Cárceles privadas

Martín Lozada*

La privatización de algunos segmentos del sistema penal no es una iniciativa novedosa en nuestro país. Sucedió a mediados de la década de los años noventa con el surgimiento y consolidación de las agencias privadas de seguridad

E incluso en el año 1999, cuando el gobierno bonaerense acordó con un grupo de empresarios la construcción de la primera cárcel con aportes privados de la provincia y de la Nación.

El acuerdo dispuso que la vigilancia, tratamiento y rehabilitación de reclusos seguirían dentro de la órbita estatal. Sin embargo, el constructor del establecimiento cobraría un canon por cada interno que alojase, y comercializaría el producto del trabajo de cada uno de ellos.
¿Hay alguna chance de que la inversión privada mejore el estado de nuestra deteriorada realidad carcelaria? ¿Y que su inserción en el sector respete los estándares constitucionales vigentes en materia de personas privadas de su libertad?

La experiencia de los Estados Unidos puede arrojar algunas pistas. Allí prolifera una lucrativa industria desde que el gobierno comenzara a subcontratar, en los años ochenta, el manejo del sistema penitenciario con diversas empresas.

Las cifras
Según el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3 millones de detenidos en ese país. Del total, 211.000 en cárceles federales y el resto en prisiones estaduales.
En estos días, las plazas de las cárceles privadas se encuentran cubiertas por una mayoría de personas encarceladas por delitos migratorios.
Tan es así que la Agencia de Migración y Aduanas posee contratos multimillonarios con empresas que manejan todo el período de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, su alimentación y cuidados médicos.

La Corrections Corporations of America fue la primera empresa encargada de la gestión privada de prisiones. Fundada en 1983, maneja en la actualidad 66 prisiones, cuenta con 91.000 detenidos y con ganancias anuales que alcanzan los 1.700 millones de dólares.
Uno de los aspectos que mayor conflictividad ha despertado se refiere a la utilización de la mano de obra de las personas privadas de su libertad.

Grandes empresas como Microsoft, TWA, Boeing, Konica, Jansport y Victoria’s Secret se benefician, a través de subcontratistas, de sus servicios.
La Unión Americana de Libertades Civiles sostiene que todavía no existe un adecuado mecanismo de control del desempeño de los establecimientos privados. Lo cual conduce a que allí se verifiquen mayores abusos que en las estatales y las federales.
Los defensores de las cárceles privadas aseguran que combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y adecuada administración, así como una considerable merma del costo preso-día.

Las críticas
Sus detractores, por el contrario, afirman que la promesa de ahorro resulta ser un hecho que no se condice con la realidad, puesto que hay poca o ninguna diferencia entre los costos de los establecimientos penitenciarios públicos y los de gestión privada.

Resta comprobar si la privatización de la prisión, además de un buen negocio, es capaz de contemplar los estándares mínimos que deben cumplir los Estados cuando de personas privadas de su libertad se trata.
Entre aquéllos, la inversión necesaria y el esfuerzo suficiente para tornar efectiva la resocialización de las personas castigadas.

• Doctor en Derecho (UBA) – Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)