Una domiciliaria polémica

Alicia Martínez, DNI 14.712.012

ZAPALA

Según publicó Río Negro, la jueza Leticia Lorenzo pretendió otorgarle la prisión domiciliaria al femicida Maicol Tapia, en Rincón de los Sauces, el ataque a traición el 26/10/23 a su ex pareja Carina Barros (15 años) en Buta Ranquil (NDR: posteriormente hubo marcha atrás con la medida).

La funcionaria de “garantías” argumentó que las condiciones de detención no serían las adecuadas, ignorando la calificación legal que pesa sobre Tapia, femicidio triplemente calificado, cuya pena sería de prisión perpetua. La emergencia carcelaria no basta para otorgar el beneficio. Tapia pergeñó el ataque de madrugada, mintiéndole a la familia de la víctima sobre un supuesto incendio con el fin que se ausenten y llevar a cabo su plan.

Sra. Juez, ¿no le parece suficiente argumento para sospechar que entorpecerá Tapia la investigación? ¿Quién le garantiza que cumplirá su medida cautelar de no acercarse a la familia de Carina? ¿Si se fuga respondería usted con su cargo, o el policía raso? ¿Los rondines policiales que tendría en el domicilio donde cumplirá el arresto podrían ser cumplidos? Sabida es la escasez de personal policial para cumplir dicha manda ¿La tobillera electrónica, está segura que el agresor no se la quitara? Alegando cuestiones formales no se puede atacar la seguridad de una familia. Considero se viola un principio jurídico vital cuando se imparte justicia que es “dar a cada uno lo suyo” (Ulpiano), con su decisión no se da a la víctima y sociedad resarcimiento y al agresor el castigo.

El rol que el estado le asigna a usted frente a tal magno cargo es no solo impartir justicia, para lo cual las cualidades que deben primar son de imparcialidad, congruencia, inteligencia emocional, experiencia previa, atenta escucha a la familia de la víctima, sino cabal conocimiento de normativas tales como Belem Do Para (violencia familiar), Ley 2785, derechos de las víctimas, Leyes de protección a las mujeres, Reglas de Brasilia (acceso justicia vulnerables),y advertir las consecuencias que sus decisiones acarrean en la sociedad.

Le recuerdo que el Estado neuquino fue denunciado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por incumplimiento a esta normativa caso Sra. Ivana Rosales.