Catriel: denunció un abuso sexual pero la fiscalía archivó en un mes y no la notificó

A comienzos de 2018 se popularizó una tendencia en Twitter con el hashtag «yo te creo» que sirvió para que muchas mujeres se animaran a denunciar casos de violencia de género y abusos sexuales, incluso hechos que habían ocurrido varios años atrás. Fue el caso de una joven de Catriel que luego de 9 años tomó coraje para dar testimonio de un gravísimo caso de abuso sexual que sufrió en 2009.

 Hace días se cumplieron tres años de esa denuncia. La respuesta del Estado, en este caso la fiscalía, fue archivar la causa un mes después, en junio de 2018, con el agravante que prácticamente no se tomó una sola medida de investigación y ni siquiera notificaron a la víctima de que la causa fue abandonada. La joven se enteró por RÍO NEGRO que hace casi tres años el proceso penal cesó. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti informaron que del expediente surge que la joven solicitó no ser notificada sobre los avances de la causa, algo que no solo fue desmentido por la mujer sino que no es jurídicamente aplicable.

El Ministerio debe informar de todas las resoluciones, independientemente de la voluntad de las partes.  Según contó la víctima en mayo de 2018 se presentó en la comisaría Novena para contar un abuso que sufrió en 2009, por un joven también de esa localidad.

Días más tarde la citaron de la fiscalía descentralizada de Catriel, a cargo de Analía Díaz. Luego de solicitarle algunos datos, no le tomaron declaración, le informaron se comunicaría con ella la fiscal Eugenia Vallejos quien en ese momento estaba a cargo de la unidad temática de género. Hasta hoy no ha recibido ningún llamado. Vallejos dejó la Unidad Temática que hoy está a cargo de Anabella Camporesi y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. 

La mujer, hoy con 26 años, declaró que cuando tenía 15 años fue abusada sexualmente por un varón de 17 años, también de la localidad de Catriel. Tras un largo proceso que incluyó un intenso trabajo personal se animó a denunciar, 9 años después.  

Llamativamente el Ministerio Público Fiscal no hizo nada para esclarecer el hecho. Es cierto que no había testigos y solo se contaba con la declaración de la víctima, suficiente para avanzar en un proceso penal, incluso para condenar. El paso del tiempo tampoco jugó a favor de la justicia, pero la fiscalía ni siquiera citó a la mujer para escuchar su relato. Tampoco se le brindó contención psicológica.

La víctima y el victimario se conocían e incluso estaban entablando una relación. En diciembre de 2009, salieron a dar un paseo en el auto de los padres del acusado. En esa circunstancias, el joven la violó en el asiento trasero del vehículo y luego la dejó en su casa.

Violencia institucional

Análisis

El artículo sexto de la ley de protección integral de la violencia contra las mujeres (ley nacional 26.485) define a la violencia institucional como aquella realizada por las y los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Claramente lo que sucedió en Catriel con esta víctima de abuso sexual es un caso de violencia institucional.

A veces, el silencio hace estragos. Se vuelve tortuoso. En este caso, no solo está en tela de juicio la inacción en lo que refiere estrictamente al campo jurídico, sino que hubo un total desamparo por parte del Ministerio Público de Cipolletti y de Catriel, como representantes del Estado, del cuidado físico y emocional de la joven mujer.

Ella, cuando se sintió acompañada por los movimientos que buscan visibilizar los casos de abuso y de violencia, después de muchos años, se animó a denunciar. Pero la propia fiscalía la silenció en menos de un mes con el archivo de las actuaciones.

En tres años jamás la contactaron ni siquiera para avisarle del archivo, ni para escucharla, ni para informarle sus derechos. Mucho menos para darle intervención a la Oficina de Atención a la Victima (Ofavi) que tiene a un grupo de profesionales destinadas a trabajar con exclusividad este tipo de casos.

En ese expediente que junta polvo en algún espacio virtual, figuran todos los derechos que rodean a las víctimas de abuso y de violencia, todos vulnerados por el propio Estado. El derecho a una asistencia legal, a la protección de su integridad física y emocional, a constituirse en querellante si es que a la fiscalía – como hizo con otros casos -no le interesaba seguir adelante.

Supuestamente este nuevo código procesal venia para poner a la víctima en un lugar preponderante. La de Catriel, luego de tres años, todavía está esperando un llamado. Ni siquiera una respuesta.