Caso Otoño: revelan que hubo una investigación paralela ilegal
Surgió en el fallo laboral de la exjueza María del Carmen García contra la provincia. Los apuntados: el expresidente del STJ Víctor Sodero Nievas y el exsubjefe de la Policía Víctor Cufré.
El femicidio de Otoño Uriarte continúa impune.
El caso de la desaparición de la joven Otoño Uriarte salpicó todos los estamentos de la justicia, incluso ahora del fuero laboral. Es que allí se reveló la existencia de una comisión paralela comandada por el exsubjefe de la policía Víctor Cufré y de la que participaba el exjuez del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas. Se reunían en un gimnasio de Fernández Oro, hablaban con el padre de la víctima; todo ello por fuera de la investigación judicial formal. El femicidio sigue sin resolverse.
“La Dra. García (primera jueza del caso) soportó los embates de la prensa, la inutilidad de la policía, la falta de compromiso del Fiscal (Oscar Cid) y la falta de apoyo institucional, sin perder su dignidad, sin claudicar en sus principios y con toda la energía y dedicación que pudo ponerle. Pero en cierto momento el deterioro físico y psíquico se hizo aún más notorio y fue complejo trabajar”, fueron las palabras textuales del actual jefe de los fiscales de Cipolletti Santiago Márquez Gauna.
Se trata de uno de los funcionarios judiciales que más conoce la causa y mano derecha de la jueza destituida en 2012. Márquez Gauna fue el primer secretario que tuvo la investigación y después la siguió como fiscal jefe. El año pasado, el Procurador decidió quitarle la competencia y pasarle las pesquisas a la fiscal Teresa Guiffrida de Roca. Las razones no se explicaron.
La Cámara del Trabajo le ordenó a la provincia que indemnice a la jueza destituida por una patología que se denomina “quemarse por el trabajo”: burnout. Se probó que María del Carmen García había asumido con buena salud y que las condiciones laborales y la dinámica del juzgado le causaron tamaño trastorno. El testimonio de Márquez Gauna fue central, junto con el de otros funcionarios como Maximiliano Breide Obeid (fiscal de Neuquén) y la jueza cipoleña Alejandra Berenguer.
Pero el fiscal jefe hizo una revelación de mayor peso para la investigación: “A la complejidad de este caso, se sumó la existencia de una comisión policial paralela que investigaba sin control judicial. Propiciada por el entonces subjefe de la Policía Víctor Cufré. Este sujeto fue quién fomentó la existencia de comisiones policiales de investigación paralelas, que se reunían en el Gimnasio de la localidad de General Fernández Oro, con la clara intención de evadir el control judicial de dicha actividad y controlar a las masas, para de esa manera cargarle todas las culpas de la ineficiencia policial de aquel momento a la Dra. Garcia García”, precisó Márquez Gauna. Las declaraciones se consignan textuales en la sentencia que está publicada en la página del Poder Judicial.
Continuó el fiscal jefe – entonces secretario –: “Recuerdo haber escuchado personalmente en una intervención telefónica como el progenitor de Otoño, el Sr. Roberto Uriarte conversaba con el por entonces Juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Dr. Víctor Sodero Nievas sobre medidas de investigación y hallazgos de indicios relevantes para la investigación, sin que nosotros tuviéramos conocimiento de ello. Vale decir, existía un contacto directo del progenitor de la joven con el magistrado de referencia en el que se manejaban hipótesis de investigación y diligencias probatorias sin que el Juez del caso lo supiera. Recuerdo la gravedad de tal hecho y mi sorpresa al escucharlo”. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que hasta el momento no hay investigaciones en curso sobre estas declaraciones.
La investigación sigue abierta
La investigación por la desaparición de Otoño Uriarte, de 16 años, se inició en 2006. La joven vivía en Fernández Oro, iba al colegio secundario y jugaba al vóley. La policía, por esos meses, siempre la buscó con vida y nunca barajó la posibilidad de encontrarla en el escenario que se les apareció en abril de 2007.
En ese momento estaba al frente de la comisaría de Fernández Oro Ives Vallejos, luego promovido como primer jefe de la Regional Quinta cuando se creó esa unidad en Cipolletti. Durante un largo tiempo también estuvo a cargo de la comisión que investigaba el homicidio el comisario Daniel Jara, que fue designado el máximo jefe policial durante la gestión provincial de Alberto Weretilneck e incluso resistió los primeros meses de Arabela Carreras.
La jueza García -entre 2007 y 2010- procesó dos veces a ese grupo de sospechosos conformado por Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo. La primera vez la Cámara Criminal, que en ese entonces revisaba la actividad de los jueces y juezas de instrucción, declaró nulo el procesamiento puesto que se les había imputado el homicidio y el encubrimiento, algo jurídicamente imposible.
“Recuerdo haber escuchado en una intervención telefónica cómo el progenitor de Otoño conversaba con el exjuez del STJ, Sodero Nievas” .
Santiago Márquez Gauna, fiscal jefe de Cipolletti
Luego, la jueza modificó el hecho y los volvió a procesar, aunque la Cámara objetó la escasa prueba que había en contra de los acusados. Vencida con esos dos intentos, la magistrada tomó una licencia y ya nunca más regresó. El Consejo de la Magistratura la sometió a juicio político y la destituyó por inhabilidad psíquica sobreviniente.
Para ese entonces, año 2010, la secretaria de la Cámara Criminal Primera, Sonia Martín, fue propuesta, en la urgencia, para hacerse cargo como jueza sustituta no solo de la causa Otoño sino de todo lo que había en el Juzgado de Instrucción N°2.
