Análisis del conflicto Mascardi: impaciencia frente a un Estado ausente
La caravana frustrada de numerosos ciudadanos pretendía hacer muy visible el reclamo contra la violencia y sacudir la modorra del Estado frente a un conflicto sin solución de continuidad, que se agrava cada día.
La movilización se extendió por más de 3 horas. Foto: Marcelo Martínez
“El conflicto de Mascardi existe desde hace tiempo. Actuamos acorde a derecho”. La gobernadora Arabela Carreras buscaba calmar, en su Bariloche, las expresiones airadas de vecinos que perdieron la paciencia por la inacción del Estado frente a la larga ocupación de violentos en Villa Mascardi.
Los ciudadanos manifestantes, como seguramente la propia gobernadora, ven que el gobierno nacional no actúa con resolución ante los ataques a la propiedad privada, apedreamientos y hostigaciones permanentes de encapuchados. En esa zona se asentó el autodefinido lof mapuche Lafken Winkul Mapu.
El Ministerio Público Fiscal tiene varias causas abiertas por vandalismo y amenazas en Villa Mascardi, pero ninguna prospera. En definitiva, la Justicia hace agua.
El Ministerio de Seguridad de la Nación caldea un poco más los ánimos. Además del “operativo de seguridad” que impidió la manifestación, radicó una denuncia penal a los manifestantes por “instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita”. Los presume autores de un delito cuando, realidad, eran ellos los que hacían patente delitos de usurpación que nadie atina a resolver.
La caravana frustrada de numerosos ciudadanos pretendía hacer visible el reclamo contra la violencia y sacudir la modorra del Estado frente a un conflicto sin solución de continuidad, que se agrava. La mayoría quería expresar pacíficamente sobre la ruta el derecho constitucional a peticionar. Solo algún exaltado decía: “Déjennos pasar. ¡A esta gente la detenemos o los sacamos a las piñas!”
“Vine urgente a evitar una confrontación”, planteó la gobernadora buscando bajar decibeles.
Pero mientras esto decía, el lof Lafken Winkul Mapu confirmaba en un comunicado su intención de no moverse del lugar y sus objetivos beligerantes: “Hacemos un amplio llamado a toda la Nación Mapuche a acompañar y defender de la manera que consideren pertinente el territorio, dejando en claro que no habrá ninguna ofensa sin respuestas”.
Arabela Carreras viene requiriendo sin éxito visible una intervención del Estado Nacional en el marco de la mesa de resolución de conflictos. Es más, Carreras ya había sido clara al pedir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside la coterránea Magdalena Odarda, que haga un “pronunciamiento de otra manera” y sepa diferenciar a las comunidades mapuches pacíficas de “un grupo de inadaptados violentos”. Los movimientos de Odarda son interpretados como una protección a los violentos. La ex senadora le respondió a Carreras: “INAI no acusa, no procesa, ni juzga”.
La percepción ciudadana -especialmente la de los vecinos que han visto quemadas y vandalizadas sus propiedades y los que no pueden salir de sus casas por miedo- es que se eluden responsabilidades y “se pasan la pelota” entre Nación, Provincia y la Justicia.
Nación le dice al gobierno rionegrino que en los hechos denunciados “compete a la Provincia garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los habitantes del suelo rionegrino, sin discriminación alguna”.
Pero lo cierto es que el Estado no garantiza ningún derecho constitucional: ni el de la propiedad privada ni el del libre movimiento y circulación. En cambio, justamente por omisión, convalida el delito de usurpación.
Los avances son nulos en la mesa de resolución de conflictos en esa zona, y las piedras, el fuego y los saqueos siguen dominando el bello paisaje de Mascardi.
El Estado -laxo protagonista del conflicto- debió intuir que la impaciencia no tardaría en manifestarse ante un escenario anómico.
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