Casi 50 días de toma en la Universidad de Río Negro

La toma del edificio del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro comenzó en una coyuntura en la que los universitarios de todo el país salieron a las calles contra el recorte presupuestario del Ejecutivo Nacional: 57 universidades estaban en peligro para funcionar, sumado al paro docente que atrasó el inicio de clases, pero que finalmente logró el aumento salarial.

Hoy, el pedido del grupo de estudiantes y docentes que ocupan la sede cambió el foco: pasó del reclamo al Gobierno de Mauricio Macri al firme contrapunto con el vicerrector Carlos Arzone, como autoridad de la institución. Piden la firma de un petitorio para la apertura del libro de balances e información sobre un terreno donado en Cipolletti, además del “cese de la criminalización” tras la denuncia penal del vicerrector por la “usurpación”.

El conflicto está llegando a los 50 días y no aparecen signos de conciliación entre las partes. Si bien existieron varias instancias de diálogo con la intención de que concluya el conflicto, la mayoría de los encuentros no lograron grandes resultados. Se desató un fuerte enfrentamiento que continuó con la intervención de la justicia federal y dos docentes procesadas.

Este martes, una movilización de autoridades e integrantes de la comunidad educativa recorrerá las calles de Roca para pedir el levantamiento de la toma. Es que en los últimos días comenzó a organizarse un grupo de “estudiantes autoconvocados” con delegados de 6 carreras y un grupo de graduados contra la toma, que recolecta firmas. “Nosotros estamos en el medio del conflicto, queremos que se abra una nueva instancia de diálogo entre las partes” detalló Fernando Gallegos, delegado de Geología.

A su vez, directores de carreras y escuelas propusieron conformar un Comité de Crisis y Emergencia que sea integrado por todos los claustros. Esto permitiría contar con un “protocolo” para resguardar los edificios ante este tipo de sucesos, explicó María Diez, directora de Escuela de Geología y Paleontología.

Desde el 12 de septiembre, 31 trabajadores quedaron sin poder desempeñar sus funciones administrativas y actualmente, el nivel de actividad que pueden cumplir – en un aula del edificio de Valle Fértil – es del 15%, quedando un 85% de sus capacidades reducidas por falta de documentación.

Al cumplirse 47 días de la toma, están a la vista las consecuencias negativas que genera este conflicto para el normal funcionamiento de la Casa de Estudios. La incertidumbre a futuro no es menor, ya que a gran parte de la comunidad le preocupan los inconvenientes administrativos, académicos y la pérdida de cifras millonarias.

Es que la toma provocó graves trabas en todas las áreas, y es inminente la pérdida de 6 millones de pesos de un subsidio nacional destinado a equipamiento para el Hospital Escuela de Odontología en Allen. La imposibilidad de realizar las rendiciones a Nación, llevó a esta situación.

Según el análisis de un grupo de directores de carreras y escuelas, la toma podría reducir la cantidad de inscriptos a las carreras para el 2019. Hay precedentes en otras universidades y entienden que la toma da “mala imagen” a la institución. Los títulos en trámite también constituyen una dificultad, ya que muchos no pueden obtenerse en el corto plazo. Se ven afectados los egresados que los requieren para presentar en un trabajo o una beca.

Las elecciones de consejeros de carrera también se suspendieron. “El 17 y 18 estaba programado el proceso electoral para elegir graduados, docentes y estudiantes, pero no se pudo hacer, ya que en el edificio tomado están las listas, padrones y los documentos necesarios” comentó el vicerrector Carlos Arzone.

Hoy, las partes continúan sin acercar posiciones. Las autoridades del vicerrectorado se niegan a firmar el petitorio, y plantean que sólo firmarán cuando se levante la ocupación y que se certifique el estado del edificio.

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Fuente: Informe elaborado por directores de escuelas y carreras tras 40 días de toma

Estudiantes, docentes y no docentes contra las tomas y el desalojo

Una asamblea interclaustro realizada el 14 de septiembre en el anfiteatro fue la instancia más concurrida que hubo hasta hoy, en lo que va del conflicto. Los diferentes actores de la comunidad educativa se posicionaron por mayoría. Tanto estudiantes como no docentes y docentes confluyeron en dos puntos: el pedido del levantamiento de la toma y el desacuerdo con un posible desalojo policial, es decir, que apoyaron el pedido de los manifestantes de no ser reprimidos por la fuerza, aunque no acordaron con la modalidad de protesta en un inicio.

Por su parte, el claustro docente votó además el levantamiento de la denuncia penal. Los no docentes y estudiantes se posicionaron a favor de la lucha en defensa de la educación pública y gratuita pero con medidas pacíficas.

Las autoridades judicializaron el conflicto desde el día cero

El proceso judicial rige en paralelo a la toma, ya que la denuncia penal por usurpación, radicada por el vicerrector Arzone, ocurrió el mismo día que empezó la ocupación. Hoy, a 47 días, la causa se acerca a una instancia decisiva. La Cámara Federal de Apelaciones realizará el 6 de noviembre la audiencia previa a resolver la situación de las docentes Victoria y Virginia Naffa, procesadas en primera instancia por los delitos de usurpación y coacción agravada. El juez, Hugo Greca, anticipó que ordenaría el desalojo si los procesamientos quedaban firmes. La decisión de la Cámara puede conocerse el mismo día de la audiencia, aunque los plazos podrían extenderse hasta cinco días después.

Cabe recordar que doce días después la denuncia, los manifestantes habían presentado un habeas corpus asegurando que la Policía Federal estaba haciendo “inteligencia”, acción que fue rechazada por el Juzgado Federal. A 21 días del inicio de la toma, la justicia convocó a dos docentes a declarar, a quienes el juez procesó con un embargo de $5000. Desde la toma, estudiantes y docentes piden el “cese de la criminalización” de la protesta.