Buscan que Río Negro prohíba por 60 años el cambio de uso de tierras incendiadas

La iniciativa es similar a las modificaciones incorporadas en diciembre en la ley nacional de manejo del fuego. El objetivo es evitar la especulación inmobiliaria.

Un proyecto de ley promueve que en Río Negro no pueda ser factible por un plazo de 60 años el cambio de uso de la tierras fiscales o particulares afectadas por incendios forestales.

La iniciativa, que presentaron el lunes legisladores del Frente de Todos, implica sumarse a una reforma que a fines del año pasado se realizó a nivel nacional en la ley del manejo del fuego N° 27.604 y pretende que Río Negro implemente las mismas acciones y que a través del Registro de la Propiedad Inmueble se identifiquen esas superficies afectadas por el fuego.

Para convertirse en ley, el proyecto primero debe ser analizado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Planificación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Río Negro.

Los artículos de la ley nacional, que se busca que implemente la provincia, fijan que en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas y humedales, se prohíbe por 60 años modificaciones en el uso, divisiones, subdivisiones, ventas y otras transacciones.

También prohíbe por 30 años emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, que hayan sido afectadas por incendios.

El proyecto presentado por María Eugenia Martini, Ramón Chiocconi y Alejandro Marinao ordena además a la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro que identifique las tierras afectadas con una anotación marginal que marque que están incluidas en esas prohibiciones, mientras que la Dirección de Ambiente y Recursos Naturales deberá informar al Registro cuáles son esas parcelas.

La iniciativa surgió tras los devastadores incendios en poblaciones de Chubut y a casi dos meses del mayor incendio forestal del verano ocurrido en El Bolsón, donde se vieron afectadas más de 8.000 hectáreas de bosque nativo e implantado.

“Es necesario adoptar e instrumentar todas las herramientas jurídicas que puedan prevenir la especulación inmobiliaria que lamentablemente se desata después y, en ocasiones, antes de los incendios”, señaló Chiocconi quien remarcó que según un informe nacional el 95% de los siniestros tienen el factor humano detrás.

“El gobierno provincial tiene la obligación de implementar medidas que protejan nuestro bosque nativo, que evitan estos desastres y que desalienten la especulación en lugares de enorme potencial ambiental y productivo, como también avanzar en la recuperación de la forestación dañadas”, agregó Martini.


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