Conflicto mapuche: punta de iceberg de un Estado fallido

Por Sergio Wisky *

La Constitución Nacional (reformada en 1994), en su artículo 75, (incisos 22 y 17) reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Tierras que tradicionalmente ocupan, no que toman.

La Ley 23302 creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía de los pueblos indígenas. Esta ley posee un capítulo taxativo sobre posesión de la tierra y cuáles puede entregar el Estado a una comunidad.

Por otra parte, la ley 26160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, pero explícitamente lo expresó para aquellas que posean personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las ya preexistentes; es decir, es como el DNI para iniciar cualquier ejercicio de derecho.

Nadie puede reclamar derechos si no cumple esta instancia de constituirse comunidad con personería jurídica, y para ello se realizó un censo para regularizar a todas las comunidades en 4 años a partir de noviembre de 2006. Sin embargo, esta ley se ha prorrogado ya cuatro veces, y no hay visos de regularización. 16 años de promover la exclusión por parte del propio Estado y alimentando el conflicto de un sector de la sociedad excluida de las respuestas institucionales. Para tomar dimensión, sólo en Río Negro se estima que más de 160 comunidades esperan su personería jurídica. ¡Sólo en una provincia!

El plexo normativo fija un proceso para entregar las tierras a las comunidades debidamente constituidas. Se establecieron rigurosos procesos para ejercer los derechos de manera adecuada. Pero parece que se trató del decálogo de buenas intenciones y no de leyes que el Estado y la sociedad civil deberían cumplir.

Entonces, este Estado que no resuelve lo que se autoimpuso constitucionalmente y en varias leyes: ¿es impotente o termina siendo el generador de un sector social sin respuestas institucional ex profeso?  Porque esto se repite en muchas otras circunstancias, con un único resultado en común: demandas insatisfechas.

Porque el problema de las tierras es mucho más amplio que no poder asegurar estos derechos a pueblos originarios.  En octubre de 2018 se sancionó la ley 27.453 que buscaba beneficiar a 4 millones de personas que viven en 4.416 “tomas”  en todo el país, denominadas “barrios populares”. Estas personas también son excluidas de lo básico, y lo desgarrante –además– es que no eran todas las personas que estaban en esta situación.

Se trata de más del 15% de los argentinos en esta situación; en algunas ciudades este porcentaje se duplica. ¿Nos podemos imaginar tanta gente excluida de no tener y no saber algo tan básico como es la dirección de su domicilio o su comunidad originaria? Se sabe exactamente cuánto crece cada pueblo en Argentina: ¿es tan difícil planificar para que el Estado y el mercado puedan dar respuesta? No

Pero estas personas que tienen estas demandas insatisfechas son la base donde la política con lógica populista  les coloca la superficie de inscripción, construyendo una  frontera antagónica donde hay un supuesto terrateniente apátrida que los quiere esclavizar, logrando una consolidación en una articulación que hace que esta parte de la sociedad sea todo el “pueblo” en lucha por una hegemonía contra el “anti-pueblo”, que está del otro lado de esa frontera antagónica, que es flotante y -por ende- inestable. Esta lógica se rompe cuando esta demanda se institucionaliza; es decir, se ordena y se resuelve; esto genera un gran dilema para los espacios que desarrollan esta lógica de construcción de legitimidad del poder político, que se asemejaría a intentar seguir viendo el universo desde la perspectiva de Ptolomeo (que decía que todo giraba alrededor de la tierra, hasta que Copérnico dijo que todo giraba alrededor del sol).

Es así que el gran “anti-pueblo” es el propio Estado, al que han vaciado de herramientas a un extremo tal que no provee respuestas, pero que el populismo revindica como el supuesto defensor de su “pueblo”, de demandas de base popular insatisfechas.

Así su “pueblo” sigue creciendo en cantidad y enojo contra el enemigo que los populistas simbolizan en la burguesía que trabaja, se esfuerza, y -como puede- aporta con sus impuestos y convicciones a ese Estado fallido, que es urgente cambiar en forma radical para institucionalizar las respuestas que una sociedad necesita para estar cohesionada.

Entonces el gran problema no son los mapuches, ni los más de 4 millones de personas que están viviendo en tomas. El problema es la edificación de un poder político con una enorme anomalía en gobernabilidad, que lo quiere suplir con un Estado  enorme e impotente, fallido, que solo sirve de guarida de incapaces, corruptos y -sobre todo- perversos, que lo vaciaron en calidad para que su “pueblo” nunca pueda ser liberado de la opresión de la dependencia y así no tengan la  fortaleza de la soberanía individual, que los libere de la monarquía del miedo que genera no poder tener un lugar propio en este mundo, donde la última barrera de valentía institucionalizada, que debería ser la justicia, hace rato que ha huido de este escenario dejando a la Argentina disfrazada de “far west”, sin ley y sin orden.

*_Ex diputado nacional Río Negro