Imputación a Rubén López: propiedades, autos de lujo y «lavado» de dinero

Más de 25 propiedades adquiridas sin justificación, vehículos de alta gama, tres empresas, copioso movimiento de dinero, testaferros y elevado nivel de vida que no se condice con ingresos declarados.

Todo eso se les adjudica al extitular del Sindicato de la Fruta y exlegislador Rubén López, a su exesposa y dos hijos, al tesorero de la Obra Social del gremio Juan Domingo Lescano, a su pareja, un hijo y un socio contador.
López, Lescano y su círculo íntimo fueron imputados como coautores del delito de lavado de dinero por la Justicia Federal.

Una base de las pesquisas fue la exhaustiva investigación de “Río Negro”, “Los barones de la fruta”, publicada en agosto de 2015. El trabajo periodístico impulsó una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a partir de la cual actuó el fiscal federal de General Roca, Alejandro Moldes.

Ante firmes indicios de lavado de millonarios fondos provenientes del propio sindicato, Moldes pidió las indagatorias de Héctor Rubén López, Juan Domingo Lescano, Silvia Viviana Weisser, Alejandro Denis Lescano, Gustavo Daniel Buceta, Karina Anahí Neyroud, Karol Daiana López y Ángel Gabriel López. Se los acusa de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del sindicato y la obra social, así como el uso de estructuras societarias y prestanombres “para ocultar réditos económicos ilícitamente obtenidos”.

Además de las revelaciones que difundió este diario, la investigación de Moldes tomó en cuenta una denuncia clave por malversación al gremio frutícola que formularon Luis Vega y Julio Aliaga, que tramita la Unidad Fiscal Temática Nº 2 de Cipolletti.

El Ministerio Público luego requirió informes a la AFIP, a cuatro bancos, compañías de seguros, registros de Propiedad Inmueble, del Automotor, dependencias de Catastro y otros organismos. También produjo allanamientos.
Así, el fiscal federal llegó a las imputaciones.

El trabajo de la Fiscalía Federal pudo cosechar prueba y acreditar que:
• Rubén López y Juan Domingo Lescano administraban un elevado flujo de dinero del sindicato y la obra social de la Fruta, vía trece cuentas corrientes y tres cajas de ahorro. En algunas de esas cuentas había llamativos depósitos y “múltiples e inexplicables” extracciones de dinero efectivo “de origen y destino desconocidos”. Advirtió que López exteriorizaba un “alto poder adquisitivo” que contrastaba con los bajos ingresos y nula actividad comercial que declaraba.

• Terceras personas (testaferros) actuaban en nombre de López “para ocultar su incremento patrimonial”. Menciona concretamente a su exesposa Silvia Weisser y sus hijos Ángel y Karol.

• Algo similar ocurría con Lescano. Concluye que usó terceras personas “para la creación de sociedades comerciales y adquisición de bienes, generando así un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos”. En ese sentido menciona a su pareja Karina Neyroud, su hijo Denis y un socio: Gustavo Buceta.

• Lo que más impresiona del dictamen del fiscal es la descripción de propiedades que se le atribuye haber adquirido a la exesposa de López, Viviana Weisser.

Son costosas construcciones, decenas de lotes y parcelas de chacras, la mayoría localizadas en Fernández Oro, pero también en Allen, Neuquén, Cipolletti y Mari Menuco. Se trata de 14 propiedades compradas por la investigada, y otras diez parcelas (de 2.183 metros cuadrados en total) en Fernández Oro adquiridas a través de una sociedad formada por Weisser junto con su hija Karol López, denominada Ohana SA. De la primera tanda sobresalen dos inmuebles voluminosos: la vivienda particular de Weisser, en una esquina de Allen y el establecimiento de eventos La Ponderosa, en Fernández Oro sobre Ruta 22. Documentos de la AFIP determinaron también que Weisser le alquiló a Rubén López una casa, así como departamentos a un hombre y una mujer del riñón de López (socios en actividades vinculadas a la salud).

• La fiscalía sospecha que López y su exesposa tenían la posesión y usufructo de La Ponderosa, con la administración de “interpósitas personas”, entre ellas Beatriz López (hermana del gremialista) y su esposo Eduardo Collinao. De hecho había que contactarse con una florería de este último para contratar el alquiler del salón de eventos, lo cual debía hacerse con por lo menos medio año de anticipación, considerando la exitosa demanda de turnos.

• Los diez últimos lotes mencionados fueron adquiridos en subasta por Weisser a la Municipalidad de Fernández Oro (gestión Reggioni) e inmediatamente donados a la empresa Ohana “a los fines de iniciar antes de lo previsto el desarrollo de su actividad empresarial”, según consta en un informe notarial.