Ese Juzgado fue el primer organismo judicial penal que tuvo la Cuarta Circunscripción cuando se separó de Roca y quedó abarrotado de causas el mismo día que empezó a funcionar. Los sospechosos de siempre quedaron con falta de mérito que era una figura intermedia del anterior código procesal penal y finalmente en 2014 la jueza Martín, que ya era la titular del juzgado, firmó los sobreseimientos por falta de pruebas.
En una actuación casi estelar, el fallecido fiscal José Chazarreta interpuso una casación, llegó al Superior Tribunal de Justicia y logró que, antes del cambio de código procesal en 2017, la causa se salvara en manos de Márquez Gauna que ya era jefe de fiscales.
Rita Custet, defensora general, hoy jueza del Tribunal de Impugnación, llevó la causa a la Corte Suprema de la Nación en la búsqueda de una resolución favorable para los imputados. Después de años en el máximo tribunal nacional se conoció una mínima resolución de una carilla que, entre vericuetos legales, habilitaba a seguir investigando. De ahí la causa pasó de Cipolletti a Roca.
El jury a Cid
El fiscal Oscar Cid también fue sometido a juicio político al igual que la jueza García. De todas formas, el funcionario corrió mejor suerte porque en la acusación le pidieron 20 días de suspensión por mal desempeño y el Consejo de la Magistratura lo terminó absolviendo por mayoría. En la actualidad sigue en funciones en la circunscripción.
En el jury a Cid le atribuyeron supuestas demoras en el envío de transcripciones telefónicas de un diálogo entre un policía de apellido Vivanco y el encargado del cabaret Las Vegas de Choele Choel, en la cual se hablaba sobre la presencia de menores en ese local. Es decir que por momentos se barajó la hipótesis de una red de trata que nunca se investigó.
El juzgado colapsado y el trastorno de burnout
El juzgado 21 fue creado el 5 de junio de 2003 como único organismo penal de la flamante Cuarta Circunscripción.
Tenía una jurisdicción más amplia que los seis juzgados de Roca, no contaba con organismos de apelación y juicio cercanos y tampoco tenía fiscal y ni defensor oficial del fuero. Inmersa en esa situación y desde agosto de 2003 hasta febrero de 2005, la jueza García estuvo permanentemente de turno, disponible las 24 horas, todos los días del año.
El juzgado colapsó a poco de empezar y ello motivó la renuncia de uno de los secretarios designados a cuatro meses de iniciar funciones.
En este contexto, se produce la desaparición de Otoño Uriarte y la causa quedó radicada en el juzgado.
El caso -describió la magistrada en la demanda – “trajo aparejada una insoportable presión política, social y judicial, ya que ella no era permeable a las órdenes que se le pretendían impartir, por lo que comenzó a ser objeto de pedidos de informes, auditorías y sumarios por mal desempeño, instados desde el STJ, el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, que inclusive se realizaron investigaciones paralelas del caso Otoño”.
La Cámara del Trabajo consideró que los estudios encuentran que las causas u orígenes del burnout están en haber experimentado anteriormente elevados niveles de estrés, debido a demandas laborales temporales inusuales, relaciones laborales inadecuadas, a trabajar con excesos de demanda, sin recursos adecuados, en aislamiento, y haber sentido temor a ser objeto de violencia (física o psicológica), o bien desempeñar roles ambiguos, o tener las oportunidades de promoción limitadas y carecer de apoyos.
“De tal modo, conforme las diversas consecuencias del estrés laboral, el Síndrome de Burnout ha sido definido como el fracaso o desgaste producido por las demandas excesivas que recibe el profesional, las cuales sobrepasan sus energías o recursos personales”, afirmaron. La traducción del síndrome es “quemarse por el Trabajo”.
“Resulta claro a mi criterio que la exposición por largo tiempo (más de ocho años) a situaciones de estrés laboral agudo y sobre exigencias inusuales de demandas a las que estuviera sometida la actora en su condición de primera –y única durante bastante tiempo- Jueza de Instrucción Penal de esta Cuarta Circunscripción Judicial que comprende desde Fernández Oro hasta Catriel, aunado ello a los extensos períodos en que debió de estar de turno en forma permanente como así también la acreditada circunstancia de que a partir de la creación de los dos nuevos Juzgados Penales, debió no solo atender el Juzgado bajo su titularidad sino también ejercer durante considerable tiempo la subrogancia de alguno de los otros tribunales y en algún tiempo incluso de los tres tribunales existentes, tuvieron entidad suficiente para provocar paulatinamente en la misma un cuadro compatible con un desgaste profesional”, expresa el fallo.
Las causas penales de Cufré
Víctor Cufré, junto a otros jefes policiales, fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo y lesiones culposas.
Se les atribuyó haber actuado de manera negligente siendo las máximas autoridades de la Policía rionegrina durante los hechos violentos que ocurrieron el 17 de junio de 2010 en Bariloche, que causaron las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco y dejaron 13 heridos. La sentencia todavía no está firme.
En 2014 Cufré fue absuelto en un juicio que se hizo en Cipolletti por la “inexistencia del delito” que se le imputó.
El entonces funcionario fue acusado por autorizar el “cambio de custodia” de Juan Manuel Aguirre Taboada, que pasó Año Nuevo de 2008 junto a su padre y el exjefe de la policía rionegrina en un edificio de la ciudad.
Los dos estaban presos por el crimen de la bioquímica Ana Zerdán, otro a causa penal irresuelto de la circunscripción de Cipolletti.
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