Buscan frenar la suspensión de clases presenciales en Río Negro con una ley
Una abogada de Bariloche sugirió un proyecto de ley ante la Legislatura de Río Negro y pidió intervenir como "amicus curiae" ante el Superior Tribunal de Justicia.
Una abogada de Bariloche sugirió un proyecto de ley a fin de declarar la Emergencia Educativa y de Protección Especial de Grupos Vulnerables en Estado de Excepción ante la Legislatura de Río Negro. También pidió intervenir como “amicus curiae” (amigo del tribunal) ante el Superior Tribunal de Justicia.
Se trata de la abogada Analía Marsella, especialista en Derecho Internacional y Comparado, Derechos Fundamentales, Democracia y Desarrollo Sostenible, quien aseguró que los documentos contaron con el asesoramiento de diversos expertos y cientos de firmas de adhesión (muchas de las cuales de quienes integran el colectivo Padres Organizados, que forman parte de una red federal que insiste en la necesidad de garantizar la presencialidad escolar).
“La ley tiene por objeto declarar oficialmente la Emergencia Educativa en Río Negro, adoptar medidas reparatorias y preventivas urgentes y garantizar la especial protección de grupos vulnerables de personas”, menciona en la nota enviada a la Legislatura provincial.
Advierte que “la supresión de las clases presenciales no contribuye a solucionar ni a mitigar significativamente los problemas sanitarios creados por la pandemia del Covid-19”.
Y define a “la prohibición general de actividades educativas presenciales” en Bariloche, Dina Huapi y otras localidades de Río Negro como inconstitucional y arbitraria “por no cumplir con los requisitos de legalidad, razonabilidad, y proporcionalidad, por no contemplar una perspectiva de género y por violar el principio rector de interés superior del niño”.
Aseguró que, hasta ahora, la suspensión de clases presenciales “agravó la situación de vulnerabilidad general de niños y adolescentes, contribuyó a la suba abrupta en los índices de deserción y marginalidad escolar, incrementó el analfabetismo, en particular en zonas rurales, generó mayores oportunidades para el acoso virtual, delitos sexuales cibernéticos y otros crímenes que tienen a las niñas por víctimas principales”, entre tantos otros efectos.
El documento insta a la Legislatura “a asumir una mayor intervención en el dictado de leyes generales que atiendan a las necesidades de la población y en el pleno ejercicio del contralor del Poder Ejecutivo para que no incurra en abusos de delegaciones extraordinarias y disponga la adopción de medidas más idóneas para alcanzar la finalidad planteada de disminución de contagios de Covid-19”.
Recalca que la Constitución de Río Negro reconoce que “la cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y que el Poder Ejecutivo rionegrino tiene “limitada facultad para dictar decretos sobre materias de competencia legislativa en casos de necesidad y urgencia, o de amenaza grave e inminente”. Por otro lado, recalca que la ley de Declaración de la Emergencia Sanitaria en Río Negro en relación con el coronavirus, está vencida desde el 13 de marzo de este año.
Cuestiona que, hasta el momento, “la educación no fue prioridad para el Estado Provincial” y que la escolaridad domiciliaria debe ser regulada y profesionalizada
“No surgió ningún dato científico, informe técnico, análisis sanitario o epidemiológico que indique que se ha evitado un sólo contagio de Covid-19 a través del cierre de escuelas y la prohibición a los niños de concurrir a establecimientos educativos en todos los niveles, que venían operando con protocolo sanitario desde marzo 2021”, señaló Marsella en el documento que propone, entre otros puntos, “un objetivo mínimo de 180 días de clases presenciales”.
“Que nunca más se cierre arbitrariamente una escuela. Que nunca más se cierre una residencia escolar en zonas rurales. Que nunca más se cierre de manera ilícita un centro educativo de cualquier clase (sea deportivo, cultural, artístico, religioso, o se trate de una biblioteca). La educación es esencial”, se plantea también en la iniciativa lanzada en la plataforma Change.org para reunir firmas.
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