Bariloche: critican contratación directa por casi 16 millones
En la oposición y el gremio municipal objetan el contrato que intendente Gennuso firmó con Becha SA,para hacer un plan de señalización vial en la ciudad. El Tribunal de Contralor lo revisará.
Un proyecto de ordenanza busca un lugar para los productos locales en las góndolas de granes comercios. Archivo
La contratación directa que cerró el municipio con la empresa Becha SA por casi 19 millones de pesos para ejecutar un vasto plan de señalización vial ya encontró los primeros cuestionamientos entre los concejales de oposición y será revisada a fondo por el Tribunal de Contralor.
El intendente Gustavo Gennuso estuvo dispensado durante un año de efectuar licitaciones y concursos de precios, según lo establecido por la ordenanza de emergencia económica, social y administrativa. Ese estado de excepción, vinculado con la crisis del coronavirus, venció el pasado 5 de marzo y fue renovado en la sesión del último jueves, con el voto en contra del Frente de Todos.
Recién volverá a regir recién cuando la nueva ordenanza esté promulgada, es decir que quedó, al menos, una ventana de tres semanas en las que el Ejecutivo no tuvo cobertura para contrataciones directas por montos que hubieran requerido al menos un concurso de precios. No obstante, Gennuso tomó el recaudo de no invocar la emergencia en la resolución que formalizó la contratación de Becha SA, firmada el pasado 12 de marzo.
La concejal Julieta Wallace (FdT) dijo que el gobierno fundó la contratación directa en razones de urgencia, que están previstas entre las atribuciones del intendente y reguladas por la ordenanza 257, aunque con varios condicionamientos, como la existencia de un dictamen previo de la asesoría letrada y la posterior remisión en un plazo 72 horas al Tribunal de Contralor para su validación definitiva.
Funcionarios del Ejecutivo dijeron que las tareas de señalización horizontal en avenidas y calles troncales son indispensables y que no se pueden realizar con el equipamiento del municipio. Alegaron también que la empresa contratada se encuentra en la zona con todas las máquinas necesarias por unos días más, porque realiza una obra para la provincia en Mallín Ahogado y hay razones de “oportunidad mérito y conveniencia” para encargarle ya los trabajos. Wallace opinó que “no está justificada la urgencia”.
Señaló que en la misma resolución consta que ya el 5 de enero el Observatorio de Seguridad Vial había solicitado las obras de demarcación en las calles y el 7 de enero la dirección de Tránsito y Transporte informó sobre la imposibilidad de ejecutarlas con equipamiento propio.
“De modo que pasaron más de dos meses y había tiempo suficiente para efectuar la licitación o el concurso”, expuso la concejal. Criticó al gobierno poque “usó la herramienta de excepción como generalidad”.
Wallace llevó sus objeciones sobre la contratación a la última comisión Legislativa y ayer le dijo a este diario que “habrá que estudiar muy bien el dictamen de letrada y esperar después a ver qué dice el Contralor”. También el secretario general del Soyem, Ernesto Losert, expuso sus reservas sobre la contratación de Becha SA y se declaró sorprendido por lo abultado del monto.
“La emergencia no corre para esto y es ilegal”, dijo en declaraciones radiales. El presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Casaux, confirmó que recibieron el expediente esta semana, tal como indica la norma para el caso de las contrataciones directas, y que pidieron opinión fundada a sus propias asesoría legal y contable antes de tratarlo en el cuerpo.
Dijo sin embargo, como opinión general, que el gobierno municipal “nunca se ha manejado de forma tan discrecional” y cuestionó otras compras directas como “la de computadoras por 30 millones, que se enmarcó en la ordenanza de emergencia, y las de alimentos realizadas al comienzo de la pandemia, con evidencias de sobreprecio, que están bajo investigación judicial”.
Comentarios