Consensos necesarios

El próximo 26 de octubre volverá a sesionar la Cámara de Diputados para tratar leyes acordadas con la oposición. Es una saludable reanudación de la actividad legislativa después de la parálisis generada por la campaña electoral para las PASO, la crisis posterior en el gobierno y los desacuerdos entre el oficialismo y oposición en una agenda mínima de cooperación institucional.

El proyecto más destacado será la ley de Etiquetado Frontal, que obliga a las empresas de alimentos a informar mediante obleas bien visibles en los envases de sus productos los nutrientes críticos o que pudieran ser nocivos para la salud.

El consenso se alcanzó luego de intensas negociaciones entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias, tras la fallida sesión del 5 de octubre donde la oposición se negó a dar quórum en una sesión convocada por el oficialismo, con un temario acotado sólo a proyectos de su agrado. Los líderes opositores exigían incluir iniciativas como la Ley de Boleta Única electoral y reformar la de Alquileres, aun cuando el momento político electoral no es el mejor para tratar iniciativas de ese tipo.

La principal víctima de la intransigencia fue la propia ley de etiquetado frontal. La iniciativa obliga a las empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas a informar en una oblea octogonal que ocupe no menos del 5% del envase, nutrientes “críticos” como “excesos” de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, que se consideran causantes de enfermedades evitables. Edulcorantes y la cafeína deberán informarse y aclarar que no se recomiendan para niños ni adolescentes.

Esta ley fue tomada de la experiencia exitosa en Chile, Perú, México, Uruguay y países de Europa, donde la norma disminuyó la compra de bebidas azucaradas y los consumidores dijeron reconocer con más facilidad la calidad nutricional de los productos. Muchas empresas respondieron reduciendo el contenido en azúcar, sodio y grasas en sus productos para evitar la oblea. La medida ha sido respaldada por asociaciones médicas y especialistas en nutrición, aunque enfrenta resistencias en parte de la industria alimentaria, entre ellos el sector azucarero, cuyo lobby tiene hoy a uno de sus máximos representantes en la Jefatura de Gabinete.

En nuestro país había sido aprobada en el Senado hace más de diez meses, y tenía dictamen de comisión desde el 15 de julio.

Sin embargo, después de las PASO el oficialismo mostró un súbito apuro por aprobarla en una sesión especial, quizás para congraciarse con el electorado de clase media que le fue esquivo. La reacción opositora ante el apuro y la negativa de abrir el temario de la sesión fue negarse a dar el quórum, como un mensaje hacia el gobierno y a sus votantes sobre su intención de “marcarle límites” al oficialismo en el nuevo escenario político. La intransigencia paralizó al cuerpo y retrasó leyes importantes para las economías regionales, como el Régimen de Promoción Ovina para nuestra región patagónica y beneficios laborales y previsionales para el sector viñatero en Cuyo.

Es preocupante si esta dinámica se mantiene. Las encuestas indican que en noviembre no habrá una alteración significativa del mapa político, aun si el oficialismo lograra una “remontada” en algunos distritos. Habrá un Congreso sin mayorías contundentes y probablemente un Ejecutivo más debilitado por el revés electoral y las internas.

El país transitará dos años más de gestión de Fernández en medio de una crisis económica y social que lleva años y fue agravada por la pandemia. La negociación con el FMI, algunos ejes económicos básicos y otros políticos como nombramientos en la Corte Suprema y el resto del Poder Judicial, ambiente, seguridad, educación y política exterior, entre otros, exigirán dejar de lado egos, oportunismos y dogmatismos para hallar consensos mínimos en el marco del respeto a la Constitución y del sistema republicano y democrático que garantiza.