Por qué el marketing abusivo reduce el derecho a la lactancia

En la Argentina, sólo el 44% de los bebés es alimentado por lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida. Uno de los factores principales que afecta el derecho al amamantamiento es el “marketing abusivo de las fórmulas para lactantes y leches modificadas para niños”, advirtieron la Asociación Argentina de Salud Pública, la Liga Internacional de la Leche, la Sociedad Argentina de Pediatría y las fundaciones FUNDEPS y FIC, entre otras 9 organizaciones, con apoyo de la Unicef.

Lo hicieron porque diversos productos, que se conocen como sucedáneos de la leche materna, son promovidos a través de publicidades no reguladas y medios digitales. Se incluyen declaraciones de propiedades nutricionales y de salud en los mensajes. Sin embargo, los expertos alertaron que esos productos pueden tener efectos negativos en la nutrición y la salud de los bebés y sus madres. También acarrean impactos ambientales y económicos desfavorables.

Ese marketing abusivo va en desmedro de la lactancia materna y sus beneficios. Se sabe que si el bebé accede por más de 6 meses al amamantamiento, se reduce un 22% su riesgo de muerte. También se baja el riesgo de que sufra diarreas en un 50% y enfermedades respiratorias en un 33%. Los organismos sanitarios nacionales e internacionales recomiendan que el bebé debe ser amamantado desde la primera hora de vida.

Debe tener acceso a la lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses. Luego la lactancia debe seguir hasta los dos años de vida o más tiempo junto con la introducción de alimentos complementarios adecuados.

Las fórmulas para lactantes son necesarias solo en situaciones en que está contraindicada la lactancia o en las que no se desea y de manera autónoma e informada se decide no amamantar.

Ley integral

Las 14 organizaciones reclaman la sanción de una ley nacional integral en el país. Esa norma debería regular la comercialización de sucedáneos, mamaderas, tetinas, chupetes y alimentos complementarios.

También se debería prohíbir toda mención o declaración de propiedades nutricionales y de salud en el etiquetado, toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos designados.

Se debería regular todo conflicto de interés en instituciones de salud y asociaciones profesionales. Además debería existir un sistema eficaz y transparente de monitoreo, fiscalización y aplicación de sanciones.