Femicidio en San Antonio: Carolina pidió ayuda el 24 de mayo y nadie la escuchó

El último registro formal que existe en la Justicia rionegrina sobre un pedido de ayuda de Carolina Rivero, la joven de 28 años que el viernes fue víctima de un femicidio al ser acuchillada por su pareja, Elvio Pazos, es del 24 de mayo de este año.

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Llamó a la comisaría 10ª porque Pazos intentaba ingresar a su casa de manera violenta. Golpeaba las puertas y ventanas, la insultaba y amenazaba, gritándole que quería “cagarla a palos”. Cuando la policía llegó, el hombre se ocultó en el patio de la vivienda vecina, y siguió insultándola.

Esa intervención policial derivó en una contravención por ruidos molestos, que se elevó al juzgado de Paz local. Allí, una jueza que realizaba una suplencia definió que el hombre debía pagar una multa de $500.  
Ahora, el abogado querellante de la familia de Carolina, Damián Torres, quiere saber por qué, ante ese episodio de violencia, no se dio intervención a otros organismos de la Justicia, como la Fiscalía.  

Teniendo en cuenta que, además, en ese juzgado de Paz existían dos antecedentes por denuncias que, en su momento, la mujer realizó en la comisaría 10ª, y fueron derivadas allí. La primera, por golpes y maltrato, realizada en 2014. De esa denuncia Carolina desistió, algo que es propio del ciclo de la violencia. De allí la importancia de un acompañamiento psicológico, que deben brindar los mismos organismos que gestionan el trámite.

En la segunda presentación, que fue en 2017, se pidió la intervención del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia Nº 9, que tiene su sede en la localidad. Como medida cautelar la jueza de Paz solicitó que Pazos fuera excluido del hogar, pero la mujer pidió que esto no se llevara a cabo. Tampoco, esta vez, existió un seguimiento ni una contención psicológica adecuada. No se tuvo en cuenta que, en ese hogar había un niño que, por entonces, tenía 4 años.  

El abogado querellante, además, quiere dilucidar el rol que tuvo la policía. Es que los vecinos de la mujer aseguran que los móviles policiales acudían habitualmente a la casa que Carolina compartió, hasta tres días antes de su asesinato, con su pareja. Pero sólo existen, según esa fuerza, las 3 actuaciones mencionadas. “Estamos tratando de ver en qué fechas recuerdan sus allegados que se dieron estas intervenciones, para pedir los partes diarios, porque los patrulleros informan cada vez que se presentan en un lugar”, dijo el querellante.

La familia recuerda que, tras el episodio del 24 de mayo, acompañaron a la mujer a la comisaría 10ª para efectuar una denuncia. “La mamá de Carolina también afirma que estaba al lado de su hija cuando ella habló por teléfono y obtuvo un turno para el día 20 de este mes. Ella creía que en la Fiscalía, pero allí no dan turnos, así que deberé averiguar si fue en el Juzgado de Paz o tal vez en la comisaría” agregó Torres.

“Lo que pasó con Caro no puede volver a ocurrir. Por eso, como querellante, no sólo considero que mi rol es buscar todos los elementos para que el femicida Elvio Pazos sea condenado a prisión perpetua. También debo dilucidar quiénes, dentro de todos los organismos del Estado, fueron los que fallaron, al no darle importancia a un caso que terminó en un feroz asesinato”, concluyó el abogado. 

“Vecino, vecina, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. Con éste y otros cánticos las organizaciones sociales y de mujeres que existen en la localidad volvieron a marchar ayer por la mañana, reclamando Justicia por el femicidio de Carolina Rivero, la joven que, el viernes, fue acuchillada por su pareja. 

Además, pidieron que el intendente Adrián Casadei (JSRN) y las autoridades del Concejo Deliberante pongan en funcionamiento el Consejo local de Mujeres, Género y Diversidades. Es que una ordenanza que fue aprobada a fines del año pasado actualizó ese organismo que se conformó en 1989, pero todavía las nuevas autoridades comunales, que asumieron en diciembre, no lo pusieron en marcha. 

“En marzo marchamos reclamando por el funcionamiento del Consejo, y, ahora, volvemos a pedir lo mismo. Pero nos mataron a Caro”, reclamaron los manifestantes, que increparon a Casadei tras peticionar ante las puertas del Deliberante, la comisaría de la familia, el juzgado nº 9, la fiscalía y la comisaría 10.  

OPINIÓN

*Por Laura Loncopan Berti

Cada 32 horas ocurre un femicidio en nuestro país, según el último dato publicado ayer por el Observatorio Mumalá. En las grandes capitales y en los pueblos más pequeños, a la luz del día, y en la penumbra, aún con las restricciones a la circulación que impone la pandemia más importante en lo que va del siglo XXI, una mujer es asesinada por razones de género.

Esto revela el carácter absolutamente estructural de la violencia machista en contextos de desigualdades, y en articulación con otras opresiones. Ya nadie puede atreverse a decir que nuestro hartazgo es exageración o una deriva de la “ideología de género”. Es aquí y ahora.

El femicidio de Carolina no es un caso aislado, pero tampoco uno más, porque las víctimas no se acumulan ni se solapan. Las víctimas duelen. Como la respuesta estatal que sigue sin ser oportuna.