiempo que la informalidad y la cultura de la ilegalidad contribuyen a la imbricación de la corrupción en la sociedad civil” señalan los autores del informe. Este escenario, donde la política y los canales legales se vuelven menos legítimos y reina la arbitrariedad, es muy favorable para que el crimen organizado colonice territorios y partes del Estado.
Efectos en la política
“Lo más preocupante es la percepción de impunidad y el efecto de aumento de la desconfianza en las instituciones democráticas. Se produce una desafección democrática, surgen los nuevos populismos, que llegan con reglas de la democracia y cercenan el Estados de Derecho, con un bajo nivel de independencia de poderes. Hay mucha gente dispuesta a sacrificar libertades mientras se resuelvan sus problemas” agrega Diego Rojas, cientista político y coordinador de investigación del CEIUC.
Su colega Jorge Sahd también enfatiza sobre los efectos políticos que está teniendo el incremento de violencia y el avance de la criminalidad. “Lo que ocurre, como actualmente en El salvador, es que estamos dispuestos sacrificar democracia y derechos humanos para tener orden. Muchos estén viendo falta de resultados, y esperan un gobierno que resuelva sus problemas más acuciantes, sin importar los medios” añade.
Esta ineficacia gubernamental hace crecer un fenómeno que los especialistas llaman de “gobernanza criminal”, donde los grupos delictivos altamente organizados y con recursos reemplazan muchas veces a un estado débil o ausente y gobiernan o cogobiernan en un territorio y una población. Según un estudio reciente de Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago, cerca de un 15% de los latinoamericanos, 80 millones de personas, viven bajo esquemas de gobernanza criminal. Existen zonas de Latinoamérica, como en algunas favelas en Brasil, donde los grupos criminales mantienen servicios públicos, construyen infraestructura, dan empleo, microcréditos y hasta imparten justicia, por supuesto a su manera violenta.
“En muchos lugares puntuales, desde México a la Argentina, los grupos criminales reemplazan al Estado. Un caso paradigmático en estas horas es Rosario. Cuando no se llega con políticas efectivas y no se satisfacen necesidades mínimas de la población y se retiran de los territorios, las instituciones empiezan a perder el respaldo de la misma gente y estos grupos muchas veces lo reemplazan y ganan legitimidad”, agrega Rojas.
Por eso, señalan, las soluciones como la militarización de la lucha antidrogas o el populismo autoritario no son salidas viables. “Nuestras democracias son frágiles y les cuesta defenderse de la violencia. Pero debieran poder generarse acuerdos de politicas de estado para combatir el crimen organizado respetando derechos humanos, la separación de poderes y el Estado de derecho. Y mostrar resultados en los temas cotidianos sensibles para la sociedad”, concluyen.
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