De la revolución verde a las dudas de hoy: ¿qué pasó con las renovables en Río Negro y Neuquén?

Un alto funcionario del gobierno neuquino suele recordar con una graciosa anécdota una suerte de maldición para los proyectos renovables oficiales. A fines de 2018, y tras quedar afuera sistemáticamente en todas las licitaciones para energías limpias, el parque eólico Picún Leufú empató las condiciones técnicas y económicas con un proyecto impulsado por YPF en Buenos Aires. Para resolver el diferendo el gobierno nacional utilizó un mecanismo sencillo: sorteó el adjudicatario. Picún Leufú sigue siendo un proyecto en carpeta junto a otros proyectos que suman 650 MW de potencia eólica.

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El 17 de mayo cumplirá cinco años lo que fue el puntapié de la transformación renovable impulsada por el expresidente Mauricio Macri y que su ministro de Energía, Juan José Aranguren, bautizó como RenovAr. El plan de licitaciones, que tenía como objetivo llegar al 20% de la potencia instalada de fuentes verdes para 2025, fue un despegue para lo que se venía haciendo y tuvo continuidad con lo que se denominó Mater (contratos entre generadoras y grandes usuarios).

¿Qué quedó aquella odisea que tentó al sector privado contratos garantizados en dólares y que prometía miles de millones de dólares de inversión y más de 10 mil puestos de empleo?

En el periodo se adjudicaron unos 250 proyectos para generar energía de fuentes renovables (parques eólicos, granjas solares, microcentrales hidráulicas y proyectos de biomasa). De acuerdo a los últimos reportes del sector privado hay 168 proyectos renovables habilitados para generar energía dentro del sistema eléctrico argentino (4.369 MW de potencia instalada).

De ese total, 111 surgieron de los planes RenovAr y su complementario Mater, que suman 3.521 MW de potencia instalada. La estimación extraoficial, porque no hay datos de la secretaría de Energía de Nación, es que hay entre 800 y 900 MW de potencia en proyectos que están paralizados, de los cuales 125 MW están en la región.

El global representa una inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares.

¿Qué significa que están frenados? Que fueron adjudicados y no pudieron cumplir con los plazos de ejecución de las obras. La mayoría tiene los tiempos vencidos y acumulan millonarias multas en dólares. Los pliegos del RenovAr estipulaban una fecha de inicio de comercialización de la energía y, acabado ese tiempo, imponía 1.388 dólares diarios por cada megavatio de potencia. Es decir que, un parque 100 MW puede acumular unos 50 millones de dólares anuales, algo así como la mitad de la inversión total del proyecto.

La mayoría de los contratos tuvieron prórrogas y salvatajes del gobierno. Incluso el exsecretario de Enegías Renovables del macrismo, Sebastián Kind, a fines del 2019 le impidió por resolución a Cammesa ejecutar las deudas acumuladas a las empresas adjudicatarias. Con el cambio de gobierno las condiciones no cambiaron prácticamente en nada.

El dilema que atraviesa al sector tiene dos frentes. Tanto el sector privado como el Estado reconocen que hay situaciones de especulación inmobiliaria con los proyectos (que garantizan contratos en dólares por 30 años) y, por otro lado, problemas de financiamiento en un país que no consigue acomodar su macroeconomía. La pandemia fue la gota que rebalsó el vaso.

Río Negro pudo saber que se está haciendo un relevamiento de cada uno de los proyectos paralizados con el objetivo de hacer un salvataje de las propuestas que sean viables. A nadie le conviene, sector privado y público, que los contratos se caigan, sin embargo, saben que para algunos casos las penalidades ya son impagables.

Este medio intentó contactarse con el secretario de Energía, Darío Martínez, pero no tuvo respuestas.

Existe, además, un daño colateral con los proyectos paralizados: la ocupación de capacidad en las redes de transporte de energía. Como los proyectos fueron aprobados, hasta que no se construyan o se den de baja no pueden dar paso a nuevas iniciativas que quieran usar esas líneas de transporte, o sea, que crean un cuello de botella para cualquier ampliación en la generación eléctrica del país.

En Río Negro y Neuquén

La ola renovable generó una gran expectativa en la región. En la primera licitación, en 2016, se presentaron proyectos por más de 400 MW de potencia y tanto Río Negro como Neuquén adjudicaron. En ambos casos fueron propuestas privadas.

En Río Negro los parques eólicos Pomona 1 de 100 MW (Geneia) y Cerro Alto de 50 MW (Envision) y; la central hidroeléctrica sobre el río Escondido 7,2 MW (Patagonia Energía de Joseph Lewis). En Neuquén fue Los Meandros de 75 MW (Envision).

