La Justicia pone la mira en irregularidades en la planta modular

La Justicia pone la mira en irregularidades en la planta modular

El fiscal Guillermo Lista avanza con la investigación para determinar si hubo irregularidades en la construcción de la planta compacta modular de líquidos cloacales, que se proyectó para atender la demanda de unas 10.000 personas de Bariloche.

La obra se inauguró en noviembre de 2015 y costó alrededor de 21 millones de pesos. Pero el legislador del FpV Alejandro Ramos Mejía denunciaron que la planta no funciona correctamente y que se hizo con materiales más baratos de los que indicaba el contrato.

Una causa similar se tramita en el ámbito de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Fuentes con acceso a la causa informaron que Lista requirió el lunes al superintendente del DPA, ingeniero Fernando Curetti, que remita a la fiscalía “copia de la documentación que obre en su poder vinculada a la construcción, administración y concesión de la planta depuradora de líquidos cloacales ubicada en Bariloche, conocida como planta compacta”.

Lista había solicitado días atrás al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri, que informe a la fiscalía si la obra de construcción de la planta compacta, inaugurada el 20 de noviembre de 2015, “cuenta con recepción definitiva y las pólizas de caución han sido devueltas a la empresa ejecutora”. También, requirió al ministro que informe “quién es el responsable de la operación de la planta y bajo qué condiciones”.

Garro y Ramos Mejía denunciaron en agosto pasado en la fiscalía a cargo de Lista que se investigue la posible comisión de diversos delitos cometido en perjuicio de la administración pública provincial a raíz de las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra.

En la denuncia consignaron que el presupuesto inicial de la obra era de 14.555.189 pesos, pero “terminó costando al erario público la friolera de 21.000.000” de pesos.

Señalaron “el jugoso aumento en las certificaciones de obra que obtuvo Ecopreneur SA”, que ejecutó la planta. Indicaron que la obra fue contratada en octubre de 2013 y tenía un plazo de 9 meses de ejecución, pero demoraron 25 meses.

Advirtieron en la denuncia que los materiales utilizados “eran de inferior calidad que los necesarios y encomendados para la ejecución de una obra de dichas características”. Denunciaron que usaron hormigón H13 para hacer la planta “cuando se contrató hormigón H30”. Y enfatizaron que así lo corroboró el informe del ingeniero Germán Kugler del DPA, que adjuntaron en la denuncia.

“La obra se culminó con hormigón de inferior calidad al contratado con un formidable ahorro para el contratista”, observaron. Dijeron que además usaron una cantidad menor de hierro estructural. Aseguraron que el gobernador Alberto Weretilneck ignoró esos informes.

“Hoy podemos observar una planta que contiene líquido cloacal, pero prácticamente no lo trata: quiere decir ello, que no tiene la utilidad para lo que fue construida”.