Cómo votaron los senadores rionegrinos la ley de emergencia territorial indígena
El senador del Frente de Todos, Martín Doñate, votó a favor, Silvina García Larraburu abandonó el recinto antes de la votación y Alberto Weretilneck no participó de la sesión argumentando que tenía compromisos en la provincia.
Integrantes de comunidades mapuches respaldan la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Foto: archivo
El senador rionegrino del Frente de Todos Martín Doñate votó a favor de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena por otros cuatro años que dispone el relevamiento catastral de las tierras y suspende los desalojos. La senadora Silvina García Larraburu abandonó la sesión y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, estuvo ausente.
«Intentaron encuadrar la prórroga de la ley en estos hechos delictivos en el sur y nada tiene que ver con el conflicto», indicó Doñate y señaló que el 80% de los senadores radicales de Juntos por el Cambio aprobaron la prórroga de la ley que vence el 23 de noviembre.
«Salió casi por mayoría absoluta con la aprobación de los senadores de la oposición, salvo dos que votaron en contra y seis se abstuvieron. Convivimos con el 99% de las organizaciones de los pueblos originarios ancestrales y debemos consolidar sus derechos históricos. Quieren estar integrados a la ley y necesitan estar tranquilos», indicó el senador.
Doñate consideró que «estábamos a las puertas de quedarnos sin normativa para regular la posesión y la propiedad de tierras de aquellas comunidades originarias que están encuadradas».
Al ser consultado sobre las constantes prórrogas, Doñate consideró que hay «responsabilidades compartidas» entre las administraciones provinciales y el gobierno nacional: «No podemos seguir prorrogando la ley. Hay que tener el relevamiento total de aquellas comunidades que están registradas».
Insistió en que esta última prórroga, «nada tiene que ver con los delincuentes que actúan con vilencia fuera de la ley, afectando el patrimonio y la vida de los argentinos. Evidentemente, en el debate de esta ley, hubo un uso político y electoralista en virtud de los hechos delictivos que hay que esclarecer y castigar con el peso de la ley».
Doñate repudió los ataques en El Bolsón pero advirtió que «es llamativo que, en pleno centro de ciudades tan sensibles ocurran hechos delictivos y no aparezcan nunca pruebas contundentes de las cámaras de seguridad». También cuestionó al gobierno provincial, señalando que «no está a la altura de las circunstancias para recolectar pruebas de un hecho que ocurre en un lugar tan céntrico».
Este diario intentó comunicarse con García Larraburu pero no respondió sobre su postura respecto al tratamiento de la prórroga.
Weretilneck, en cambio, aseguró que no pudo estar presente en la sesión ya que había asumido «otros compromisos» en la provincia.
Sus allegados aseguraron que el senador presentó algunas modificaciones al proyecto original pero su propuesta no fue aceptada. «Weretilneck básicamente pedía plazos. Le daba 3 años al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) para hacer el relevamiento y ponía límites al surgimiento de comunidades a partir de la sanción de la ley», explicaron desde su entorno.
Desde el bloque oficialista, cuestionaron que «de haber interés por parte de Weretilneck en cambiar la normativa, hubiera estado presente«.
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