Aquella primera ronda fue casi debut y despedida para la región. Ninguna de las provincias volvió a colocar otro proyecto hasta que, cuatro años después, la firma norteamericana AES inauguró el parque Vientos Neuquinos I a través del plan Mater.

Junto con aquella primera licitación llegaron las sorpresas: los bajos precios promedios, en torno a los 53 dólares por MW, dejaron incrédulos a los gobiernos locales que trabajaron la temática. Esos valores solo se veían, por entonces, afuera del país y mercados con desarrollo en renovables. El caso testigo fueron los proyectos de la ADI-NQN, con mediciones y antecedentes, que siempre quedaron fuera de alcance aun asociados a empresas de peso en el sector.

Para las rondas posteriores todo se profundizó. Los valores de referencia se hundieron por debajo de los 40 dólares y fue como correr detrás de la zanahoria.

¿Por qué hicieron tanto ruido los granos de precios? La respuesta fue sencilla: las sospechas de una subestimación de costos hacían suponer fines especulativos más que de desarrollo.

De los 800 MW renovables que están paralizados, 125 MW están en la región. Corresponden justamente a la empresa china Envision, un gigante de las renovables con parques terminados en Buenos Aires, que no pudo avanzar más allá del movimiento de suelo. El primer intento por sortear las dificultades fue trasladar el plan en Cerro Alto a Los Meandros, a 13,5 kilómetros del Paraje Challacó, y crear así el parque eólico más grande de la patagonia: 125 MW.

Tampoco prosperó. Consiguió aval como “proyecto crítico”, una denominación para extender los plazos y las penalidades, pero apenas pudo hacer mínimos avances en la obra civil y las empresas contratadas despidieron al personal ante la caída del contrato.

La firma china intentó deshacerse del contrato, pero no consiguió inversores. Incluso la provincia generó condiciones impositivas para alentar el proyecto, pero tampoco fue suficiente. Los Meandros, al ser un proyecto aprobado, pese a no existir físicamente tiene reservada la capacidad de transporte de energía y bloquea cualquier otro proyecto en la línea de alta tensión Plaza Huincul -Arroyito.

Ambos proyectos, luego unificados, de la reconocida firma china obtuvieron dos de los mejores cinco precios de la licitación RenovAr 1.0.

A cinco años del inicio de la revolución renovable en el país, y pese al potencial de la región (Neuquén tiene siete proyectos eólicos en carpeta), se concretó alrededor del 60% de la potencia licitada.

Pero el número se desploma contra el potencial certificado, solo para energía eólica, que tiene la región. Si bien el sector tiene mucho para crecer hoy, los 207,2 MW de potencia instalada que ya están generando parecen muy poco (3,2%) contra los 6.081 MW que suman las represas y centrales térmicas de la región.

Las maniobras de los contratos que investiga la justicia

La especulación, conocida como “inmobiliaria”, con la venta de contratos para las energías no es propio de las renovables ni del país. Algo similar suele ocurrir, por ejemplo, en la industria petrolera con firmas que comprometen inversiones condicionadas a la asociación o el acceso a financiamiento. España recientemente inició un relevamiento de renovables para detectar cuáles eran los proyectos que no presentaban avances físicos, y por lo tanto podrían enmarcarse como una acción especulativa, para revertirlos.

La maniobra es sencilla: se presentan avales para acceder a un contrato o adjudicación y se vende el proyecto sin llegar a desarrollarlo. Algo común, pero que se vuelve observable cuando son contratos con el Estados, por 30 años y garantizados en dólares.

La Justicia Federal argentina investiga lo que se denomina “la causa de los parques eólicos” que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri. La operatoria bajo análisis es la descripta más arriba: un pasa manos de contratos con ganancias solo por el manejo administrativo. Sin embargo, el hermano del expresidente y sospechado mentor de la maniobra, Gianfranco Macri, se enfrenta a los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública.

Los hechos investigados se desprenden de la compra de seis parques eólicos, en etapa de proyecto, a la firma española Isolux, de los cuales cuatro de ellos fueron adjudicados durante el gobierno kircherista y dos en la ronda 1.0 RenovAr de la gestión macrista. El movimiento de contratos habría representado una ganancia, entre 2016 y 2017, cercana a los 70 millones de dólares.

Recientemente el diario La Nación publicó que las operaciones fueron controladas por Gianfranco a través de una firma radicada en Luxemburgo y conectada a una serie de empresas en España y Argentina, que finalmente operaban como Sidsel SA y Sideli SA en el país. Por la derivación de esta causa hay involucradas varias personas, entre ellas, algunos famosos.