Cuenta regresiva para el desalojo de la toma en tierras del INTA en El Bolsón

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, ordenó desalojar el 28 de diciembre próximo a las 130 familias que ocupan los dos predios que el INTA tiene en la reserva forestal andina de Loma del Medio, en El Bolsón.

Así lo dispuso en una resolución que dictó el lunes a la que accedió RÍO NEGRO. Zapata acató el fallo de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que ordenaron el 19 de noviembre pasado restituir los dos predios al INTA y desalojar -con todos los recaudos necesarios- a las personas que usurpan en esas tierras.

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Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, revocaron la resolución que Zapata había dictado en septiembre pasado cuando había rechazado el pedido de desalojo peticionado entonces por la fiscal federal subrogante de Bariloche Sylvia Little.

A partir de las instrucciones del tribunal de Roca, Zapata ordenó que el allanamiento de los dos predios se haga el 28 de este mes para proceder a desalojar a las 130 familias que se encuentran en la toma y de esa forma “hacer cesar la comisión de los ilícitos que allí se estén cometiendo”.

De todos modos, el asesor de niñas, niños y adolescentes ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Roca, Eduardo Peralta, presentó un recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

En consecuencia, la orden de Zapata todavía no se encuentra firme porque Peralta impugnó con la intención de que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del tribunal de Roca.

Argumentó que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca “causa un gravamen irreparable o de difícil reparación ulterior al grupo vulnerable que represento”.

Zapata ordenó en la resolución -que dictó el lunes- “allanar las construcciones -aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar, y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etc”.

También, dispuso “identificar a las personas que actualmente se encuentren ocupando ese sector, notificándolas” de que están imputadas por la comisión de los delitos de usurpación y que deberán designar defensor en el plazo de 5 días hábiles.

Autorizados a detener

“Se hace saber que la/s fuerza de seguridad que realice el allanamiento se encuentra facultada a detener a las personas que intenten impedir el cumplimiento de la medida dispuesta, debiendo en ese caso entablar comunicación inmediata con las autoridades competentes”, aclaró Zapata.

El juez encomendó “el diligenciamiento de la medida al director de Relación con el Poder Judicial dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, quien en el plazo legal deberá designar una fuerza de esa cartera con capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”.

“Se encomendará especialmente que se extremen las medidas para resguardar la vida e integridad física de las personas habidas en el lugar (el sector en conflicto también es ocupado por mujeres y niños), especialmente de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia, y resguardar la integridad de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso que resulte indispensable y en la menor medida posible”, ordenó Zapata.

Y requirió extremar los recaudos y proceder de acuerdo a las normas vigentes. Solicitó garantizar la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancias prestas para la atención, internación y/o traslado de las personas “-en caso de que alguien resulte herido- y otros que se requieran, según las circunstancias del caso”.

También, ordenó desconectar las instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma del predio, “a fin de priorizar el derecho a la salud de todos los intervinientes, como así también de quienes pudieren participar de las diligencias”.

“La presente medida deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad…”, dispuso el juez.

“La utilización de cualquier armamento deberá ajustarse a lo estrictamente impuesto por los principios de proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad”, enfatizó Zapata en la resolución.

“Deberá agotar los medios a su alcance para garantizar que en la diligencia intervenga personal especializado en la contención de menores de edad (ya que los informes previos hacen saber de la presencia de algunos en el lugar)”, requirió el juez.

Y sostuvo que una vez ocurrida la desocupación de los predios, “deberán restituirse en forma provisoria los mismos al requirente INTA”.

Zapata notificó de la resolución al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

También, avisó de la medida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro y al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Rio Negro. Y, además, notificó su decisión a la Defensoría del Pueblo de Río Negro y la Municipalidad de El Bolsón, entre otros organismos.

Antecedentes

Los jueces del tribunal de Roca recordaron en su fallo que el Ministerio Público Fiscal había explicado que entre el 20 y 24 de agosto de 2020 alrededor de 133 familias, de quienes solo se conocen los apellidos, habían ingresado en forma clandestina a la Reserva Forestal de Loma del Medio.

El INTA había pedido, por intermedio de sus abogados Pablo Callelo y Estanislao Cazaux, el desalojo para recuperar las tierras, junto con el Ministerio Público Fiscal. Pero Zapata desestimó el pedido en septiembre pasado.

La fiscalía y los abogados del INTA apelaron y el tribunal de Roca revocó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche y ordenaron el desalojo.