Cárcel, sentido común y derechos

Mientras en otros países se aumentaron las excarcelaciones por cuestiones de salud pública, menos del 1% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires recibió prisión domiciliaria.

La prisión es una institución compleja, que puede ser analizada desde múltiples enfoques. Es una pieza de un entramado cultural, político, institucional y social altamente sofisticado, basado en el castigo. Intentar explicarla desde un solo enfoque es completamente inútil, y nos aleja de lo que realmente ocurre con las prisiones, y con las personas allí alojadas.

Como sostuvo Nelson Mandela, “suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.

En la Argentina, según los datos oficiales, en 1996 teníamos 25.163 personas privadas de su libertad; en el 2018 llegamos a tener 94.884 personas encarceladas. El crecimiento de la cantidad de las personas presas fue exponencial, pero no nos sentimos más seguros. Sin embargo, una y otra vez se instala la idea de que las cárceles resuelven los problemas. Claramente, mayor cantidad de personas detenidas en condiciones de hacinamiento no reduce la violencia. Además, la tasa de encarcelamiento no corresponde exclusivamente al aumento de hechos delictivos, sino también a aumentos en las penas, a la creación de nuevas figuras penales y al endurecimiento en la ley de ejecución de la condena.

Asimismo, casi la mitad de las personas presas no tiene condena firme, son técnicamente inocentes, y el 60% tiene primario incompleto o solo logró terminarlo. Es decir, las cárceles están repletas de personas con derechos básicos insatisfechos o gravemente vulnerados. En su mayoría jóvenes con escasas oportunidades de vida, quienes cuentan con muy pequeñas, débiles y precarias redes afectivas, con un Estado ausente en una sociedad injusta e inequitativa. Esto hay que mencionarlo y tenerlo presente en cada oportunidad que hablamos de la cárcel.

Sin embargo, existe una mirada dominante sobre la cárcel. Se trata del paradigma binario y dicotómico que cree firmemente en que la prisión tiene una función clave para nuestra seguridad y libertad. Deposita en ella un imaginario de tranquilidad al creer que los malos están ahí dentro, y que afuera están los buenos.

En el sentido común de buena parte de la sociedad, y alimentado por discursos mediáticos y de la industria del entretenimiento, se construye la idea de una sociedad dividida entre buenos y malos. Para ello la violencia y la cárcel como una de sus herramientas son la solución para enfrentar a los “malos”.

“Que se pudran en la cárcel” se suele escuchar decir. Sin embargo, las detenciones en condiciones precarias e inhumanas tienden a reproducir y profundizar la violencia.

En líneas generales, y sin desconocer las vivencias y los derechos de las personas realmente afectadas por hechos dañosos y traumáticos, creemos que este discurso tiene una función muy clara: alimentar sentimientos punitivos, despertar miedos, fomentar dispositivos de control y vigilancia. Michel Foucault sostenía que “cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control”.

Ahora bien, también hay otra utilidad en este discurso al cual se está recurriendo por estos días, que responde a intereses políticos concretos y consiste en la capacidad de desgastar políticamente a quienes plantean acciones para poblaciones encarceladas enmarcadas dentro de paradigmas de derechos humanos, apelando a la peligrosidad e injusticia de esas decisiones. Esto lleva a corrernos el foco de discusión, desviar nuestra atención e invisibilizar problemas estructurales.

“Hay salida masiva de presos”, fue un eje falso instalado en portales y redes sociales. Pero esto no es real. Mientras en otros países se aumentaron las excarcelaciones por cuestiones de salud pública, menos del 1% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires recibió prisión domiciliaria.

En relación al debate instalado por operadores políticos/mediáticos, es necesario señalar que garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad es una obligación del Estado. Nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos son muy precisos, si el Estado argentino, en cualquiera de sus niveles, no garantiza el derecho a la salud de las personas encarceladas puede tener consecuencias en el plano internacional.

Es claro que hay riesgos en las unidades de detención en Argentina, el hacinamiento y las graves enfermedades que tienen muchos internos presentan un escenario de base gravísimo si se dispersa el virus ahí dentro. Claramente se requiere analizar cada caso en particular, no es lo mismo un joven en situación de pobreza detenido por un delito menor, como lo es la mayoría, que el responsable de un femicidio o una violación. Pero para evitar una catástrofe dentro de las cárceles es necesario actuar con velocidad para morigerar el hacinamiento y suministrar los elementos y protocolos de salud necesarios.

Se debe tener cuidado porque la demagogia punitiva cala hondo en amplios sectores sociales, generalizando, confundiendo y fortaleciendo discursos de odio que generan las condiciones de posibilidad de la violencia institucional.

El desafío de nuestros tiempos es modificar los discursos que legitiman las violencias. Como sostiene la doctora en Ciencias Sociales Gabriela Seghezzo, frente a la ilusión securitaria punitiva, la tarea pendiente es “la invención securitaria democrática, feminista y del cuidado”.

Es necesario pensar alternativas al castigo, no solo desde lo institucional, sino también como sociedad. La cárcel no trabaja en la pacificación o resolución de conflictos, sin embargo, es la principal alternativa que se ofrece frente a determinados hechos sensibles y violentos. Acudimos a ella aun teniendo conocimiento que no promueve ninguna reparación.

Las alternativas existen o pueden ser pensadas. Desde lo institucional un diseño que contemple penas alternativas, de baja punición o punición reparadora, según el tipo de hecho, conforme lo sostiene el Dr. Alberto Binder. Es importante salir de discursos cómodos y conocidos, para permitirnos armar un abanico de opciones para la gestión de nuestros conflictos.

*Abogado

**Especialista en Comunicación y Culturas UNC, docente UNRN

Ambos miembros del Colectivo Limando Rejas