Revelan desidia para buscar a Muñoz

El fiscal Guillermo Lista acusó de inacción a cuatro jefes policiales. En el expediente queda en evidencia que no existió un plan organizado para dar con el joven policía.

Revelan desidia durante la búsqueda de Muñoz

Revelan desidia para buscar a Muñoz

“Ya estoy llegando”, le dijo el oficial Lucas Muñoz a un compañero de la comisaría 42 en una breve comunicación telefónica. Muñoz hizo el llamado minutos después de las 13 del 14 de julio pasado. Sin embargo, nunca se presentó en la unidad policial. Durante varias horas se lo intentó contactar, pero nunca contestó su celular. La denuncia por su desaparición se formalizó esa noche.

La investigación en marcha estableció que durante las primeras horas tras la desaparición del oficial de 29 años, ninguno de los jefes policiales dio directivas precisas para coordinar la búsqueda, revelaron ayer fuentes judiciales.

Así se desprende de la acusación que el fiscal Guillermo Lista promovió contra los dos jefes de la comisaría 42, el comisario Jorge Elizondo y el subcomisario José Ismael Jaramillo. La imputación incluye además al entonces segundo jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Manuel Poblete, y al comisario David Paz, responsable del Cuerpo de Seguridad Vial en Bariloche. El exjefe de la Regional Tercera, comisario Juan Fernández, no fue acusado.

Lista promovió la acción penal el lunes y pidió al juez de la causa, Bernardo Campana, que cite a indagatoria a los tres comisarios y a Jaramillo.

El fiscal atribuyó a Poblete, Elizondo y Jaramillo haber omitido cumplir con los deberes inherentes a su función conforme con los reglamentos de las unidades regionales y de orden público vigentes.

“Debiendo Poblete asumir la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de los servicios a cargo de la descentralización operativa, omitió controlar, supervisar y coordinar las tareas correspondientes de sus subordinados”, indicó Lista.

Advirtió que los imputados “no dispusieron ningún operativo específico o plan operacional para activar la búsqueda” de Muñoz. Señaló que no se ordenó la averiguación de paradero desde el comienzo a la red policial.

Sostuvo que los comisarios tampoco ordenaron de inmediato los rastrillajes “que se cumplieron sin un diagrama preestablecido”. Afirmó que se hicieron por iniciativa del personal subalterno de la comisaría 42.

El sumario policial por la desaparición de Muñoz se inició el 15 de julio pasado, en la comisaría Segunda. Muñoz estuvo 27 días desaparecido. Hallaron su cuerpo sin vida el 10 de agosto pasado en un descampado, en las afueras de Bariloche, a menos de 2 kilómetros de la comisaría 42. La investigación por el homicidio aún tiene imputados. ¿Quién mató a Muñoz? Sigue siendo un misterio.

Respecto a Paz, Lista lo acusó porque no impartió ninguna directiva al personal de su área para poner en alerta los puestos de control en la ciudad. Le atribuyó haber autorizado a los oficiales Maximiliano Morales y Luis Irusta a realizar averiguaciones para ubicar a Muñoz.

Morales e Irusta entraron la noche del 14 de julio pasado sin autorización judicial en el domicilio de Muñoz y revisaron sus pertenencias. Morales sacó con su celular fotos de la computadora de Muñoz que envió a Paz, que después se las reenvió a Poblete.

Elizondo ya fue acusado por los delitos de adulteración, sustracción y destrucción del libro de novedades de la comisaría 42 al que le arrancaron 15 hojas originales. Se desconoce que información había en esas páginas. Por ese hecho hay tres mujeres policías imputadas.


Caso Muñoz: ni la recompensa logra quebrar el silencio

Cuando el gobierno provincial anunció el 20 de agosto pasado que subía de 200.000 a un millón de pesos la recompensa para quienes aporten datos certeros para esclarecer el crimen del oficial ayudante de la Policía de Río Negro, Lucas Muñoz, la familia del policía asesinado pensó que podía ayudar a la investigación.

Sin embargo, el fiscal Martín Govetto, que investiga el homicidio, no recibió hasta el momento ninguna información relevante para la causa.

Así lo confirmaron fuentes con acceso a la investigación que siguen tratando de desentrañar el caso Muñoz.

“Cuando se puso la recompensa de un millón de pesos, por ahí decíamos que podía ayudar para que aparezca alguien que aporte un dato. Pero quiere decir que lo que pasó con Lucas es muy grave que un millón de pesos no significa nada”, afirmó ayer por la tarde Javier Muñoz, hermano del policía asesinado.

“Es como lo dijo el gobernador (Alberto Weretilneck) cuando se refirió a que hay un pacto de silencio que no se rompe. Nadie dice nada”, lamentó el hermano de la víctima.

El fiscal de la causa se reunió el fin de semana con los peritos del gabinete de Criminalística de Gendarmería, en Buenos Aires. El avance de la investigación depende, en gran parte, del resultado de los estudios genéticos sobre las muestras que se levantaron en el lugar donde hallaron el cuerpo de Muñoz. También de los estudios de los elementos secuestrados en lo que va de la investigación. Las fuentes comentaron que una parte de esos resultados se conocerá probablemente esta semana.

Muñoz desapareció el 14 de julio pasado cuando se dirigía a trabajar a la comisaría 42 de esta ciudad. La búsqueda se extendió durante 27 días. Hallaron el 10 de agosto pasado su cuerpo ejecutado de un tiro en la nuca, en un descampado en las afueras de Bariloche. La investigación aún no tiene sospechosos del homicidio.

Los testigos que declararon en la causa no ayudaron mucho. Y tampoco se recibieron datos a partir del anuncio de un millón de pesos de recompensa.

Los ofrecimientos de recompensa no aportaron nada en casos complejos que quedaron impunes o sin resolución en Bariloche.

La Provincia ofreció 200.000 pesos de recompensa en 2013 por información que ayude a esclarecer el homicidio del médico policial Guillermo Neumann, que ejecutaron de un tiro en la cabeza la noche del 26 de marzo de 2010. Nunca apareció un dato concreto.

La misma recompensa se anunció para la investigación del crimen de la joven Giselle Monje, que fue asesinada a principios de 2013 o para esclarecer el caso de Juan Higuera Catalán, que despareció el 6 de enero de 2012. Tampoco los 300.000 pesos ofrecidos por el gobierno provincial en la causa por el homicidio de Micaela Bravo, cuyo cadáver apareció el 6 de abril pasado en un descampado, ayudó a los investigadores.


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