Central Nuclear: piden información y ahora tienen que pagar

La efervescencia y la polémica ante el anuncio de que se proyecta instalar una usina nuclear en la costa marítima rionegrina continúan alterando la cotidianidad de los habitantes de esta parte de la Patagonia. Después de la marcha desarrollada el miércoles que concentró a más de 2.000 mil personas en Viedma, entre las que hubo residentes de Sierra Grande, San Antonio, Conesa y de ciudades de Chubut, ayer se conoció que la Justicia no dio curso a una presentación de ciudadanas en contra de la iniciativa oficial.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) desestimó por mayoría un recurso de amparo informativo interpuesto por dos ciudadanas de esta capital que habían reclamado, sin obtener resultados positivos, detalles del convenio que firmó el gobierno nacional en China para construir la planta.

La decisión se tomó por mayoría con el voto de rechazo de los jueces Adriana Zaratiegui, Liliana Piccinini y Sergio Barotto. Se abstuvieron Enrique Mansilla y Ricardo Apcarián frente al pedido formulado por las ciudadanas Carolina Leonardelli y Analía Martín. Ambas deberán pagar las costas de la presentación.

La vocal Zaratiegui fundamentó su rechazo basándose en que el gobierno provincial informó que el acuerdo no fue recibido.

Leonardelli cuestionó inicialmente que “no es un tema liviano para abstenerse” por lo tanto consideró que “o están mintiendo con algo que no existe o esconden información real, y cualquiera de las dos cosas están mal”.

Te puede interesar: “Incumplen con las leyes ambientales de la provincia y la Nación”

A su entender “los rionegrinos no nos merecemos esto y nos tratan de tarados porque hasta el propio intendente (de Viedma, José Luis Foulkes) no cuenta con información”. Insistió en preguntar “por qué no muestran, qué es lo que tienen que esconder”.

Esta acción de amparo se había presentado invocado el artículo segundo de la Ley N 1.829 que establece el libre acceso a las fuentes de información pública, y expresa en su artículo primero que los poderes públicos del Estado deben brindar toda aquella que se les requiera de conformidad con los artículos 4 y 26 de la Constitución provincial.

Durante la marcha del miércoles se indicó que entre otras instituciones, la iglesia se mostró contraria a la idea de la instalación de una central en la zona.

“Hoy no están dadas las condiciones para realizar este emprendimiento” a pesar de “la necesidad que tiene el país de más energía eléctrica; la oportunidad laboral que brindará esa planta; la urgencia de generar otros tipos de energía que no emita gases de efecto invernadero” y “los insumos médicos que se obtienen”, indicaron en un comunicado los obispos Virginio Bressanelli, Fernando Croxatto (electo de Neuquén), Marcelo Cuenca (Alto Valle del Río Negro), Juan José Chaparro (San Carlos de Bariloche), Miguel Ángel D’Annibale (Río Gallegos), Joaquín Gimeno Lahoz (Comodoro Rivadavia), Esteban Laxague (Viedma), José Slaby (Esquel), Fernando Bargalló (emérito de Merlo-Moreno), Miguel Hesayne (emérito de Viedma), Marcelo Melani (emérito de Neuquén), Néstor Navarro (emérito de Alto Valle del Río Negro) y José Pedro Pozzi (obispo emérito de Alto Valle del Río Negro).