Ninguno ganó, perdemos todos

Dra. Alicia Martínez, Abogada. DNI 14.712.012

ZAPALA

Conforme leo en Diario Río Negro en relación a las discrepancias personales planteadas entre los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María Soledad Gennari y Dr. Germán Busamia, en relación a los entredichos, si uno trabaja más que otro, puede significarme solo una corredera de pasillos tribunalicios. De allí, que en modo alguno amerita encuadrar dicha acción en el marco regulatorio de la ley 2786 de violencia de laboral, pues hacerlo en no entender los elementos que se requieren para que encuadre jurídicamente.

Aparte la medida cautelar dispuesta al vocal se dispuso en tiempo récord; en cambio cuántas víctimas de femicidio en la provincia les fue la vida y no fueron amparadas jurídicamente (Las Ovejas, Villa La Angostura). ¿Por qué el resto de los vocales y fiscal presentes en dicho entuerto no intervinieron sugiriendo que prime el diálogo u otro método alternativo, pues si ellos no lo pueden incorporarlo como práctica qué queda para el resto de los justiciables.

Se trata de una cuestión institucional. Deberíamos preguntarnos por qué colegas de la talla personal, académica, prestigio profesional, carrera judicial, congruencia, como la Dra. Julia Buisson de Baggio (Civil), Susana Busqueta (Familia), Patricia Clerici (laboral), Lucia Piñeiro (penal) nunca fueron propuestas por el ejecutivo para tan magno cargo. Recientemente postulados al Tribunal como Dr. Gustavo Mazieres y Dra. Vanina Merlo -según informe Diario Río Negro- cuentan con suficiente participación política pero poco académica. La Dra. Gennari se recibió abogada año 2002 y año 2015 ya fue postulada vocal, solo trabajando en el Ejecutivo. Dr. Germán Busamia asumió en 2018 y su currícula lo cuenta como abogado de empresas petroleras, de la policía de la Provincia de Neuquén y de Casinos Magic.

Son propuestos en terna por el Poder Ejecutivo (MPN) ante la Legislatura (MPN) que con las 2/3 partes presentes los designó, de allí que solicitarles a las organizaciones sociales se expidan respecto a sus méritos para el cargo es un simulacro de participación ciudadana pues no es vinculante.

Deberían los vocales -todos- apersonarse en los juzgados de Familia y oficinas de violencia del interior de la provincia para constatar “in situ” las condiciones en las cuales se trabaja, indagar si cuentan con suficientes profesionales y empleados, si el espacio físico para atender víctimas y laboral es acorde. ¿Existe la recategorización del personal que trabaja allí? Pues, cuando estuve a cargo del área como secretaria (años 2010-2018 en la III Circunscripción Judicial), ello no pasó.

Todo lo contrario, una Presidenta del Tribunal -ya jubilada- sólo enviaba al auditor Dr. Germán Politzer a “ controlar” nuestra tarea, lo que agravó nuestra salud, incluidos los dos injustos juris a los que fue sometida la jueza Dra. Gloria Martina, y en total soledad, sin escucha ni acompañamiento de ningún tipo, ni siquiera se tuvo en cuenta la amplia jurisdicción de esa circunscripción judicial y haber sido creado en el año 2010 como juzgado de Familia y juicios ejecutivos. Esto también debería ser la función de un/a vocal, pues siempre hicieron caso omiso a las notas oportunamente elevadas a la vocalía planteando nuestra situación laboral (stress. Burnout). Y no creo que a la fecha la situación se haya modificado en demasía.