• Otra sociedad de Weisser y Karol López es Kav Servicios SRL, formada para “exportación directa por sí o por terceros de establecimientos frutícolas, rurales, agrícolas y apícolas”, así como “compra, venta, comercialización y exportación de materias primas derivadas de la explotación de bosques”. Esa sociedad tuvo acreditaciones bancarias que llamaron la atención: $ 1.932.295 pesos en el 2015 y 1.832.529 en 2016 que contrastaban con las bajas ventas netas declaradas ese año (772.901 pesos), lo cual determinaba una diferencia no declarada de más de $ 900.000.

• Los autos lujosos se dejaban ver en el entorno de López. Por ejemplo, un BMW X6, registrado a nombre de la Obra Social, tenía al sindicalista, a su hijo Ángel y a Daniel Aliaga como autorizados a conducirlo. Además Ángel, a los 18 años y con su solo sueldo de empleado de la obra social de la Fruta, ya tenía un Chevrolet Cruze cero kilómetro. Y cuatro años después se hizo de una Toyota Hilux también cero. Su hermana Karol –sin empleo registrado y poseedora de un beneficio del Sistema Único de Asignaciones Familiares– compró un Volkswagen Fox 2011 0 km. Y la madre de ambos adquirió y registró a su nombre ocho vehículos.

Veamos ahora la vertiente Lescano de toda esta maniobra. El hombre declaró no poseer cuentas bancarias ni acreditaciones y un sueldo en el gremio. Pero sí hizo compras mayores: en el 2013 contrató un seguro para un Audi A4 TFSI Avant que no está a su nombre y compró una propiedad en la localidad formoseña de Clorinda que luego enajenó en favor de un tercero.
“Río Negro” dijo en el 2015 de este tesorero de la obra social de la Fruta: “Es un ‘empresario’ que pone la piel de gallina a dueños del empaque jaqueados económicamente, a quienes fuerza a hacer negocios con fruta para su beneficio desde una sociedad que formó sin exponerse como integrante”.

Esa sociedad se llama JLK SRL. La Justicia menciona como probables testaferros a la pareja y un hijo de Lescano (Karina Neyroud y Denis) y al contador Gustavo Buceta, los tres socios de la firma que permitió “generar un incremento patrimonial injustificado” en relación a sus ingresos. Neyroud era empleada de una fallida empresa privada y afiliada a la obra social del gremio frutícola. Denis Lescano fue empleado del ISSN.

JLK fue creada para realizar actividades agropecuarias e industriales vinculadas a la industria frutícola. Sin embargo, en 2014 la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), al advertir que el ingreso mensual de fondos de la firma no tenía justificación económico/impositiva fehaciente. En septiembre de ese año había ventas declaradas por $ 8.267.800 sin documentación respaldatoria de la operación comercial. Simultáneamente se veía que el socio gerente Buceta “poseía una importante cantidad de cheques rechazados” y llamativos depósitos en efectivo en la cuenta de JLK en carácter de “recaudación”. Por si fuera poco, la AFIP denunció a la firma por evasión impositiva.

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Documentación analizada por el fiscal determinó que JLK “era una empresa creada para vender frutas a Moño Azul” (tradicional firma que el año pasado fue vendida al grupo Prima) y luego producía, “alquilando chacras a Gordon Mc Donald e Hijos y una planta de empaque a la empresa San Javier (…), alquileres que no fueron pagados a su vencimiento”. Puso en evidencia, asimismo, que una de las principales proveedoras de fruta de JLK es GDB Consultora, que también tenía a Buceta como socio. “Se comprobó –agrega la Fiscalía– que JLK y GDB registraron compras simuladas a los mismos proveedores considerados apócrifos”.

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Se observó “la existencia de operaciones inexistentes de compras a JLK mediante el uso de facturas duplicadas por altos montos”. Las compras simuladas fueron calculadas por la Justicia en 19.444.114 pesos.
Buceta primero fue contador de JLK. Luego obtuvo las acciones de Denis Lescano. Figuró junto con Juan Domingo Lescano como apoderado y garante de la emisión de pagarés de JLK.

La Fiscalía Federal, al mando de Moldes, concluye que las pruebas demuestran “actividades y movimientos patrimoniales infundados, que permiten inferir su intervención en las operaciones de lavado de activo” y la intervención de “testaferros o interpósitas personas, que ocultaron el origen de los bienes obtenidos de manera ilícita”.
En ese contexto menciona los “múltiples inmuebles registrados a nombre de Weisser y las sociedades que cumplían la función de enmascarar la titularidad dominial de los inmuebles adquiridos”.
En definitiva, para el fiscal está demostrada “la existencia de un flujo de dinero cuantioso que habría sido adquirido ilícitamente por Héctor Rubén López y Juan Domingo Lescano, proveniente del Sindicato de la Fruta (SOEFRNyN) y de la Obra Social (OSEFRNyN)”.

Añade: “La importante cantidad de fondos, cuya adquisición no se ha podido justificar, tenía un origen espurio y ha sido ‘blanqueada’ o ‘lavada’ por los imputados, mediante la adquisición de vehículos, inmuebles, locales comerciales, creación de empresas, depósitos bancarios, transferencias y otras actividades afines”.