Condenan a una mujer por la muerte de un empleado que se electrocutó mientras pintaba los monoblocks de Mudon
Erick Ángel Bravo pintaba sobre un andamio cerca de una línea de alta tensión. Allí recibió la descarga de un arco voltaico.
Le dispararon por la espalda a un joven en el barrio Mudón de Neuquén Foto: Archivo Juan Thomes
Norma Nélida Mendoza Montecino, fue condenada a la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional, por ser declarada penalmente responsable por la muerte de un empleado que estaba trabajando para su empresa.
Luego de un juicio, que se extendió durante tres jornadas, la imputada fue condenada por el delito de homicidio culposo.
El 17 de marzo de 2017, Erick Ángel Bravo Araya, falleció tras recibir una descarga eléctrica de una línea de media tensión de 13.200 voltios, mientras pintaba unos monoblocks del barrio Mudon de la ciudad de Neuquén. En obrero de 21 años pintaba con un rodillo sobre un andamio, a unos seis metros de altura. Allí recibió descarga producto de un arco voltaico.
Durante la audiencia de determinación de pena, que se realizó el pasado jueves, la fiscal Carolina Mauri pidió que se impongan dos años y seis meses debido a que la escala penal para este tipo de delito.
Los agravantes que la fiscal tuvo en cuenta para requerir el monto de la pena son la gravedad del hecho, la naturaleza de la acción y la extensión del daño. Como atenuantes valoró la ausencia de antecedentes penales y la edad de la víctima.
Mauri requirió que se impongan las siguientes reglas de conducta conductas previstas en el Código Penal: fijar domicilio; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de alcohol; someterse al control de la población judicializada por cuatro meses; acreditar la realización de un curso de capacitación en seguridad e higiene de 80 horas y realizar la misma cantidad de horas de trabajo no remunerados en beneficio de una institución de bien público.
El abogado particular que intervino como querellante, Javier Pino Muñoz adhirió al pedido de la fiscalía y solicitó la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de la construcción tanto pública como privada por el mismo plazo de la pena.
El juez de garantías a cargo de la audiencia impuso a la mujer la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional, avaló las reglas de conducta y la inhabilitación solicitada.
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