Casi 400 chicos no pueden volver a las aulas tras el desalojo de Confluencia en Neuquén

Hace 20 días que los 385 alumnos de la Escuela 136 no tienen clases. El violento desalojo en la toma en el barrio Confluencia sacó a los vecinos de las tierras ocupadas y a los alumnos de las aulas. El Consejo Provincial de Educación (CPE) tomó la decisión porque no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. La fecha de regreso a la escuela parece tan incierta como los derechos de los chicos.

“Si la violencia no es el camino para exigir justicia ¿por qué lo es para instaurar el orden?”, invita a reflexionar un cartel colocado sobre la puerta del establecimiento. Esa es la postura de la comunidad educativa: que se termine con la represión y se garantice el derecho a la vivienda y a la educación de los niños del barrio.

Pese a que los conflictos por el momento cesaron, la tensión frente por nuevos enfrentamientos está latente. Los vecinos volvieron a montar algunas viviendas precarias y la policía circula por el lugar. Por ello, cuando el pasado 17 de octubre la represión terminó en las puertas del colegio, se decidió suspender las clases.

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Pasaron 20 días y la situación no cambió. El lunes se reunieron directivos y familiares con la ministra de Educación, Cristina Storioni y funcionarios del ministerio de Seguridad, para solicitarles una solución pero aseguran que no la tuvieron.

“Nosotras esperábamos que se restablezcan las clases”, enfatizó la directora de la Escuela 136, Verónica Cañimilla. Pero, la ministra les ofreció un espacio para que el personal planifique actividades domiciliarias. Para la docente la propuesta resultó insuficiente por que conisderan necesario que la escuela esté abierta.

Enfatizó que es, además de un ámbito educativo, un soporte de contención de muchos niños en situación de vulnerabilidad. El establecimiento cuenta con jornada extendida y un comedor, donde almuerza la mayoría de los alumnos.

Cañimilla describió que la situación es preocupante ya que varios de esos alumnos vivían en la toma.

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Angélica Cano, referente por la minoría en ATEN capital, sostuvo que para el gobierno municipal y el provincial “primero está el derecho sobre la tierra de algunos sectores” y después el derecho a la educación de los niños.

Un grupo de madres comenzó a organizarse para exigir la apertura de la escuela. Lina Martínez, que tiene hijos en la escuela, enfatizó que “el barrio Confluencia siempre ha sido estigmatizado” y que el gobierno contribuye en “acentuar las desigualdades”.

*Por Federico Aringoli

La postal es absurda. Casi 400 chicos y chicas, el equivalente en número a 12 Legislaturas de Neuquén, no pueden estudiar y, en algunos casos, comer porque el Estado dice no poder garantizar la seguridad, aún cuando tiene bajo su mando la fuerza policial encargada del desalojo de las tierras. De un plumazo se vulneran cuatro derechos básicos: educación, comida, vivienda y seguridad.

La foto resulta rara para la gestión de Omar Gutiérrez que enumera como prioridad a los jóvenes. También parece llamativo el ultra apego a la norma que ejercita el Municipio, insistiendo en superponer la propiedad privada por encima de otros como los enumerados más arriba. En momentos de transición municipal sería saludable que los espacios políticos revisen sus prioridades e incluyan en la ecuación, además de números y obras, algo de sensibilidad social o, incluso, sentido común.