Adolescentes: los riesgos de una demagogia penal

El debate sobre la necesidad y características que debiera tener un sistema penal para abordar la problemática de niños y adolescentes en conflicto con la ley lleva décadas, y se ha hecho particularmente intenso a partir de 2001.

La mayoría de los proyectos para establecer un sistema que supere el esquema actual, heredado de la última dictadura cívico militar , terminó naufragando en distintas instancias del debate parlamentario. Cíclicamente, varios casos resonantes alientan posturas de “mano dura”, al igual que las campañas electorales.

En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei admitió sus intenciones de volver sobre este tema, haciendo eje en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, una propuesta cuestionada por sectores ligados a la temática de niñez, como Unicef y organismos de derechos humanos. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que según su punto de vista, a los 14 los adolescentes “muestran una personalidad que merece la atención y la sanción” eventual. “Es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”, explicó. El objetivo del abogado penalista no es retomar esas iniciativas, “sino elaborar una propuesta nueva y que recoja lo mejor de cada una de las existentes”, aunque sumándole algunos puntos propios, explicó.

Una de las especialistas que más ha investigado este tema es la socióloga Silvia Guemureman, doctora en ciencias sociales e investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani de la UBA. Guemureman participó del “I Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que tenía como lema “A 40 años de Democracia ¿Por qué la Especialidad?”, que se realizó a fines de noviembre en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Neuquén. Allí, esta socióloga especializada en la temática adolescente y juvenil hizo un repaso sobre más de un centenar de proyectos que se presentaron, sin éxito, en los últimos 30 años en el Congreso.
La investigación recopila antecedentes y características de casi un centenar de iniciativas, muchas de las cuales se repiten, otras avanzan solo en comisiones, otras logran media sanción y quedan trabadas en la otra cámara, y la mayoría pierde estado parlamentario, entre otros derroteros.

En diálogo con “Rio Negro” Guemureman analizó cómo se abordó este tema desde el retorno a la democracia y particularmente en los últimos 30 años, desde que nuestro país ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), para adecuar nuestra legislación interna a las convenciones internacionales. “Tanto la ley de protección de la niñez como el régimen penal de minoridad estaban caducos. En el caso de la protección, se avanzó con la ley 26.061, no así con el tema penal, se siguió con la ley 22.278 de 1980, dictada por (Jorge) Videla en la última dictadura”, señaló la académica.
“Hubo una enorme cantidad de proyectos para modificar este estado de cosas, pero eso no siempre significó modificar la legislación en pos de hacer un régimen de responsabilización penal juvenil con una justicia especializada, con proyectos innovadores, o progresistas, sino que muchas veces significó pedir más penas y una edad más temprana de exclusión de la sociedad, más estigmatización para adolescentes y jóvenes. Una fijación de los adolescentes como ‘sujetos peligrosos’, sobre todo si pertenecen a determinados sectores sociales”, agregó Guemureman.

En el estudio, la socióloga encontró al menos diez momentos claves en las iniciativas. Entre 2002 y 2004 se presentan 27 proyectos, la mayoría de ellos reformistas. “En ese momento sólo tres propuestas se adecuaban a la Convención, pero en ese momento la edad no era un tema de discusión política aún, simplemente se buscaba adecuar la legislación nacional a la normativa internacional”, señala Guemuramen.

Entre 2004 y 2006 se presentan 22 propuestas, en un clima de “exacerbación de sensibilidad punitiva” por el caso de secuestro y muerte de Axel Bloomberg, no obstante lo cual varios de ellos figuraban adecuando la ley a la convención internacional.

Un tercer momento se da entre 2006 y 2007, con 16 proyectos, donde se genera un consenso en que sea el Senado la cámara de inicio. Aquí 12 iniciativas proponen bajar la edad de imputabilidad y 3 no. En un cuarto momento, en 2009, se produce la primera media sanción en el Senado, de una propuesta de “Régimen penal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal” de los senadores radicales Sanz y Morales, que recuperaba una propuesta del año 2000 de Ricardo Gil Lavedra, que estuvo detrás de varias iniciativas durante estas tres décadas. Ese proyecto no logra avanzar en Diputados y pierde estado parlamentario en el periodo 2010-2012, donde se presentan además otras cinco iniciativas. En un sexto momento entre 2013 y 2014, los proyectos estuvieron fuertemente influidos por la dinámica electoral, donde se analizan 12 proyectos, la mayoría de ellos ya presentados por los mismos legisladores, con agregados.

