Caso Otoño: Suman audiencias y pierden dos años de investigación

El caso Otoño Uriarte parece destinado a un tortuoso e injusto final. La causa sigue acumulando audiencias en una contienda de partes para definir si el proceso debe caducar pero ninguna sobre la cuestión de fondo. La Corte Suprema debe definir si cierra la investigación.

La causa penal por la desaparición y posterior homicidio de la joven estudiante de Fernández Oro comenzó en 2006 y luego del sobreseimiento de los seis acusados, la fiscalía consiguió una nueva chance en 2017 cuando cambió el código procesal penal.

Sin embargo días atrás se confirmó que la causa está hace dos años sin trámite en la Corte. El tiempo perdido es irrecuperable para las pesquisas. El fiscal jefe Santiago Márquez adelantó que deben esperar esa resolución para avanzar en la investigación.

A modo de cronología, Otoño Uriarte, de 16 años, desapareció el 23 de octubre de 2006 y su cuerpo fue hallado en una usina del paraje El Treinta seis meses después, el 24 de abril de 2007.

Una de las principales hipótesis fue que la secuestraron para la trata de personas pero no llegó a fondo con esa teoría. Cuando la a jueza de instrucción Sonia Martín (que heredó la causa de una magistrada destituida) dictó el sobreseimiento en 2014 de todos los acusados lo hizo por vencimiento de los plazos legales.

Es decir que sí en 2014 ya estaban vencidos, el paso del tiempo sigue jugando a favor de los acusados.

Esta medida alcanzó a Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.
En 2017, antes del cambio del código procesal que se produjo el 1 de agosto de ese año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló a favor de un recurso de casación y evitó que la causa por el crimen de Otoño se archivara.

El exfiscal José Rodríguez Chazarreta presentó la medida apelando los sobreseimientos de los seis imputados. Así, el Superior le devolvió a la fiscalía la posibilidad de reabrir el expediente. Los seis implicados al proceso están acusados por encubrimiento agravado.

La defensora general Rita Custet, hoy jueza de Tribunal de Impugnación, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Eso ocurrió en 2017 pero, sorpresivamente, se supo que para estar comprendidos también en esa medida cinco de los seis imputados tendrán que pagar ante la Corte.

El defensor público Juan Pablo Piombo acreditó que Saavedra, Calfiqueo, Jafri, Cau y Antilaf carecen de medios para afrontar los gastos en la Corte. Para litigar, primero hay que pagar. El caso de Lagos es distinto ya que tras los sobreseimientos en 2014 la fiscalía no logró ubicarlo.

A través de informes provenientes del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor y de visitas por parte de trabajadores sociales del Poder Judicial, la defensa probó que el grupo de los cinco no tiene las condiciones económicas para litigar en la Corte.

Márquez Gauna no objetó y de hecho reconoció que él fue secretario de la causa (hace 10 años) y que conoce a los imputados y siempre mantuvieron los mismos medios de vida y residieron donde los encontraron en la actualidad, para hacer la audiencia.

Con el beneficio de litigar sin gastos autorizado por el juez Julio Sueldo los imputados podrán hacer sus planteos ante la Corte para quedar finalmente desvinculados de la causa. La fiscalía, por su parte, intentará seguir adelante con la investigación que ya lleva 13 años.