Crecen en Río Negro los casos de acoso sexual por Internet

Tres denuncias mensuales por ciberacoso sexual o “grooming” se registraron en la Justicia rionegrina en 2018. Esta cantidad -que refleja un fuerte crecimiento– evidencia la exteriorización de estos delitos por internet.

Puntualmente, el “grooming” es el acoso de un adulto hacia niños o adolescentes, a través de internet, con el fin de establecer lazos de amistad con objetivos sexuales. El mayor procura ganarse la amistad virtual de un niño, creando una conexión emocional para disminuir las inhibiciones del menor.

Un informe de la Procuración General consigna que en 2018 se formalizaron 37 denuncias, es decir, unas tres mensuales. El relevamiento precisa una docena en los últimos cinco meses de 2017. Si se comparan, el último cuatrimestre (septiembre – diciembre) se advierte un aumento del 83% en relación a su equivalente del año anterior. La mayoría de los casos -el 41%- se presentan en los tribunales roquenses.

Simultáneamente, el área de Informática Forense, que asiste en la recolección y el análisis de evidencia digital de cualquier dispositivo tecnológico, consigna siete investigaciones de grooming en los últimos dos años.

En la Procuración explican este incremento en los cambios registrados, puntualmente a partir de las instrucciones fijadas por el jefe del Ministerio Público, Jorge Crespo, orientadas a establecer pautas en la investigación de los delitos informáticos. El mismo -resaltan- “fue el resultado de un trabajo realizado con la ONG “Mamá en Línea” y su redacción implicó reglas claras para avanzar en la resolución de los casos sino, además, la posibilidad que quienes sufrieron estos delitos capaciten a los fiscales sobre cómo debe ser, especialmente, el trato con la víctima”.

Así, se destaca que Río Negro es una de las primeras provincias con un protocolo de investigación de ciberdelitos, basado en el elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación.

El programa nacional “Mamá en Línea” brinda desde 2009 acompañamiento a familias víctimas de delitos de índole sexual y, especialmente, de ciberacoso sexual.

El protocolo enfatiza en la labor de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), que depende de la Procuración General, y tiene la “responsabilidad que pueden examinar y analizar la evidencia digital recolectada en el marco de las investigaciones, buscando preservar en todas las ocasiones la prueba original”. Este área también recibe causas de pornografía infantil y las deriva a las fiscalías para sus investigaciones.