Barones de la Fruta: Lescano tampoco declaró en la indagatoria por lavado
El sindicalista llegó más tarde de lo previsto a la instancia e hizo pocas declaraciones a la prensa. Señaló que se mantiene en la dirigencia del gremio, hasta que haya otro proceso eleccionario.
“No tengo nada que decir, me sometí a derecho”, expresó hoy a “Río Negro” Juan Domingo Lescano ex número 2 del gremio de la fruta acusado por presunto lavado de dinero. Ayer Rubén López, exsecretario del sindicato, también se negó a declarar ante el juez federal Hugo Greca.
En la jornada de hoy fue el turno de Lescano, junto a su hijo Alejandro y su pareja Anahí Neyroud. La cita era a las 9, pero el hombre llegó pasadas a las 11. Tras estar unos minutos ante al magistrado, se negó a declarar por consejo de su abogado Gustavo Nedic.
Antes de que saliera del Juzgado Federal, “Río Negro” le consultó sobre la imputación que afronta por lavado de dinero. “No tengo nada que decir. Me sometí a derecho y voy a responder cuando la Justicia me lo pregunte”, expresó sin detener su caminata hacia la salida de los tribunales de Roca.
El sindicalista tampoco quiso emitir opinión sobre la investigación que realizó este medio “Los barones de la fruta”, publicada en agosto de 2015, y a partir de la cual actuó el fiscal federal, Alejandro Moldes. Por su parte, señaló que sigue participando en el gremio con el mismo cargo que tenía “hasta que me ganen las elecciones”.
Su hijo Alejandro y su pareja Anahí Neyroud también se negaron a declarar. Nedic, representante de Lescano, señaló que el caso tiene mucha documentación. “Nos va a llevar un par de días hacernos de la prueba, conocer bien en profundidad y a partir de ahí vamos a sugerir la declaración de él y la defensa material”, explicó.
El letrado informó que en unos 15 días “estaríamos en condiciones de dar testimonio”. Además, mencionó que “cualquier imputado puede declarar las veces que quiera y en el momento que lo que desee”. En cuanto a la expectativa de pena por los delitos que afronta Lescano, detalló que la escala punitiva va de tres a diez años de prisión.
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