Cristina frente al crimen

En virtualmente todos los países, el gobierno de turno quiere hacer pensar que, si bien está ganando la batalla contra la delincuencia, por motivos comerciales o políticos los medios de comunicación locales se esfuerzan por convencer a la gente de lo contrario, mientras que periodistas e integrantes de la oposición lo acusan de intentar minimizar un problema que se ha agravado mucho en el transcurso de su gestión. No sorprende, pues, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en esta ocasión por un par de jueces de la Corte Suprema, haya llegado a la conclusión de que la situación dista de ser tan terrible como algunos parecen creer, pero así y todo su afirmación de que la prensa está más interesada en atemorizar que en informar no la ayudará a persuadir a muchos de que la inseguridad ciudadana es solamente un mito confeccionado por sus adversarios. Será por eso que la presidenta, consciente como ha de ser de que, con razón o sin ella, la mayoría ubica la inseguridad a la cabeza de su lista de preocupaciones, anunció el viernes pasado lo que llama un "plan de convivencia ciudadana" para combatir el delito en que se prevé la inversión de 400 millones de pesos para la compra de veinte mil teléfonos celulares, quinientos móviles policiales y la reincorporación de cuatro mil policías retirados, además del despliegue de la Gendarmería en lugares presuntamente peligrosos. La noticia ha sido recibida con escepticismo, ya que a juicio de muchos sólo se trata de una promesa electoral más que no tardará en ser olvidada.