Cómo es el plan de Nación para apuntalar las inversiones

La inestabilidad que se desató luego de las elecciones PASO y con ella la dispara del Riesgo País pusieron en jaque a un factor clave para el desarrollo nacional, y en especial de Vaca Muerta, como es la llegada de nuevas inversiones. Es por esto que desde Nación se elaborara un proyecto de ley con el objetivo de apuntalar a las grandes y también a las medianas empresas.

La propuesta está en la última fase de trabajo antes de ser presentada al Congreso pero tanto desde la cartera de Industria como desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) se emprendió una rueda de consultas que no pasó por alto a Neuquén, la provincia que capitaliza a Vaca Muerta, y también una de las que concentra la mayor cantidad de inversiones de todo el país.

“Lo que buscamos con estos proyectos es darle estabilidad a las inversiones en el largo plazo con un pilar fundamental como es la seguridad jurídica y también dando incentivos fiscales para el pago de impuestos nacionales a futuro”, explicó el subsecretario de Industria de la Nación, Sergio Drucaroff en diálogo con Energía On quien explicó que la iniciativa se presentará junto con la ley Pyme 2.0.

La ley de Promoción de Inversiones contempla que si las provincias la ratifican se genera un compromiso de estabilidad fiscal. “Tanto a nivel nacional, provincial como municipal, el compromiso es que a lo largo del plazo de la inversión no se va a poder modificar la carga tributaria”, explicó el director general de Inversiones de la Aaici, Francisco Uranga, y remarcó que “es un sistema como el que tiene la Ley Minera, donde no se puede modificar la carga tributaria en ese caso por 35 años”.

Este plan se apoya por un lado en la posibilidad de que ante una disputa el inversor pueda optar por apelar a un arbitraje en el país o en el exterior. “Esto es la seguridad jurídica, porque son plazos mucho más rápidos que los de la justicia ordinaria”, indicó.

Pero el proyecto contempla otros ejes nodales y contempla a todos los sectores del país. Por un lado se incorpora la posibilidad de realizar una amortización acelerada de la inversión en bienes de capital. “Se aceleran los plazos cinco veces, si tomaba diez años, ahora son dos, porque el objetivo es evitar el efecto de la inflación en el largo plazo”, detalló Uranga.

En el caso de las instalaciones la iniciativa contempla que se puede amortizar el 50% por año, al igual que con las maquinarias y equipos. Mientas que es del 10% anual para las obras civiles.

La iniciativa contempla además la posibilidad de deducir quebrantos más allá de los cinco años que hoy fijan las leyes, y contempla como gran aliciente un bono fiscal que se puede utilizar una vez completada la inversión para saldar impuestos como IVA y Ganancias.

“Es del 25% de la inversión para los que ingresen en el primer año, 20% en el segundo y 15% en el tercero y es decreciente para que se presenten antes”, indicó y explicó que “el bono puede además ser cambiado en el mercado secundario”, aunque con la limitación de poder utilizarse el 20% del monto del bono por año.

Con estas herramientas que incorpora el proyecto de ley se busca emular las experiencias de otros países de incentivar las inversiones, al permitir que el bono y la amortización anticipada funcionen como una reducción del costo financiero, mejorando la tasa de retorno.

Para acceder a estos beneficios el plazo ventana es de tres años, las inversiones deben ser nuevas y superar el piso de los 10 millones de dólares, por lo que si bien se estima que generará un derrame sobre el resto de la economía, el plan se da acompañado por el proyecto para las pymes.