No avanza la causa por el desvío de fondos públicos

La causa por el desvío de
$ 75.528.922 que Nación había enviado al municipio para la construcción de viviendas, un gimnasio, una sala de teatro y un sector de un gasoducto, y que se usaron para cubrir gastos corrientes durante la gestión de la exintendenta del FpV María Eugenia Martini, sigue a las vueltas y sin definiciones.

La denuncia la interpuso a finales del año pasado el abogado local Edgar García Sánchez, que es defensor del exintendente Omar Goye que cumple una condena en la cárcel de Esquel como coautor del delito de fraude en perjuicio contra la administración pública.

El abogado pidió que se investigue si existió la comisión de un delito de malversación de caudales públicos por parte de funcionarios de la gestión municipal pasada. Sin embargo, el fiscal Guillermo Lista todavía no resolvió si desestimará la denuncia o si promoverá acción penal para que se investigue el hecho denunciado.

Fuentes judiciales explicaron ayer que se trata de una causa compleja. Señalaron que Lista se encuentra abocado a la recolección de información, porque la causa está en la etapa de investigación preliminar. El fiscal todavía no recibió el expediente administrativo sobre el desvío de fondos que tiene el Tribunal de Contralor Municipal. Esa información es clave.

De todos modos, las fuentes desestimaron que el expediente esté congelado. Por el contrario, afirmaron que “la causa está viva”. “Estamos a las puertas de la promoción de acción penal”, revelaron.

La presidenta del Tribunal de Contralor, Denise Casatti, dijo que remitirán en breve el expediente que tiene 1.015 fojas. Y además informó que pidieron constituirse como querellantes en la causa penal, pero que el juez de Instrucción Marcos Burgos rechazó su pedido. Aunque aseguró que apelaron esa resolución.

El juez explicó ayer a “DeBariloche” que al no haber todavía promoción de acción penal, no se puede autorizar el pedido de ser parte querellante porque aún no se encuentra habilitada la intervención del juzgado.

Burgos explicó que hasta ahora lo que hay “es un legajo fiscal, sin promoción de acción penal”. Aclaró que si el fiscal promueve, “hay que tenerlos como querellantes”. “Nadie cuestiona el interés del Tribunal de Contralor”, afirmó.

“Es un criterio discutible a mi modo de ver”, opinó el abogado del Tribunal de Contralor (y exjuez de Instrucción) Juan Manuel García Berro. Dijo que teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal es inminente que entre en vigencia, “es el fiscal el que tiene que resolver ese pedido”.

Sostuvo que debería aplicarse el criterio amplio del nuevo Código, que permite la intervención del querellante “desde el inicio de la investigación” sin la necesidad de que haya una promoción de acción fiscal. García Berro dijo que por ese motivo presentaron la semana pasada la apelación.

A finales de diciembre pasado, el Tribunal de Contralor dictó una sentencia donde resolvió desestimar el inicio de un juicio de responsabilidad contra Martini y el exsecretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger. Y resolvió por mayoría dar intervención a la Sindicatura General de la Nación para que investigue las responsabilidades en el desvío de los fondos.

En la sentencia, Casatti y el vocal del Tribunal Damián Fuentes consignaron, tras analizar el dictamen producido por el instructor sumariante, contador Manuel García, que “los hechos tal como han quedado descriptos, podrían configurar en principio un delito de acción pública”.

Casatti y Fuentes llegaron al Tribunal en la boleta electoral de Genusso. En cambio, la vocal Julieta Wallace, que entró con la boleta del FpV, sostuvo que el accionar de Martini y Gallinger se ajustó a derecho.

Pero Casatti y Fuentes no fueron a denunciar el hecho a la fiscalía. Explicaron que sabían que Lista había iniciado una investigación por la denuncia de García Sánchez. “Entendemos innecesario efectuar una nueva denuncia, pues propendería a un desgaste inútil del aparato estatal sin finalidad plausible alguna”, señalaron en la sentencia.

Gennuso pidió explicaciones y cuestionó que el Tribunal no haya denunciado la malversación en la justicia. Tras esa recriminación, Casatti, en su carácter de presidenta del Tribunal de Contralor, pidió ser querellante en la causa.

“Si consideramos acreditado prima facie que durante la gestión del anterior gobierno municipal se recibieron fondos nacionales en el marco de distintos programas, para ser aplicados a destinos específicos –construcción de viviendas, de un gimnasio, de una sala de teatro, de un sector de gasoducto, etc.– y habiéndose cambiado su destino y con ello enviados a gastos corrientes”, indicaron Casatti y Fuentes en la sentencia.

“Y si dichos fondos fueron aplicados en forma parcial y definitiva a otros destinos, como ser el pago de sueldos, en principio se habría violado” el artículo 260 del Código Penal.

La ordenanza de contabilidad vigente habilita al Ejecutivo municipal a desviar partidas de destino específico para cubrir situaciones de iliquidez de caja, con la obligación de restituir el dinero antes del 31 de diciembre de casa año. Martini no lo hizo antes de irse del sillón municipal y tampoco Gennuso, que heredó la obligación.

Contralor deriva a Nación causa por desvío de fondos

El Tribunal de Contralor resolvió desestimar el juicio de responsabilidad que investigaba el desvío de más de 75 millones de pesos durante la gestión de María Eugenia Maritni. El intendente Gustavo Gennuso promovió la denuncia al asumir el mando, acusando que los fondos habían sido “malversados” al dárseles un destino distinto al que fueron creados.

La resolución del Contralor incluye al exsecretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinguer, y al actual colaborador de Gennuso, el contador Ariel Gomis, y le da intervención a la Sindicatura General de la Nación.

La carátula de la causa original buscaba conocer si existía responsabilidad de parte de los actuales funcionarios municipales por no haber reintegrado los fondos específicos al cierre del ejercicio fiscal 2015, y vinculaba a la gestión de Martini por el uso de esos fondos para financiar “gastos corrientes” de la comuna.

La investigación determinó que Martini no reintegró los fondos a sus cuentas originales antes del 8 de diciembre, para sostener los “salarios de planta municipal”.

Los integrantes del oficialismo en el Contralor, Denise Casatti y Damián Fuentes, consideraron que la gestión saliente incurrió en el delito de “malversación de caudales públicos” y que debieron restituirlos antes de cesar en su mandato. “Sería absurdo hacer pesar sobre el Intendente ingresante y su Secretario de Hacienda (Gennuso y Gomis) la obligación de reintegrar los fondos desviados por su predecesor, en el plazo de los pocos días disponibles entre la asunción del cargo y el cierre del ejercicio fiscal”, esgrimieron.

También indicaron que los hechos ya están siendo investigados en la Fiscalía 3 por otra denuncia, y opinaron que correspondía que la investigación siga su curso judicial para evitar un ”desgaste inútil del aparato estatal”.

La vocal Julieta Wallace, en cambio, defendió el accionar de Martini por estar “ajustada a derecho” y que la operación tenía que regularizarse dentro del ejercicio financiero. “La intención del legislador ha sido evitar un daño mayor frente a una posible iliquidez de caja”, justificó.

Explicó que el dinero debió ser restituido al cierre del ejercicio y que “no hay conducta jurídicamente reprochable, si hay norma que la habilita”.

“Es que resulta inadmisible en el marco de los deberes de funcionario público la apreciación tardía de la presunta comisión de un delito; si hoy el mismo hecho juzgado se considera delito, ayer debió considerárselo también”, evaluó.

Contralor deriva a Nación causa por desvío de fondos contra Martini y Genusso