La edad divide aguas

A partir de este momento “se produce una división profunda en las propuestas, en los cuales la baja en la edad de imputabilidad o no comienza a ser una variable de aglutinación y de diferenciación entre los proyectos” explica la abogada. En un séptimo momento, en 2017 los proyectos son 9, algunos de ellos promovidos desde el Ejecutivo, donde la edad ya es un parteaguas: 5 de ellos proponen bajar la edad de imputabilidad a 14 ó 15 años. En 2019 el Ejecutivo nacional (Mauricio Macri, Cambiemos) propone bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y se suma a otros proyectos, pero no logra pasar la fase de comisiones, donde los rechazos son mayoritarios. Nuevamente el año electoral atentó contra el tratamiento. Finalmente, en el periodo 2022-2023 se encuentran 8 proyectos, de los cuales 5 bajan la edad de imputabilidad a los 14, uno a los 15 y otros dos lo mantienen en los 16 años actuales. Aquí se problematiza en qué hacer con los “no punibles” y la mayoría tiene propuestas para los infractores.
En diálogo con “Debates”, Guemureman señaló que más allá de la estadística, en la mayoría de los proyectos “los nombres de quienes realizaban propuestas se repiten, se van configurando como ‘linajes’, ya que muchos tienen presentaciones y re-presentaciones en distintos periodos”. La investigadora advierte sobre dos factores que van a influir en la discusión. Uno será la de ocurrencia de casos resonantes en los medios que implican a niños o adolescentes, como el mencionado caso Bloomberg en 2004, o la muerte de Brian Aguinaco en 2019, que generan “contextos de punitivismo desembozado”. El otro son los momentos electorales, donde las propuestas se utilizan como parte de la campaña del Ejecutivo o de legisladores.

Y a partir de 2017 el debate sobre mantener o no la edad mínima de responsabilidad penal va a ser un gran divisor entre los proyectos. “En los primeros años la discusión era muy básica: es si vamos a tratar a los niños como sujetos de derecho y nos adecuamos la normativa internacional y dejamos de tener como eje rector a un decreto de la última dictadura, que además es inconstitucional, por no respetar garantías básicas de un debido proceso, como el derecho a la defensa o de ser escuchados por los jueces”, agrega la investigadora de la UBA.

Luego, el tema comienza a debatirse “en términos de réditos electorales, donde la baja de la edad de imputabilidad pasa a ser un eje central. Casi todos los que participaron en este 2023 en el escenario político electoral con chance de representación, propusieron bajar la edad de imputabilidad. Lamentablemente hay un fuerte consenso en buena parte de la clase política sobre esto”, agrega la socióloga.

Guemureman señala que entre los proyectos que se encuentran hoy en condiciones de debatirse, “hay algunos muy duros, como el de López Murphy o el del actual ministro de Defensa Luis Petri. Y existen otros, que si bien mantienen criterios de los tratados de derechos internacionales en derechos humanos, de especialidad y de justicia restaurativa en medidas privativas de libertad, hacen agua en el tema de la edad. La mayoría fija los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal. Eso implica no respetar el principio de no regresividad, es decir si tenés un estándar de derecho más alto (16 años en la actualidad) no podés cambiarlo por otro más bajo” sostiene.

Agrega que “proponen meter a niños y adolescentes en el sistema penal cada vez más temprano. Otros, como el de Cristian Ritondo (PRO) hablan de derecho penal de la minoridad. Que a esta altura todavía se hable de menores, ya te habla de una concepción que atrasa”, explica.

La socióloga no es optimista sobre el actual debate ya que “en el contexto político actual y el consenso que se ha creado sobre políticas de mano dura”, lo más probable es “que termine aprobándose uno de los textos más conservadores y menos adecuados a los tratados internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes” finaliza.

“Romper con el adultocentrismo al formular las políticas públicas”

“Más allá de lo normativo, de la formulación de políticas, lo importante en este tipo de discusiones es volver a las bases, a la Convención de los Derechos del Niño, que básicamente es tener la flexibilidad de los adultos para romper con la mirada adultocéntrica y volver a lo más simple, a escuchar, con verdadera atención hacia niños y adolescentes”, señala la abogada Daniela Tupayachi, abogada y Magíster en Derechos de infancia y políticas públicas.

Tupayachi es Coordinadora del programa Interamericano para el consolidación de los Sistemas de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes IIN-OEA, que es el organismo especializado en temas de niñez y adolescencia más antiguo del organismo interamericano, con 97 años de existencia. Tiene su sede en Montevideo, Uruguay.

Sobre los proyectos en danza sobre la problemática de los sistemas penales juveniles, señala que “en los últimos cinco años hemos visto en todas las Américas un retroceso en las políticas publicas hacia la niñez; sí ha habido avances normativos, pero la sola regulación no hace que las cosas cambien. Y cuando entramos a las instituciones, vemos rezagos de la ‘doctrina de la situación irregular’, que ve al niño como objeto y no como sujeto de derecho”. Agregó que se debe romper con el paradigma centrado en la visión del adulto para entrar “a un visión de garantía y restitución de derechos” de los niños. La tardanza en los procesos judiciales “hace que el tiempo pase, los niños crecen y la vulneración de derechos se hace permanente, los resarcimientos llegan tarde, cuando llegan”, agregó. Se ven “falta de presupuesto y recursos” para las políticas de niñez y adolescencia y fortalecer los sistemas a nivel nacional. En Argentina y América Latina en general, “hay leyes, hay instituciones, hay personas trabajando, pero faltan muchos recursos y el trabajo interinstitucional e interdisciplinario”, agrega.

“Falta escuchar a los niños y adolescentes en la formulación de políticas públicas que los afectan. Uno de los nudos críticos es definir cuál es el lugar de niños y adolescentes en la agenda del país. Si el lugar es solo receptores de lo que haga el Estado, así van a ser tratados, como usuarios. Pero si son reconocidos, involucrados y escuchados, allí podríamos ver un cambio”, agrega.