Caso Otoño: la familia busca impulsar la investigación con la contratación de un perito
Cada año, los vecinos y organizaciones sociales se movilizan en la ciudad para reclamar justicia por el femicidio.
A pocos meses de que la causa por el femicidio de Otoño Uriarte se desplome por los plazos que fija el Código Procesal Penal de Río Negro, la familia de la joven de Fernández Oro inició una campaña para impulsar la investigación. La investigación tiene plazo hasta marzo del año que viene, aunque el Ministerio Público Fiscal podría pedir una prórroga que de cualquier forma no podrá exceder el 2021.
Caso Otoño: revelan que hubo una investigación paralela ilegal
El proceso penal más extenso y con más encrucijadas de la Cuarta Circunscripción judicial de la provincia comenzó en 2016 con la desaparición de la joven de 16 años. Hoy, 15 años después, no hay indicios claros sobre los responsables del hecho que sacudió a la región.
Desde el entorno de Otoño lanzaron una campaña para juntar fondos con el objetivo de contratar un perito que pueda aportar nuevos datos al proceso. Solicitan recursos económicos para poder incorporar al perito Enrique Prueger de Neuquén quien ya estuvo vinculado al procedimiento penal cuando apareció el cuerpo, pero que según la nota no pudo concluir su trabajo por falta de recursos.
La investigación, que desde fines del año pasado está en manos de la fiscalía de Roca, transita sus últimos meses de vida. Por eso la familia, en conjunto con la asociación Madres del Silencio, emitieron un comunicado de solidaridad.
“No hemos tenido una investigación amplia y esclarecedora, en medio de la burocracia, negligencia, ocultamiento y de obstrucción de las acciones a seguir. Intentaremos contratar al perito forense Enrique Prueger, quien había estado comprometido en el hallazgo del cuerpo de Otoño y que la falta de recurso impidió que concluyera su investigación”, sostiene el comunicado firmado por el padre de Otoño, Roberto Uriarte y Gabriela Prokopiw, titular del a organización Madres que rompen el silencio.
El documento explica que el perito no comenzará su investigación hasta que no se consiga el total del presupuesto de su trabajo que es de 758 mil pesos. La fiscal a cargo de la investigación, Teresa Giuffrida, logró el pasado octubre extender los plazos de investigación por cuatro meses que se extinguirán a fines de marzo del año que viene. Nada ha dicho el Ministerio Público respecto a la conveniencia de incorporar un perito particular.
El Poder Judicial, en estos últimos años, sumó una especialista de Buenos Aires que concursó para formar parte del Cuerpo de Investigación Forense de Río Negro. Una de las primeras medidas que impulsó fue analizar las pruebas y los informes con principal foco en el denominado pelo número 17, que ya ha sido minuciosamente examinado con resultados que no han conducido a ninguna parte.
Esa prueba contiene material genético que puede conducir hasta los responsables del hecho, sin embargo, en aquel momento no se pudo determinar por deterioro del cuerpo. Se esperaba que en la actualidad con nuevas tecnologías pueda aportar datos precisos. Hasta el momento, no hubo información por parte del Ministerio Público Fiscal sobre este informe.
Esta medida fue la primera que se dictó en muchos años ya que la causa estuvo detenida en la Corte Suprema, mientras se resolvía el recurso que impulsó el fallecido fiscal José Rodríguez Chazarreta para evitar que los seis imputados en la causa queden sobreseídos.
Finalmente, el año pasado, la Corte hizo lugar al pedido y el proceso se reabrió. Inmediatamente, el fiscal general Fabricio Brogna sacó la causa de Cipolletti y la dejó en manos de Giuffrida en Roca. Luego, todo lo acontecido alrededor del caso no hizo más que arrojar confusión y dudas sobre la investigación.
La más sorprendente fue la confesión del fiscal Santiago Márquez Gauna -era secretario del Juzgado cuando se inició la causa- quien en el juicio laboral por la destitución de la jueza María del Carmen García, dijo que en el proceso hubo una investigación paralela ilegal entre la policía y el STJ.
Sobre estas declaraciones, que forman parte de la sentencia por la causa laboral que la exjueza inició contra el Estado, no hubo actuaciones. Lo cierto es que el proceso penal caduca a fines de marzo del 2022. A menos de cuatro meses la causa arroja los mismos interrogantes que al principio.
Esta última semana se supo que el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco (que estuvo en la causa desde el principio) renunció al patrocinio después de diferencias con la asociación Madres que Rompen el Silencio.
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