Camaristas contra el plan del gobierno

BUENOS AIRES- La Cámara Federal porteña rechazó, por «inconstitucional», el plan estratégico de seguridad y justicia elaborado por el gobierno de Néstor Kirchner, dijo que la unificación de juzgados «no resuelve» la problemática del delito y recordó que hay mecanismos para remover a los jueces «ineficaces o corruptos».

El plan que el gobierno anunció a través del Ministerio de Justicia «encierra una crítica imprecisa y general a la actuación de la Justicia Federal de la Capital Federal», enunciaron el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, y los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo.

Los camaristas resolvieron salir a rechazar el plan oficial anunciado el 19 de abril por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.

Para la Cámara, Beliz «parecería aludir a una suerte de ineficacia voluntaria en la solución de determinados casos, fundados en la ineptitud o corrupción de los jueces encargados de investigarlos, y que el ministro no señala en concreto».

«Si existen sospechas oficiales acerca del desempeño de los magistrados integrantes del Poder Judicial Federal, no parece que una solución razonable resulte la tácita, y hasta si se quiere contradictoria, confirmación de esos mismos jueces en sus cargos, y la disolución de su responsabilidad entre más de un centenar de magistrados de primera y segunda instancia», escribieron los camaristas de las salas I y II.

El gobierno «no advierte sobre el carácter inconstitucional de la reforma postulada», sostuvo la Cámara, que recordó que la existencia de tribunales específicamente encargados de aplicar normas federales ha sido establecida en el artículo 116 de la Constitución.

Los camaristas precisaron que, para resolver los problemas existentes en materia de seguridad y justicia, debería formularse «un nuevo planteo del sistema procesal en el ámbito federal, con una participación más activa y definida del Ministerio Público, con la creación de una policía judicial especializada en la resolución de casos complejos, y el mantenimiento de una defensa irrestricta de los derechos y garantías asumidos con rango constitucional en forma voluntaria por el Estado argentino». (DyN/Télam)

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