Cambiar las reglas

Fernando Diez*

La Legislatura de Neuquén acaba de recibir el proyecto de reforma del Código Procesal Penal elevado por el Tribunal Superior de Justicia. Una iniciativa para reformar una ley que es adaptable a la nueva realidad. ¿Cambió algo en la realidad neuquina en estos últimos dos años?

Podemos tener ideas para mejorar el Código, pero ¿cómo pasamos de una ley de amplia discusión y consenso, que nos permitiría a los neuquinos contar con un sistema de enjuiciamiento rápido, transparente y respetuoso de las garantías de las partes, a una reforma sustancial de la misma en tan corto tiempo?

Algo que favoreció este nuevo proceso es una mayor transparencia de las decisiones y el papel de los actores en el proceso, se visibilizó su actuación y las consecuencias de las mismas, más un aspecto sigue aún en un cono de penumbras: la política de persecución penal del ministerio público. Hoy, una parte importante de la política criminal local descansa en los hombros de este ministerio y no hay claridad sobre cuántas causas se median y con qué resultados, cuándo se aplican criterios de oportunidad o cuáles son los criterios de priorización en la tramitación de causas de manera tal que la impunidad no sea una consecuencia de políticas equivocadas.

Sin estudios de estas variables no podemos aplicar una política criminal que dé respuestas a los reclamos de seguridad y justicia. Sólo tendremos propuestas parciales que se enrolan en las políticas de “mano dura” cuyo fracaso convoca a más “mano dura” sobre sectores excluidos. El proyecto enviado a la Legislatura se inscribe en esta corriente.

En el tratamiento de la prisión preventiva es donde mejor puede observarse; a falta de eficacia se recortan los derechos y garantías de los imputados, que son la variable de ajuste cuando la respuesta institucional es débil y más tributaria de las urgencias políticas que de estrategias serias. Por eso no es casual que el Ejecutivo mande un proyecto en similar sentido que el TSJ.

No podemos decir que la mera reforma de un código procesal, que contiene valiosas instituciones que respetan la Constitución y las convenciones internacionales, va a aportar una solución, pero eso es más fácil que reconocer las deficiencias de los actores o la falta de políticas públicas de seguridad y justicia.

Podemos propiciar reformas de coyuntura y dejar el cuerpo del código procesal como un Frankenstein o esperar que decanten experiencias y se hagan estudios verificables e integrales para hacerlo. Esos estudios no pueden limitarse a las normas sino al conjunto de políticas que hacen a seguridad y justicia.

Se pretende hacerle creer que modificando el Código se va a dar respuesta a los problemas del delito. Que si cambiamos las reglas los encargados de perseguir el delito van a tener las “herramientas” necesarias para dar mayor seguridad a los neuquinos. Entonces, buscamos ampliar los plazos que antes daban celeridad; reducimos recursos que daban seguridad jurídica, suprimimos audiencias que daban inmediatez y transparencia, limitamos prueba que favorecía a la contradicción. Cambiamos el proceso, cambiando las reglas de juego.

Cambiar las reglas en función de la inoperancia de la persecución penal y de la falta de políticas públicas adecuadas sólo nos llevará a una mayor irracionalidad del sistema penal, y a aumentar los niveles de violencia en la sociedad, no a mayor justicia.

* Defensor Público