Causa espionaje: allanan la casa del secretario privado de Macri
Se trata de Darío Nieto, quien asistió al expresidente durante los cuatro años de gestión. Un juez ordenó el allanamiento en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas, gremialistas, empresarios y jueces.
La casa del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, fue allanada por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la causa por el espionaje ilegal a políticos, periodistas, jueces, gremialistas y presos.
En esta causa aparece mencionada la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, señalada como la persona que recibía informes de los seguimientos y se los entregaba a Nieto. Los datos surgieron luego que la querella de Cristina Kirchner aportara registros públicos de la Casa Rosada que revelarían que recibió a agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su oficina.
Darío Nieto ha sido uno de los pocos funcionarios del gobierno anterior que siguió con su rutina habitual -siempre cerca de Mauricio Macri – luego de la derrota electoral de Juntos por el Cambio, informa hoy el diario La Nación.
Se lo veía siempre junto a Macri en sus viajes al interior y al exterior del país -aun en los trayectos diarios en helicóptero desde la quinta de Olivos hasta la Casa Rosada.
Nieto (de 35 años) está convencido de hay una «maniobra político-judicial» en los revelados casos de espionaje ilegal que apuntan al gobierno de Cambiemos y al propio presidente.
Comenzó su carrera como asesor ad-honorem del legislador porteño Jorge Sanmartino, leal a Ricardo López Murphy, y empezó a trabajar en la juventud del partido.
Pasó por el Consejo de los Derechos del Niño porteño, y de allí, al despacho del legislador porteño Francisco Quintana , del riñón del entonces secretario de Gobierno porteño, Marcos Peña.
Al llegar Macri a la Casa Rosada, Nieto asumió, junto a Mariano Lomolino, como secretario privado del Presidente, con muy bajo perfil.
El juez Villena investiga una organización integrada por miembros de agencias de seguridad –AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal– que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron actividades en supuesta violación a la Ley 25.520. Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba -según la denuncia- al espionaje a representantes políticos o periodistas.
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