Causa Fuentealba II: cuatro meses de plazo para acusar a jefes policiales
Lo dispuso un juez de Garantías en una audiencia que empezó el miércoles y terminó este viernes.
El docente Carlos Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 cuando participaba de una protesta docente. Foto: archivo
El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli otorgó cuatro meses de plazo para la investigación en la causa Fuentealba II, en la que se busca determinar la responsabilidad de los jefes policiales en la represión en la que fue asesinado el maestro de Neuquén. Hay 14 imputados, entre los que no se encuentra el exgobernador Jorge Sobisch.
Se reactiva la causa Fuentealba II en Neuquén
En el plazo otorgado ayer, la fiscalía y la querella podrán reunir pruebas y luego presentarse a la audiencia de control de la acusación, en la que se definirá si los policías van a juicio oral o no. Sobisch figuró entre los imputados en una época pero ya quedó afuera de la causa, en la que están involucrados todavía quienes fueron jefe y subjefe de la Policía durante su gobierno, Carlos Zalazar y Moisés Soto, y el jefe del operativo represivo Mario Rinzafri.
Los querellantes en representación de Sandra Rodríguez, expareja de Fuentealba, son Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña. Ayer al término de la audiencia dijeron que «la decisión del juez adquiere suma importancia pues fija el marco de la readecuación de este proceso, en función de lo resuelto por La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Justicia de Neuquén, partiendo de los derechos humanos y del respeto a las garantías procesales de la víctima y de los imputados».
Añadieron que la audiencia exhibió, a través de las distintas pretensiones de las partes, «la complejidad del asunto, pues ni el Código Procesal vigente ni la ley de transición fijan una pauta precisa para resolver una situación como ésta».
La causa Fuentealba II refiere a hechos ocurridos el 4 de abril de 2007, cuando el cabo primero Darío Poblete asesinó al docente en Arroyito. Se tramitó bajo el anterior Código Procesal, que perdió vigencia en 2014, y una de los temas en debate era el encuadramiento procesal que debía darse al legajo.
El expediente llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó una nueva sentencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén anuló los sobreseimientos dictados. Un fiscal ya jubilado, Alfredo Velasco Copelo, fue el que desistió de la acusación contra los imputados salvo un policía, Benito Matus.
«Es muy importante que el juez Ravizzoli haya basado su resolución en las directrices fijadas por los altos tribunales que intervinieron posibilitando la prosecución de los procedimientos, pero también que haya aplicado el principio de razonabilidad, fijando un plazo para concluir la etapa de investigación», añadieron los querellantes.
Los defensores Gustavo Lucero y Daniela Ossa habían pedido que ese plazo fuera de 5 días y no de 4 meses. «Tuvieron años para investigar», se quejaron. Impugnarán la decisión de Ravizzoli, según anunciaron ayer.
Mientras tanto los querellantes dijeron que están procesando «todo el material informativo» como declaraciones, documentos escritos y audiovisuales «y hemos asumido la responsabilidad de producir el informe pericial ofrecido en su momento».
«Las víctimas y la sociedad neuquina merecen que este proceso se cierre adecuadamente y que se garantice el derecho a la verdad; la posición de la Fiscalía en la audiencia y del Magistrado en relación al reencauzamiento del proceso, representa un aporte muy importante en miras a ese objetivo», indicaron.
Los imputados, además de Zalazar, Moisés Soto, Rinzafri y Matus, son Adolfo Soto, Jorge Garrido, Julio César Lincoleo, Aquiles González, Rubén Hernández, Pablo Oddone, Félix Torres, Cristian Vázquez Salinas, Luis Alberto Rodríguez y Oscar Lezama.
El fiscal jefe que tomó el caso por indicación del fiscal general José Gerez es Maximiliano Breide Obeid, y los defensores son Gustavo Lucero, Daniela Ossa, Nahuel Urra, José María Díaz Villar, Raúl Caferra y Esteban Sampayo.
Quejas de la defensa
El defensor Lucero, quien junto con su colega Ossa representan a varios de los imputados, dijo por su parte que «fallos como estos son los que tanto mal le hacen a la justicia».
«Un juez (por Ravizzoli) que por un lado me dice que la investigación está concluida, y luego me dice que hay que seguir cuatro meses más. Un juez que les concede a los acusadores, que nada hicieron hasta ahora, más tiempo todavía», reclamó.
En el mismo sentido, dijo que el magistrado «se olvida de las garantías de los imputados».
Cuestión además a «una justicia que recién 14 años más tarde se da cuenta de que este caso hay que seguir investigándolo. Lo peor que puede sucedernos es una Justicia con falta de lógica, sentido común e independencia, porque no resulta creíble y mucho menos respetable».
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