Caso Rafael Nahuel: confirman que el disparo letal salió del arma de otro albatros

Es la conclusión que arrojó el último punto pericial que se hizo en Salta. El juez federal subrogante de Bariloche citó al nuevo sospechoso para ampliar su indagatoria. Aceptaron a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación como querellante en la causa.

El último punto de la pericia balística, que hizo el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, ratificó que la bala que mató al joven mapuche Rafael Nahuel salió de la pistola del albatros de Prefectura Naval Sergio Guillermo Cavia. El homicidio ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 y aún está impune.

Además, el juez federal subrogante Gustavo Zapata admitió como querellante en la causa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del secretario Horacio Pietragalla Corti, con el patrocinio letrado de Mariano Przybylski.

El abogado de la APDH Bariloche Sebastián Feudal informó que la pericia balística finalizó. Explicó que el último punto consistía en confrontar las balas que había disparado el perito oficial Roberto Nigris durante la primera pericia balística en 2018, para compararlas con el proyectil calibre 9 milímetros que habían extraído del cuerpo de la víctima.

Feudal dijo que a partir de ese trabajo balístico comparativo, los peritos ratificaron el resultado que habían obtenido en enero último: que la bala letal salió de la pistola de Cavia.

Estimó que el próximo paso será observar el informe pericial para evaluar cómo sigue adelante la causa, que se originó tras el homicidio de Nahuel que ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche.

Las pericias

Zapata, a cargo del juzgado federal de Bariloche solicitó una tercera pericia por una directiva de los jueces subrogantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, para despejar las dudas. Las dos pericias anteriores habían arrojado resultados contrapuestos.

Los peritos oficiales Karina Uribe y Nigris concluyeron a mediados de 2018, con la adhesión de la perito designada por la querella Silvia Bufalini, que la bala causante del homicidio del joven mapuche había salido del subfusil MP5 asignado al albatros Francisco Javier Pintos. En cambio, peritos de Gendarmería afirmaron que la bala no se correspondía con los subfusiles MP5 asignados a Pintos ni al albatros Juan Ramón Obregó.

En ninguna de esos dos peritaciones se había mencionado la posibilidad de que el proyecto haya correspondido al arma de Cavia. Por eso, el resultado sorprendió en Bariloche. Es que durante más de 2 años, Pintos había sido señalado como el principal sospechoso del homicidio de Rafael.

Pintos, Obregón y Cavia, junto con los albatros Sergio Damián García y Carlos Valentín Sosa integraban la patrulla que interceptó la tarde del 25 de noviembre de 2017 a un grupo de jóvenes mapuches, en la montaña en Villa Mascardi.

La patrulla custodiaba el predio por orden del juez federal Gustavo Villanueva, tras el desalojo de los miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu de dos predios de Parques Nacionales que había usurpado a principios de noviembre de 2017.

Tras el homicidio, los cinco albatros fueron indagados y procesados -sin prisión preventiva- a principios de enero de 2019 por el entonces juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, que les atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, pero cometido con exceso en la legítima defensa.

Fuentes judiciales informaron que Zapata citó para los próximos días a Cavia para ampliar la indagatoria a partir de las conclusiones de la tercera pericia. También comparecerían los otros albatros.

Indagados y procesados

Villanueva indagó en 2018 a los albatros. En esa ocasión, alegaron que habían sido emboscados en la montaña mientras patrullaban y los habían atacado un grupo de mapuches la tarde del 25 de noviembre de 2017. Algunos declararon que algunos mapuches portaban hasta armas de fuego. Por eso, desde el primer momento la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó la teoría de que hubo un enfrentamiento.

Sin embargo, ningún albatros fue herido por arma de fuego. En cambio, Nahuel murió por un proyectil que salió del arma de un albatros. También una joven y un hombre de la comunidad mapuche sufrieron lesiones de arma de fuego.

Aunque los defensores particulares de los albatros sostienen la hipótesis del enfrentamiento, a partir del estudio que halló partículas de compuestos químicos que tiene la pólvora en las manos de tres jóvenes mapuches, incluido Nahuel.

El fallo de Moldes fue impugnado y el expediente llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal que anuló todo lo que había hecho la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, con fuertes críticas a la mayoría de ese tribunal.

Por eso, la Cámara Federal de Roca, integrada con jueces subrogantes, dictó un nuevo fallo de acuerdo a los lineamientos dictados por la Cámara Federal de Casación Penal. Hoy, los cinco albatros están con falta de mérito, pero siguen vinculados a la causa.

Suman otro querellante

“Entiendo que resulta incuestionable la capacidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intervenir en este expediente. Máxime, si se toma en consideración lo normado en la Decisión Administrativa citada por el presentante en la cual se insta a su cartera a intervenir en casos como el presente”, sostuvo el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, en la resolución que dictó el martes.

El titular de ese organismo, Horacio Pietragalla Corti, había explicado en la presentación ante el juez que el Jefe de Gabinete de Nación había indicado a principios de octubre de 2020 a esa Secretaría ejercer la querella “en aquellos casos donde se encontraren configuradas graves violaciones de los derechos humanos que prima facie constituyan crímenes de lesa humanidad y en las que se refieran a hechos violatorios de los derechos humanos que produjeran conmoción y/o alarma social”.

El funcionario nacional alegó que, según la prueba recolectada en el expediente, «Rafael Nahuel fue asesinado por un miembro de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de un operativo pergeñado por el propio Estado, lo cual exige el máximo esfuerzo estatal para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”. En la causa ya eran querellantes los padres de la víctima y la APDH Bariloche.


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