En el municipio cipoleño evalúan no contratar a personas con condena firme

Las personas condenadas por delitos dolosos y quienes no estén al día en el pago de la cuota alimentaria no podrán ser contratados por el municipio si se aprueba el proyecto que trabaja la presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti (ARI). Si podrán ser empleadas aquellos que hayan purgado su condena. La iniciativa incluye a personas que tengan una condena firme excarcelable, ya que en caso de ser de prisión efectiva cumpliría la pena en la cárcel.

La concejala elabora un proyecto de ley que incorporará modificaciones en las atribuciones para la contratación de personal. El boceto del proyecto estipula que se impedirá contratar a “toda persona que haya sido condenada por delito doloso, hasta que el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, y quienes se encuentran incluidos en el Registro de deudores alimentarios de la provincia de Río Negro según lo previsto en la ley 3475 y las posteriores modificaciones de la norma”. Los delitos dolosos son los que implican intencionalidad.

“Esta posibilidad abre el debate de las condiciones que el Estado debe poner acento a quiénes son los ingresantes. Como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 16 el requisito básico para trabajar en el Estado es la idoneidad , sin perjuicio de esto tenemos que garantizar que los ingresantes cumplan con determinados requisitos”, expresó.

En el artículo 69 de la Carta Orgánica municipal se le da atribuciones al CD para modificar los requisitos para la contratación.

Esta iniciativa que está en su génesis modificará algunos puntos de la ordenanza del Estatuto Municipal poniendo en el acento en el impedimento de las personas con penas firmes. Se evalúa también incluir a personas con condenas contra la administración pública.

La concejala fundamentó la decisión de incluir a las persona que no cumplen con la cuota alimentaria “porque afecta los derechos de niños y adolescentes”.

Lazzaretti indicó que “este proyecto de ordenanza será puesto a consideración de los gremios, dado que es necesario profundizar algunas situaciones que existen en la dinámica del trabajo municipal y es de utilidad conocer sus opiniones”, explicó.

“Esta posibilidad abre el debate de las condiciones en las que el Estado debe poner acento para determinar a quién contrata”.

María Elisa Lazzaretti, presidenta del Concejo Deliberante cipoleño.

La iniciativa incluye a personas que tengan una condena firme excarcelable, ya que en caso de ser de prisión efectiva cumpliría la pena en la cárcel.